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Andrés Ortega

Andrés Ortega Klein (Madrid, 1954) es escritor, analista y periodista. Ha sido en dos ocasiones (1994-1996 y 2008-2011) Director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ha tenido una larga carrera en periodismo como corresponsal en Londres y Bruselas y columnista y editorialista de El País. Es Licenciado en Ciencias Políticas por la UCM y Máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Ha publicado varios libros, entre ellos, La razón de Europa (2004),  La fuerza de los pocos ( 2007 ) y (en colab.) El fallo de un país (2012). También una novela, Sin alma (2012). Su último libro es Recomponer la democracia (RBA), escrito en colaboración con Agenda Pública. Es miembro del Consejo del European Council on Foreign Affairs, Senior Research Fellow del Real Instituto Elcano, presidente de Herederos de José Ortega y Gasset, y director del Observatorio de las Ideas.

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Las bases de la desconfianza

La desconfianza entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) es profunda y dificulta la formación de un Gobierno de coalición o de gobernación, o incluso de una mayoría para la investidura de Pedro Sánchez. Hunde sus raíces en los años 30, de una forma que creíamos enterrada en la historia. Pero muchas otras cosas, como la cuestión catalana, han resurgido cuando parecía que se habían superado con la Transición y estas décadas de democracia. Será difícil, aunque no imposible, sin o con nuevas elecciones.

Hay una cuestión personal: la desconfianza que suscita en una parte del PSOE, y especialmente en Pedro Sánchez, la personalidad de Pablo Iglesias y su grupo dirigente de UP. Este tipo de cuestiones pesan en política. En este caso, hay dinámicas estratégicas. Para empezar, la falta de acuerdo en 2016.

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Por una garantía laboral universal

El mundo del trabajo está cambiando rápidamente de una forma global, llevado, entre otras fuerzas, por la revolución tecnológica, muy especialmente la inteligencia artificial, por las plataformas que se basan en ella, y por el propio proceso de una globalización que está mutando con el trabajo a distancia, que ha producido un fenómeno que Richard Baldwin ha calificado de "globótica".

Con estos cambios han surgido nuevas posibilidades, mucho más flexibles, como la "economía gig", que es mucho más que la cuestión de los autónomos. En ocasiones, para personas que prefieren trabajar para varias empresas y ganar buen dinero con una multiplicidad de minijobs bien remunerados; en otras, con nuevas formas laborales de las plataformas contra las que, en algunos casos en España, están luchando algunos jueces y la propia Seguridad Social.

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Cuatro revoluciones

Hay cuatro revoluciones en marcha, estrechamente ligadas entre sí. Y casi todas, menos una, tienen costes importantes que habrá que asumir para gestionarlas, no digamos ya superarlas. De hecho, en parte esos costes ya se están pagando. Una es la revolución tecnológica. La segunda es el cambio geopolítico mundial sobre todo con el ascenso de China y las reticencias y resistencias que está provocando. La tercera es el cambio climático, y las medidas para frenarlo. Finalmente, está la revolución de la mujer y su lugar en la sociedad y en la economía.

La Cuarta Revolución Industrial está en marcha desde hace algún tiempo. De hecho, la crisis, más larga en este país, tapó en parte su entrada. Aporta muchos avances, pero también puede comportar costes en términos de empleo, trabajo (son dos cosas diferentes) y salarios o ingresos, con una polarización del mercado y un vaciamiento del centro y de las clases medias.

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PP: Centrarse y descentrarse

España necesita una derecha moderada, moderna, adaptada a los tiempos. El giro hacia el extremo del Partido Popular en competencia con Ciudadanos, aguijoneados por Vox, ha producido lo contrario y un desastre electoral para el PP. Sus dirigentes, y los que se han quedado al margen, se han percatado de ello, y han iniciado un cambio de discurso hacia el centro. Mas no basta con decir que se es de centro para serlo, sino que hay que plasmarlo en hechos políticos, incluido el tipo de coaliciones en las que entren tras las municipales y autonómicas de este próximo domingo. Por sus hechos, más que por sus palabras, serán juzgados.

Claro que el PP -si es que ha de sobrevivir- no sólo necesita centrarse sino también descentrarse. Su estrepitoso fracaso en las generales -y veremos si en las municipales- en Cataluña y el País Vasco, le debería llevar a repensar cómo enfocar no ya el Estado de las Autonomías, sino en concreto los casos catalán y vasco. No se puede gobernar España sin presencia significativa en esos dos territorios. El PP, para centrarse, deberá modificar su actitud ante los nacionalismos, incluso ante los independentismos, sin por ello ceder en algunos principios, y reconocer a España como una realidad plural, al menos de regiones y nacionalidades, como indica la Constitución que dice defender.

