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Andreu Missé

Socio y director de la revista Alternativas Económicas. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

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Por una nueva cultura fiscal

El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal. No es suficiente crear nuevos impuestos o elevar algunos tipos fiscales. Hace falta una nueva cultura fiscal. El Gobierno deberá hacer mucha pedagogía. Los ciudadanos deben percibir las ventajas de pagar impuestos.

Vivimos en un país muy atrasado fiscalmente. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales representa casi la mitad del PIB en Francia (48,4%), y supera el 40% en Dinamarca (45,9%); Suecia (44,4%) y Finlandia (42,4%), frente al raquítico 35% en España.

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Finanzas contra la salud

La crisis económica ha puesto al descubierto la profundidad de los trastornos causados por un capitalismo sin control dominado por las finanzas. La recuperación, en términos de crecimiento económico, iniciada en España en 2014, no ha logrado corregir los daños causados en la salud de los ciudadanos más vulnerables.

Las empresas y las instituciones han retomado el pulso, pero las condiciones de vida de los ciudadanos más machacados por la crisis han quedado seriamente estigmatizadas y son de difícil reparación. Corregir los daños causados por los excesos de la financiarización de la economía en la salud de los ciudadanos es la gran asignatura pendiente. Relevantes estudios especializados en el ámbito académico empiezan a abordar esta cuestión.

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Los deberes de la banca

Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial. 

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Atender ya las urgencias de la ciudadanía

El aumento de las dificultades para formar un nuevo gobierno no hace más que alejar la solución de los problemas concretos que más angustian a los ciudadanos. Estas dificultades son mayores si se considera que no se trata solo de lograr los apoyos suficientes para investir a un nuevo presidente, sino de asegurar la aprobación de un nuevo presupuesto para poder gobernar. Este país no puede seguir funcionando con los Presupuestos del Estado de 2018.

Las conversaciones/negociaciones entre las fuerzas posibles están atascadas por las cuestiones estrictamente políticas, especialmente por el conflicto catalán, el más enconado y el de más difícil solución. Colocar en el núcleo de estas negociaciones los problemas urgentes que más inquietan a la población podría ser una fórmula pragmática de superar el peligroso punto muerto en que nos encontramos. El deterioro económico al que estamos asistiendo no hace más que intensificar la urgencia en alcanzar soluciones.

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Democratizar la economía

El debate que se está registrando en Estados Unidos y Reino Unido impulsado por los demócratas y laboristas, respectivamente, sobre la insostenibilidad del capitalismo ha adquirido cada vez más relevancia. Varios de los senadores demócratas que aspiran a la presidencia de EEUU propugnan la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en el capital de las compañías y una profunda reforma fiscal intensamente progresista.

Estos planteamientos han provocado importantes respuestas como la de la Roundtable Business, influyente asociación que agrupa a los máximos directivos de las principales corporaciones estadounidenses (Apple, Amazon, AT&T, IBM, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America, entre otras). Estos ejecutivos propugnan ahora sustituir el principio que prioriza la obtención de beneficios como único objetivo que han estado defendiendo durante las últimas décadas. Consideran necesario ampliar los objetivos e incluir a los clientes, trabajadores, proveedores, la protección del medio ambiente y el apoyo a la comunidad en que se desenvuelven. Entre los nuevos objetivos figuran "compensar justamente a los trabajadores", "tratar justa y éticamente a los proveedores" y "proteger el medio ambiente acogiendo prácticas sostenibles".

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El Supremo se olvida del consumidor

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de septiembre sobre las ejecuciones hipotecarias y desahucios es, contra todas las apariencias, menos beneficiosa para los consumidores que las soluciones que habían adoptado unos meses antes seis Audiencias Provinciales y varios juzgados de primera Instancia interpretando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 26 de marzo de 2019. Estos magistrados y jueces, que habían aplicado diligentemente la doctrina europea, archivaron y sobreseyeron los procedimientos de ejecución hipotecaria especial de los préstamos impagados por la crisis y mantenían estos asuntos paralizados pendientes de la sentencia del TJUE.

