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Adrián Todolí

Profesor investigador de Derecho del Trabajo en la
Universitat de València. Doctor en Derecho. Licenciado en Economía
y Derecho. Sus principales aéreas de investigación son la economía colaborativa, el salario y  la productividad de los trabajadores y el empleo juvenil.  Ha sido
investigador visitante la Universidad de California Berkeley, en la
Universidad de Cambridge y en el Max Planck de Derecho Social.
Pueden consultarse algunas de sus publicaciones en
https://adriantodoli.wordpress.com/
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La protección para los que denuncian ilegalidades viene de Europa

España ha sido incapaz, con todo lo que ha llovido en materia de corrupción, de crear una normativa que proteja a los denunciantes. A pesar de la presión internacional para que nuestro país recogiera una normativa específica que ampare a trabajadores y funcionarios que denuncian ilegalidades de su empresa, finalmente, ha tenido que ser Europa la que, a través de una directiva, recogiera esta protección.

Conocidos son los casos en los que funcionarios que destaparon importantes casos de corrupción han acabado sufriendo acoso laboral, marginados en sótanos del Ayuntamiento o directamente despedidos. Una situación que obviamente no incentiva a que otros compañeros, sabedores de las represalias, denuncien las ilegalidades que conocen.

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Aprendre de la crisi, apostar per la qualitat

El creixement econòmic del nostre país, en els últims anys, deixa molt a desitjar. Malgrat el 3,2% de creixement anual en el tercer trimestre del 2016, segons les dades de la CNTR (comptabilitat nacional trimestral), la qualitat de l’ocupació creada és qüestionable i resulta inevitable plantejar-se la direcció envers la qual es dirigeix el nostre mercat laboral. La recuperació econòmica conserva els perniciosos patrons implantats en èpoques de precrisi i, davant d’aquest panorama desolador, cal preguntar-se per què no hem aprés de la crisi.

El 2016 acaba amb 18,3 milions de contractes temporals, la xifra més elevada de la sèrie històrica. La temporalitat ha experimentat una tendència a l’alça durant els últims quatre anys; el 2015 va augmentar un 8% i el 2016 un 7%. A més, el 93% dels contractes signats durant el mes de desembre de l’any passat van ser temporals, per això el creixement econòmic està comportant una alta temporalitat.

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Aprender de la crisis, apostar por la calidad

El crecimiento económico de nuestro país, en los últimos años, deja mucho que desear. A pesar del 3,2% de crecimiento anual en el tercer trimestre del 2016, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral,  la calidad del empleo creado es cuestionable y resulta inevitable plantearse la dirección hacia la que se dirige nuestro mercado laboral. La recuperación económica está conservando los perniciosos patrones implantados en épocas pre-crisis y ante este panorama desolador, es necesario preguntarse por qué no hemos aprendido de la crisis.

El 2016 termina con 18,3 millones de contratos temporales, la cifra más elevada de la serie histórica. La temporalidad ha experimentado una tendencia al alza durante los últimos cuatro años, aumentando un 8% en 2015 y un 7% durante el 2016. Además, el 93% de los contratos firmados durante el mes de diciembre del pasado año fueron temporales, por lo que el crecimiento económico se está traduciendo en una alta temporalidad.

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Ultraactividad y convenios: la sentencia del Supremo

Antes de la reforma laboral del 2012 el convenio colectivo no se derogaba hasta que había un nuevo convenio que supliera al anterior (la llamada ultraactividad). Sin embargo, actualmente, pasado un año desde la finalización de la vigencia del convenio, éste queda derogado. Pues bien, en enero de 2015 el Tribunal Supremo dictaba una sentencia respecto de un caso en que el día en que perdía vigencia el convenio colectivo según la nueva normativa laboral la empresa disminuyó el salario de todos los trabajadores al mínimo legal (SMI). La Sentencia del TS sobre la ultraactividad se enfrentaba a dos posibilidades; bien una interpretación literal de la reforma que llevaría a aplicar a los trabajadores el SMI conforme la empresa desea; o bien una interpretación “continuista” que mantendría las condiciones que los trabajadores venían disfrutando. Ante esta disyuntiva, el Tribunal mayoritariamente se decanta por la segunda (8 votos a 6).

Con esta decisión el objetivo de la Sentencia es claro: impedir que los trabajadores se queden sin protección. La propia Sentencia justifica su decisión porque las consecuencias derivadas de aplicar solamente las condiciones mínimas reguladas por el Estatuto de los Trabajadores serían indeseables: el trabajador pasaría a percibir el SMI, podría ser obligado a realizar cualquier actividad aunque no fueran sus funciones habituales, la jornada sería la máxima legal, incluso el empresario se quedaría sin la posibilidad de sancionar disciplinariamente a sus trabajadores salvo que existiera causa suficiente para el despido. 

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