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Inteligencia (artificial) y programas (electorales)

En las elecciones de 2015, los programas (que se repitieron en 2016) de los partidos políticos en materia de lo que se empezaba a llamar Cuarta Revolución Industrial y la digitalización fueron pobres. Algo más ricos los del PP, desde el Gobierno, y del PSOE. Casi inexistente, salvo en lo referente a la brecha digital, en Podemos. El de Ciudadanos ni siquiera mencionaba el término "digital". En 2019, la situación ha cambiado de forma dramática. Incluso en alguno de los programas, como el del PP y el de Unidas Podemos, se ha colado el Blockchain (un sistema de transacciones seguras de todo tipo). Los sindicatos también están en esto, aún a sabiendas de que la revolución tecnológica no les favorece como organizaciones. Pero una cosa son los programas y otra la campaña electoral, y en esta casi no se habla de esta revolución tecnológica que tantas cosas está cambiando. Más que otras que figuran prominentemente en la campaña. Piénsese qué nos ha cambiado más la vida en los últimos 15 años en los que la crisis tapó en parte la entrada en esta revolución tecnológica.

No es solo que la política haya cambiado, sino que también la sociedad se ha digitalizado y conectado. España se ha convertido, a pesar de la crisis en la que algunas empresas siguieron haciendo inversiones importantes en este campo, en uno de los países más conectados del mundo, desde luego en fibra óptica en el hogar, y en penetración de los smartphones, según el reciente informe Sociedad Digital en España 2018, de la Fundación Telefónica. Un reto mayúsculo es ahora el de coger a tiempo el tren de la Inteligencia Artificial y del 5G.

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Pérdida de talento en la política

Desde hace unos lustros, se puede apreciar en nuestras democracias -en España pero también en otros entornos especialmente europeos, como demuestra la clase política británica ante el Brexit- una pérdida de talento político, pese al acceso a esta actividad de las generaciones mejor formadas. Una razón de esta pérdida podría ser el sistema de selección, más que de elección, de los políticos. La llegada a niveles más altos de representantes de las organizaciones de juventudes de distintos partidos ha producido que hayan ascendido personas que no han hecho otra cosa en la vida, que no han tenido carreras propias, sino que han sido apparatchiks en toda su carrera profesional. Pero eso ocurrió ya hace unos años. Hay tres o cuatro (si contamos la escisión de Íñigo Errejón de Podemos) partidos nacionales que no existían antes. Ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera, ni Pablo Iglesias, ni Santiago Abascal entrarían en esta trayectoria; sí Pablo Casado. Es decir, que esa puede ser una razón para una parte de las tropas, no tanto para los mandos.

Por otra parte, la división en el PSOE entre sanchistas y anti-sanchistas y la consiguiente depuración en las listas electorales, puede contribuir a descapitalizarlo, como también a Podemos con la separación entre iglesistas y errejonistas, o en el PP con el destierro del sector marianista/sorayista. Dicho esto, el enfrentamiento de Sánchez con las Juventudes Socialistas en su camino al poder le ha llevado, una vez en el Gobierno, a recapitalizar el PSOE con jóvenes profesionales de valía, de muy distinto origen, que nutren los puestos de asesores y otros.

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El voto como deber

Votar es un derecho en las democracias. No estoy a favor del voto obligatorio. Pero considero que el voto es un deber, íntimamente ligado al concepto de ciudadanía. La ética de la responsabilidad (Weber) no se ha de aplicar solo a los políticos, sino también a los ciudadanos. El voto cuenta. Y los que no votan, los que se abstienen, o peor aún, pasan, en un derecho/deber ciudadano que ha costado mucho esfuerzo conseguir, son también responsables del resultado. Muchos arrepentidos hay en EEUU que por no votar a Hillary Clinton prefirieron abstenerse para luego encontrarse con Trump en la Casa Blanca. Muchos arrepentidos hay que se abstuvieron y despejaron así el camino para la victoria del Brexit en el aciago referéndum británico de 2016.

Estamos ante unos procesos electorales en España cruciales, incluidas las elecciones al Parlamento Europeo de cuya importancia mucha gente no es consciente porque desconoce los verdaderos poderes y capacidad de influencia que tiene la Eurocámara (pero, por favor, señores de los partidos, presenten a candidatos de primera, no descartes). Y en todos estos procesos en abril y mayo -generales, municipales, autonómicas (en 13 CCAA) y europeas- hay mucho en juego. Hay modelos de futuro en juego. Votar siempre ha sido un deber. En esta ocasión aún más. Que haya resultados -los que sean- pero que no haya arrepentidos por no haberse acercado al colegio electoral, aunque sea para depositar un voto en blanco. Y que no se diga: probablemente desde las primeras elecciones de la democracia en 1977, el abanico de elección real nunca ha sido tan amplio como ahora. A todos los niveles. A pesar de que se presente como una confrontación en bloques.

