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Andreu Missé

Socio y director de la revista Alternativas Económicas. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

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Presupuestos necesarios

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

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Europa aprieta a España por los desahucios

La declaración definitiva de la ilegalidad de los procedimientos hipotecarios que han afectado a cientos de miles de familias y ha causado más de medio millón de afectados está cada vez más cerca. El origen de estos procedimientos es la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de una sola cuota (ahora tres). Este privilegio del banco deja en una situación de absoluta indefensión al deudor que si no puede pagar tres cuotas mucho menos podrá saldar toda la deuda pendiente.

Los derechos de los consumidores en Europa están regulados por la directiva sobre cláusulas abusivas de 1993, materia sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado ya en 26 ocasiones a petición de jueces españoles al tener dudas sobre si la legislación estatal era compatible con la comunitaria. Las resoluciones del TJUE, que son de obligado cumplimiento, han forzado la modificación de la legislación española en numerosos casos.

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Triunfo histórico de la PAH

Cuando el derecho a una vivienda digna parecía un objetivo utópico y una causa perdida, una serie de acontecimientos han cambiado radicalmente el panorama. La formación de un nuevo Gobierno de izquierdas y las contundentes exigencias europeas han abierto un horizonte de esperanzas que podría remediar la secuela más dramática que ha dejado la crisis financiera que ha causado medio millón de desahucios.

La decisión más significativa de este cambio ha sido la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de emergencia habitacional y de la pobreza energética. Se trata de un texto elaborado por la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que recoge las reivindicaciones planteadas inicialmente en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2011 para hacer frente a  los desahucios. Es difícil encontrar en nuestra historia reciente un ejemplo de compromiso social más heroico que el mostrado por los miles de integrantes anónimos de las plataformas de la PAH en defensa de las familias que fueron expulsadas de sus casas. 

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Por qué la banca debe pagar

El impuesto a la banca que provoca tanto furor a los banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista ni de Podemos. En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo tras el estallido de la Gran Recesión de 2008. 

Dos años después, el FMI elaboró un informe sobre las obligaciones de la banca para resarcir los daños que había causado. El documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto (Canadá) en junio de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría hacer una justa y sustancial contribución para pagar los costes de las intervenciones gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”. Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca para compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.

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Europa: aprender de los errores

Tras una exposición exhaustiva y rigurosa de las sucesivas crisis que asfixian la Unión Europa y sus efectos demoledores para los ciudadanos, los autores de La crisis de Europa (Alianza, 2018) dejan un pequeño margen para la esperanza al proyecto político más importante del último siglo. La condición para que se materialice esta confianza es, en su opinión, que las personas que deben crear el futuro europeo “aprendan de los fracasos del pasado, que reconozcan la medida en que las crisis que han asolado la UE son el resultado de los defectos de construcción”. 

Dirigida por el profesor Manuel Castells, la obra constituye un excelente material de trabajo para profundizar en la naturaleza de las diferentes crisis que afronta Europa, muchas de la cuales están vinculadas a los fallos de su construcción. Por este motivo resulta una obra especialmente necesaria para todas personas interesadas en la recuperación o reconstrucción del proyecto europeo. 

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El difícil freno a los abusos bancarios

Cinco informes del Parlamento Europeo han puesto al descubierto la desprotección que siguen sufriendo los ciudadanos por la venta fraudulenta de productos bancarios como las participaciones preferentes y las cláusulas suelo. Entre las conclusiones de estos trabajos, que constituyen la investigación más rigurosa realizada sobre esta materia, destacan la inaplicación de sanciones por parte de las autoridades por las prácticas abusivas y la falta de compensación a los perjudicados. Los expertos proponen la necesidad de compensar a los clientes a los que se han colocado productos y se ha violado la  Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID, en inglés).

Los informes, impulsados por el Grupo de los Verdes, tienen como hilo conductor los diferentes aspectos de la venta fraudulenta de productos financieros. Los documentos fueron analizados el pasado 19 de junio en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Ernest Urtasun, eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds, recordó que los informes se habían encargado tras “la inmensa cantidad de peticiones de ciudadanos que individualmente fueron víctimas de ventas fraudulentas de productos financieros”. “Aquí”, precisó Urtasun, “hemos tenido de todo; créditos multidivisa, créditos de consumo, hipotecas con IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios) y muchísimas cuestiones relativas al mercado hipotecario”. En su opinión los trabajos “son una base excelente y tienen mucho contenido sobre las cuestiones de tipo legislativo que debemos abordar”. 

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Distensión política y tareas urgentes

Existe un amplio consenso en este país que celebra el clima de distensión política que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez. Es una sensación de alivio generalizado que comparten personas de ideas opuestas y de distintos territorios, especialmente en Catalunya.

Distensionar era la condición previa y necesaria para abordar los asuntos más candentes  y encontrar soluciones factibles. Pero la distensión por sí sola no resuelve los problemas. En este momento no se puede aspirar a solucionar todos los asuntos, pero sí  los más urgentes. Hay que dar prioridad a la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables. Son asuntos muy concretos que llevaban años aparcados y que afectan a la vida diaria de millones de personas que deben mejorarse sin dilación.

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Vuelve la usura

La crisis está sacando lo peor de las entidades financieras. La lista de malas prácticas y productos tóxicos es interminable hasta aburrir y mantiene los juzgados atiborrados. Hemos conocido las participaciones preferentes, las obligaciones subordinadas, las cláusulas suelo, los índices IRPH de las hipotecas, los gastos hipotecarios, los  swaps y las cláusulas abusivas que facilitan los desahucios. Hay millones de afectados y miles de millones de daños. Pero todavía no lo habíamos visto todo.

Los últimos abusos no tienen nada de ingeniería financiera, sino que nos llevan a 1908. Ese año se aprobó la Ley de Represión de la Usura, conocida también como ley Azcárate. Era una ley que anulaba “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado”.

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El inagotable espíritu de la rebeldía

El periodista, economista y escritor Joaquín Estefanía ha realizado la tarea más difícil: explicar las revoluciones y contrarrevoluciones de los últimos 50 años. Y, sobre todo, cómo las ha vivido y afrontado la generación que ahora se jubila y a la que el autor pertenece.

El libro 'Revoluciones' (Galaxia Gutenberg) cuenta la la historia que empezaron los jóvenes en 1968 en distintas partes del mundo, desde Berkeley hasta París, Berlín, Madrid y Barcelona, y todo lo que ha ocurrido después. En realidad, es un relato mucho más completo en que a un lado del ring están los años mágicos -1968, (Mayo), 1999, (movimiento antiglobalización y 2011 (los indignados)-, y en el otro los reactivos: 1979 y 1980 (Margaret Thatcher y Ronald Reagan), 2001 (los neoconservadores) y 2016 (Donald Trump).

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El PP se ríe de la UE en vivienda

La vivienda se ha convertido en el problema social más grave de una parte significativa de la sociedad española. Los jóvenes son ahora los más perjudicados. El modelo de la salida de la crisis para algunos se ha basado de nuevo en la especulación sobre la vivienda eliminando los derechos que protegían a los ciudadanos.

La nueva burbuja inmobiliaria es una realidad por mucho que se empeñen en negarlo las autoridades y los grupos financieros que operan en este mercado. Como cada burbuja, esta tiene unas características específicas distintas de las anteriores. Cómo si no se puede llamar al fenómeno que provoca un aumento del precio de los alquileres de los pisos remozados del mismo inmueble en más del 100% en un breve espacio de tiempo.

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