Con base a la sentencia europea, los jueces obligaron a los bancos a acudir al procedimiento ordinario si querían recuperar el préstamo. El procedimiento ordinario tiene una clara ventaja para los afectados porque disponen de más tiempo que el fulminante procedimiento de ejecución especial y les permitía invocar otras cláusulas abusivas por reconvención (IRPH, multidivisas, intereses excesivos, comisiones) y reducir así la cuantía de las reclamaciones a través de acuerdos de reestructuración de deuda.

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Los desafíos previos a la recesión

Durante los últimos meses se han incrementado los malos presagios sobre las probabilidades de una próxima recesión económica de amplitud todavía incierta. Reino Unido, Suecia y la locomotora europea, Alemania, ya registraron una contracción de su economía en el segundo trimestre, mientras que Italia se mantuvo completamente estancada. Los factores que agravan este deterioro son diversos, pero los analistas coinciden bastante en que la guerra comercial de Donald Trump contra China puede tener sus peores consecuencias en Europa. Además, las dificultades europeas podrían verse seriamente acrecentadas por el Brexit a partir de noviembre, sobre todo si no se pacta la gestión de la ruptura.

Este debate de fondo sobre los riesgos que amenazan la economía europea e internacional oculta la debilidad en que se encuentra España, por el espejismo que supone mantener un crecimiento relativamente sólido del 2,3% anual.

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Perdedoras perpetuas de la crisis

Tras una década larga de crisis económica y social cada vez hay más indicios que apuntan que la nueva sociedad surgida tras la hecatombe financiera de 2008 arrincona a una parte significativa de la población. Para los perdedores de la crisis, un colectivo que incluye casi a  un tercio de la ciudadanía, en su mayoría mujeres y menores, la recuperación no ha llegado ni está en su horizonte. La exclusión social se ha cronificado.

Las estadísticas oficiales indican que todavía faltan 1,2 millones de empleos para alcanzar el número de ocupados de 2007, al tiempo que los nuevos salarios y los derechos laborales son de peor condición que hace una década. Comprobamos que la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social y la desigualdad de ingresos no cesa de aumentar. Entre 2007 y 2016, la renta del 10% más pobre ha caído casi el 40%, mientras que ha aumentado más del 20% para el 1% más rico, según el profesor Branco Milanovic.

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La renuncia del magistrado Orduña

La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España. 

Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados. 

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La UE ante los nacionalismos

La desconfianza de los ciudadanos en la Unión Europea es el principal problema de la Unión. La causa de esta desafección popular deriva de que el proyecto europeo no ha logrado superar los nacionalismos de los Estados miembros a pesar de sus 60 años de funcionamiento. El objetivo consagrado en los tratados de conseguir “una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, no tan solo no se ha logrado, sino que las distancias entre países han aumentado durante los últimos 20 años, es decir, desde que se introdujo el euro como valor contable en 1999. 

Las diferencias sobre el nivel de riqueza entre países crecen. La distancia entre el producto interior bruto (PIB) por habitante más elevado y el más reducido en la zona euro (sin los países del Este) estaba en 2,5 en la década de 1980, mientras que actualmente es casi de 4, según la gestora de activos Candriam. El Centro de Política Europea, con sede en Alemania, ha proporcionado cifras más precisas detallando los perdedores y ganadores por países. El balance de los últimos 20 años es que los ciudadanos de todos los países perdieron, excepto los alemanes y holandeses, que ganaron 23.116 y 21.003 euros por habitante, respectivamente. Los grandes perdedores fueron los italianos y franceses, con 73.695 y 55.996 euros por habitante, en cada caso. España figura entre los perdedores pero en una cuantía menor, 5.031 euros por habitante. Sin embargo, según Eurostat, las pérdidas han sido especialmente notables a raíz de la crisis económica. Entre 2006 y 2017 el PIB per cápita de Italia pasó del 103,5% de la media europea al 96%. En  España, la caída durante el mismo periodo fue más intensa, desde el 104,1% al 92%.

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