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La empresa, más allá del beneficio

Desde que Milton Friedman sentenciara en 1970 que la única misión de la empresa es, dentro de la ley y la regulación (cuanto menos mejor), el beneficio, la filosofía empresarial predominante se había olvidado de que hay otros propósitos no incompatibles con este, incluso dependientes de este, que van mucho más de eso que en tiempos más recientes se vino en llamar la Responsabilidad Social Corporativa (la RSC). Están surgiendo voces muy autorizadas reclamando un giro. Una ha sido Colin Mayer, de la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford, con su influyente libro Prosperity, que ha recibido un apoyo abierto desde las páginas de ese templo del capitalismo que es el Financial Times. Sin empresas ("una de las más notables innovaciones humanas", según Martin Wolf), este actual mundo no funcionaria. La filosofía empresarial predominante ha de rectificar ese rumbo friedmaniano, por razones humanas, sociales, económicas e incluso empresariales y de supervivencia. Es una reflexión en marcha, pero sin garantías de resultados, tras la sacudida de la crisis que empezó en 2008 y sus devastadoras consecuencias sociales.

Para Friedman, que una empresa buscara otra cosa que el beneficio, era "socialismo puro y no adulterado", y es lo que ha definido el capitalismo, especialmente el anglosajón, desde entones y sobre todo desde las desregulaciones de los años 80 del siglo pasado. Pero la friedmanía ha llegado a su extremo, a su paroxismo, no con la búsqueda del beneficio, sino con su maximización a toda costa, en provecho de los accionistas (muchos son fondos de inversión, incluidos de pensiones), y de las pagas para los gestores y consejos de administración. En el camino, se olvidaron otros propósitos (purpose en inglés) o finalidades. La empresa ha de velar por el provecho de sus accionistas, sí, pero también por los que comparten su quehacer y sus intereses, los stakeholders, desde los empleados a los consumidores de sus productos o servicios, las sociedades, el país y el mundo:  los stakeholders frente a los shareholders (accionistas). La RSC está ya dando paso a una responsabilidad mucho más amplia: social, medioambiental, y de gobernanza. Se acerca más a un concepto tan específicamente japonés como el de sampo-yoshi que implica que la empresa debe satisfacer y beneficiar a tres, al menos: al productor y vendedor, al comprador y a la sociedad en su conjunto. 

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Sin cultura de la coalición central

Lo único que parece bastante claro para después de las próximas elecciones generales es que habrá un gobierno de coalición. Y no tenemos cultura de ello. Menos aún con la deriva presidencialista que en España y en muchos otros países europeos, han tomado los sistemas políticos.

La época de las mayorías absolutas o suficientes del bipartidismo ha quedado atrás en España en una situación de cuatro partidos, o ya incluso de cinco, a escala nacional. Tras unos años, está claro que los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos, esenciales en cualquier coalición, ya no están dispuestos a apoyar desde fuera o desde programas de gobierno, sino que quieren estar dentro, disponer de cargos. Vox aún no porque debe confirmar su crecimiento y sabe que su participación directa en el Gobierno de España causaría rechazos dentro y fuera del país.

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La cerilla de Vox

Según las encuestas, Vox tendría hoy entre 1,2% y 5% de la intención de voto, es decir que podría llegar a un millón de papeletas. En las anteriores elecciones en 2016 sólo consiguió 0,2%. Vox puede no sólo marcar una diferencia en escaños, no tanto propios -algunos- sino en los que pueden perder el PP e incluso Ciudadanos porque les quite votos esenciales para el reparto final con los restos en algunas circunscripciones. También puede influir, está influyendo, en el discurso del centro derecha. Pues Vox tiene una capacidad altamente contaminante, sobre todo en materia antiinmigración y de recentralización. Puede echar una cerilla sobre la gasolina.

Quizás los españoles no seamos tan diferentes como lo pensamos y también haya en nuestra sociedad una importante fibra xenófoba. Algunos estudios y encuestas demuestran que está ahí, con un nivel de 10-15%, cortando a través de todos los partidos desde los años 90, cuando empezó a llegar la ola inmigratoria. Una reciente encuesta (de 40dB) indica que un 28,6% de los españoles responsabiliza mucho o bastante a los inmigrantes de la crisis económica (aunque no los vea como una causa principal). Este porcentaje sube hasta el 43,6% en las clases más bajas, y baja a un 19,3% en las clases acomodadas.

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