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Andreu Missé

Socio y director de la revista Alternativas Económicas. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

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El derecho al hogar

Los siete meses del Gobierno de Pedro Sánchez han sido decisivos para la recuperación de derechos sociales tras el tremendo retroceso registrado durante los casi siete años de mandato del PP. Los principales avances se han concretado en una subida del salario mínimo del 22%, una revalorización de las pensiones, las recuperación de la sanidad universal, la reversión de los recortes educativos y la mejora de la protección de los autónomos, de la ley hipotecaria y de la ley de violencia de género.

En materia de vivienda ha sido significativo el desistimiento por el Gobierno socialista del recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El Tribunal Constitucional ya ha notificado a los Gobiernos español y catalán la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso.

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El Banco de España, en el ojo del huracán

A pesar de las barreras establecidas por los poderes económicos y las autoridades, cada día conocemos mejor las causas y consecuencias de la crisis financiera. En esta tarea de esclarecimiento de hechos que causaron enormes daños económicos y sociales se encuadra El libro negro (Editorial Espasa), último libro del periodista Ernesto Ekaizer.

Como significativamente apunta el subtítulo, Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, la investigación se centra en las responsabilidades de la cúpula del organismo supervisor en el desarrollo de la crisis por su rechazo a las advertencias y actuación de sus inspectores. Una crisis en la que, sin duda, tuvieron una responsabilidad primordial los directivos de las entidades financieras y determinados responsables de los Gobiernos central y autonómicos. Los responsables del Banco de España durante este periodo fueron Jaime Caruana, antes de la crisis, y posteriormente Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

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Más Estado

Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pero el éxito de esta mujer neoyorquina no deriva de su juventud, 29 años, sino de las ideas medioambientales y de justicia social que pregona. Ocasio- Cortez defiende aplicar un tipo fiscal máximo del 70% para las rentas más elevadas y recabar así fondos para luchar contra el cambio climático. La congresista latina ha recordado que en Estados Unidos ya se aplicaron tipos fiscales máximos del 91% en la década de 1950. Y ha precisado que actualmente Suecia aplica tipos del 70% a los asalariados que obtienen ingresos superiores a los 98.000 dólares anuales.

Al mismo tiempo, la veterana senadora demócrata Elisabeth Warren ha anunciado su precandidatura a las elecciones presidenciales. Warren se ha caracterizado por la defensa de la clase media y una crítica incisiva a la desregulación financiera de un Gobierno que considera cautivo de los ricos y los poderosos. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, comprometida defensora de los emigrantes en la América de Trump, revalidó la presidencia de la Cámara de Representantes con una victoria sin precedentes desde hace varias décadas.

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Viviendas fuera de mercado

Lo peor de la crisis financiera en España han sido los cientos de miles de familias que se han visto expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales y a lo largo de las numerosas comparecencias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el drama de los desahucios es solo la etapa final de una serie de circunstancias que caracterizan la grave situación en que se encuentra la vivienda en España. Hay varios aspectos que hay que abordar simultáneamente para remediar esta catástrofe social que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE, según Eurostat. La construcción de viviendas sociales prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De las más de 100.000 viviendas protegidas construidas anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

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Urge un salario mínimo decente

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales en 14 pagas, que propugna el Gobierno socialista de acuerdo con Unidos Podemos, es la decisión más necesaria que hay tomar en este país para revertir los daños causados por la crisis. Durante la última década la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos ha alcanzado el 30%, y en ocasiones hasta el 50%. Esta subida salarial es la propuesta más esperada por amplios colectivos, especialmente los jóvenes, que precisan una compensación urgente por los daños causados por la crisis. 

En este país, el 12,56% de los trabajadores (unos 1,8 millones de personas) cobraban el salario mínimo o menos en 2016, el último dato disponible, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las mujeres el porcentaje de empleadas que ingresan menos del SMI era el 17,8%.

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Presupuestos necesarios

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

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Europa aprieta a España por los desahucios

La declaración definitiva de la ilegalidad de los procedimientos hipotecarios que han afectado a cientos de miles de familias y ha causado más de medio millón de afectados está cada vez más cerca. El origen de estos procedimientos es la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de una sola cuota (ahora tres). Este privilegio del banco deja en una situación de absoluta indefensión al deudor que si no puede pagar tres cuotas mucho menos podrá saldar toda la deuda pendiente.

Los derechos de los consumidores en Europa están regulados por la directiva sobre cláusulas abusivas de 1993, materia sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado ya en 26 ocasiones a petición de jueces españoles al tener dudas sobre si la legislación estatal era compatible con la comunitaria. Las resoluciones del TJUE, que son de obligado cumplimiento, han forzado la modificación de la legislación española en numerosos casos.

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Triunfo histórico de la PAH

Cuando el derecho a una vivienda digna parecía un objetivo utópico y una causa perdida, una serie de acontecimientos han cambiado radicalmente el panorama. La formación de un nuevo Gobierno de izquierdas y las contundentes exigencias europeas han abierto un horizonte de esperanzas que podría remediar la secuela más dramática que ha dejado la crisis financiera que ha causado medio millón de desahucios.

La decisión más significativa de este cambio ha sido la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de emergencia habitacional y de la pobreza energética. Se trata de un texto elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que recoge las reivindicaciones planteadas inicialmente en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2011 para hacer frente a  los desahucios. Es difícil encontrar en nuestra historia reciente un ejemplo de compromiso social más heroico que el mostrado por los miles de integrantes anónimos de las plataformas de la PAH en defensa de las familias que fueron expulsadas de sus casas. 

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Por qué la banca debe pagar

El impuesto a la banca que provoca tanto furor a los banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista ni de Podemos. En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo tras el estallido de la Gran Recesión de 2008. 

Dos años después, el FMI elaboró un informe sobre las obligaciones de la banca para resarcir los daños que había causado. El documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto (Canadá) en junio de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría hacer una justa y sustancial contribución para pagar los costes de las intervenciones gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”. Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca para compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.

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Europa: aprender de los errores

Tras una exposición exhaustiva y rigurosa de las sucesivas crisis que asfixian la Unión Europa y sus efectos demoledores para los ciudadanos, los autores de La crisis de Europa (Alianza, 2018) dejan un pequeño margen para la esperanza al proyecto político más importante del último siglo. La condición para que se materialice esta confianza es, en su opinión, que las personas que deben crear el futuro europeo “aprendan de los fracasos del pasado, que reconozcan la medida en que las crisis que han asolado la UE son el resultado de los defectos de construcción”. 

Dirigida por el profesor Manuel Castells, la obra constituye un excelente material de trabajo para profundizar en la naturaleza de las diferentes crisis que afronta Europa, muchas de la cuales están vinculadas a los fallos de su construcción. Por este motivo resulta una obra especialmente necesaria para todas personas interesadas en la recuperación o reconstrucción del proyecto europeo. 

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