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Andreu Missé

Socio y director de la revista Alternativas Económicas. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

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La renuncia del magistrado Orduña

La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España. 

Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados. 

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La UE ante los nacionalismos

La desconfianza de los ciudadanos en la Unión Europea es el principal problema de la Unión. La causa de esta desafección popular deriva de que el proyecto europeo no ha logrado superar los nacionalismos de los Estados miembros a pesar de sus 60 años de funcionamiento. El objetivo consagrado en los tratados de conseguir “una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, no tan solo no se ha logrado, sino que las distancias entre países han aumentado durante los últimos 20 años, es decir, desde que se introdujo el euro como valor contable en 1999. 

Las diferencias sobre el nivel de riqueza entre países crecen. La distancia entre el producto interior bruto (PIB) por habitante más elevado y el más reducido en la zona euro (sin los países del Este) estaba en 2,5 en la década de 1980, mientras que actualmente es casi de 4, según la gestora de activos Candriam. El Centro de Política Europea, con sede en Alemania, ha proporcionado cifras más precisas detallando los perdedores y ganadores por países. El balance de los últimos 20 años es que los ciudadanos de todos los países perdieron, excepto los alemanes y holandeses, que ganaron 23.116 y 21.003 euros por habitante, respectivamente. Los grandes perdedores fueron los italianos y franceses, con 73.695 y 55.996 euros por habitante, en cada caso. España figura entre los perdedores pero en una cuantía menor, 5.031 euros por habitante. Sin embargo, según Eurostat, las pérdidas han sido especialmente notables a raíz de la crisis económica. Entre 2006 y 2017 el PIB per cápita de Italia pasó del 103,5% de la media europea al 96%. En  España, la caída durante el mismo periodo fue más intensa, desde el 104,1% al 92%.

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Salarios dignos para pensiones decentes

Las pensiones públicas constituyen el cemento de nuestro Estado de bienestar. Este año se dedicarán 153.864 millones de euros a ellas, lo que representa el 73% del gasto social.  Las pensiones públicas son el principal mecanismo de redistribución de la renta en España y sus beneficiarios se extienden mucho más allá de sus casi nueve millones de perceptores directos. Estas prestaciones son unos ingresos complementarios para familiares de muchos pensionistas.

El sistema público de pensiones es la principal seña de identidad de nuestro sistema social, que se consolidó a partir de las movilizaciones y pactos acordados desde la transición hasta alcanzar el 11,5% del PIB, casi el triple de 1978. 

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El derecho al hogar

Los siete meses del Gobierno de Pedro Sánchez han sido decisivos para la recuperación de derechos sociales tras el tremendo retroceso registrado durante los casi siete años de mandato del PP. Los principales avances se han concretado en una subida del salario mínimo del 22%, una revalorización de las pensiones, las recuperación de la sanidad universal, la reversión de los recortes educativos y la mejora de la protección de los autónomos, de la ley hipotecaria y de la ley de violencia de género.

En materia de vivienda ha sido significativo el desistimiento por el Gobierno socialista del recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El Tribunal Constitucional ya ha notificado a los Gobiernos español y catalán la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso.

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El Banco de España, en el ojo del huracán

A pesar de las barreras establecidas por los poderes económicos y las autoridades, cada día conocemos mejor las causas y consecuencias de la crisis financiera. En esta tarea de esclarecimiento de hechos que causaron enormes daños económicos y sociales se encuadra El libro negro (Editorial Espasa), último libro del periodista Ernesto Ekaizer.

Como significativamente apunta el subtítulo, Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, la investigación se centra en las responsabilidades de la cúpula del organismo supervisor en el desarrollo de la crisis por su rechazo a las advertencias y actuación de sus inspectores. Una crisis en la que, sin duda, tuvieron una responsabilidad primordial los directivos de las entidades financieras y determinados responsables de los Gobiernos central y autonómicos. Los responsables del Banco de España durante este periodo fueron Jaime Caruana, antes de la crisis, y posteriormente Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

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Más Estado

Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pero el éxito de esta mujer neoyorquina no deriva de su juventud, 29 años, sino de las ideas medioambientales y de justicia social que pregona. Ocasio- Cortez defiende aplicar un tipo fiscal máximo del 70% para las rentas más elevadas y recabar así fondos para luchar contra el cambio climático. La congresista latina ha recordado que en Estados Unidos ya se aplicaron tipos fiscales máximos del 91% en la década de 1950. Y ha precisado que actualmente Suecia aplica tipos del 70% a los asalariados que obtienen ingresos superiores a los 98.000 dólares anuales.

Al mismo tiempo, la veterana senadora demócrata Elisabeth Warren ha anunciado su precandidatura a las elecciones presidenciales. Warren se ha caracterizado por la defensa de la clase media y una crítica incisiva a la desregulación financiera de un Gobierno que considera cautivo de los ricos y los poderosos. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, comprometida defensora de los emigrantes en la América de Trump, revalidó la presidencia de la Cámara de Representantes con una victoria sin precedentes desde hace varias décadas.

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Viviendas fuera de mercado

Lo peor de la crisis financiera en España han sido los cientos de miles de familias que se han visto expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales y a lo largo de las numerosas comparecencias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el drama de los desahucios es solo la etapa final de una serie de circunstancias que caracterizan la grave situación en que se encuentra la vivienda en España. Hay varios aspectos que hay que abordar simultáneamente para remediar esta catástrofe social que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE, según Eurostat. La construcción de viviendas sociales prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De las más de 100.000 viviendas protegidas construidas anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

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Urge un salario mínimo decente

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales en 14 pagas, que propugna el Gobierno socialista de acuerdo con Unidos Podemos, es la decisión más necesaria que hay tomar en este país para revertir los daños causados por la crisis. Durante la última década la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos ha alcanzado el 30%, y en ocasiones hasta el 50%. Esta subida salarial es la propuesta más esperada por amplios colectivos, especialmente los jóvenes, que precisan una compensación urgente por los daños causados por la crisis. 

En este país, el 12,56% de los trabajadores (unos 1,8 millones de personas) cobraban el salario mínimo o menos en 2016, el último dato disponible, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las mujeres el porcentaje de empleadas que ingresan menos del SMI era el 17,8%.

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Presupuestos necesarios

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

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Europa aprieta a España por los desahucios

La declaración definitiva de la ilegalidad de los procedimientos hipotecarios que han afectado a cientos de miles de familias y ha causado más de medio millón de afectados está cada vez más cerca. El origen de estos procedimientos es la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de una sola cuota (ahora tres). Este privilegio del banco deja en una situación de absoluta indefensión al deudor que si no puede pagar tres cuotas mucho menos podrá saldar toda la deuda pendiente.

Los derechos de los consumidores en Europa están regulados por la directiva sobre cláusulas abusivas de 1993, materia sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado ya en 26 ocasiones a petición de jueces españoles al tener dudas sobre si la legislación estatal era compatible con la comunitaria. Las resoluciones del TJUE, que son de obligado cumplimiento, han forzado la modificación de la legislación española en numerosos casos.

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