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Andreu Missé

Socio y director de la revista Alternativas Económicas. Ha desarrollado su actividad profesional durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

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El Supremo se olvida del consumidor

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de septiembre sobre las ejecuciones hipotecarias y desahucios es, contra todas las apariencias, menos beneficiosa para los consumidores que las soluciones que habían adoptado unos meses antes seis Audiencias Provinciales y varios juzgados de primera Instancia interpretando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 26 de marzo de 2019. Estos magistrados y jueces, que habían aplicado diligentemente la doctrina europea, archivaron y sobreseyeron los procedimientos de ejecución hipotecaria especial de los préstamos impagados por la crisis y mantenían estos asuntos paralizados pendientes de la sentencia del TJUE.

Con base a la sentencia europea, los jueces obligaron a los bancos a acudir al procedimiento ordinario si querían recuperar el préstamo. El procedimiento ordinario tiene una clara ventaja para los afectados porque disponen de más tiempo que el fulminante procedimiento de ejecución especial y les permitía invocar otras cláusulas abusivas por reconvención (IRPH, multidivisas, intereses excesivos, comisiones) y reducir así la cuantía de las reclamaciones a través de acuerdos de reestructuración de deuda.

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Los desafíos previos a la recesión

Durante los últimos meses se han incrementado los malos presagios sobre las probabilidades de una próxima recesión económica de amplitud todavía incierta. Reino Unido, Suecia y la locomotora europea, Alemania, ya registraron una contracción de su economía en el segundo trimestre, mientras que Italia se mantuvo completamente estancada. Los factores que agravan este deterioro son diversos, pero los analistas coinciden bastante en que la guerra comercial de Donald Trump contra China puede tener sus peores consecuencias en Europa. Además, las dificultades europeas podrían verse seriamente acrecentadas por el Brexit a partir de noviembre, sobre todo si no se pacta la gestión de la ruptura.

Este debate de fondo sobre los riesgos que amenazan la economía europea e internacional oculta la debilidad en que se encuentra España, por el espejismo que supone mantener un crecimiento relativamente sólido del 2,3% anual.

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Perdedoras perpetuas de la crisis

Tras una década larga de crisis económica y social cada vez hay más indicios que apuntan que la nueva sociedad surgida tras la hecatombe financiera de 2008 arrincona a una parte significativa de la población. Para los perdedores de la crisis, un colectivo que incluye casi a  un tercio de la ciudadanía, en su mayoría mujeres y menores, la recuperación no ha llegado ni está en su horizonte. La exclusión social se ha cronificado.

Las estadísticas oficiales indican que todavía faltan 1,2 millones de empleos para alcanzar el número de ocupados de 2007, al tiempo que los nuevos salarios y los derechos laborales son de peor condición que hace una década. Comprobamos que la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social y la desigualdad de ingresos no cesa de aumentar. Entre 2007 y 2016, la renta del 10% más pobre ha caído casi el 40%, mientras que ha aumentado más del 20% para el 1% más rico, según el profesor Branco Milanovic.

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La renuncia del magistrado Orduña

La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España. 

Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados. 

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La UE ante los nacionalismos

La desconfianza de los ciudadanos en la Unión Europea es el principal problema de la Unión. La causa de esta desafección popular deriva de que el proyecto europeo no ha logrado superar los nacionalismos de los Estados miembros a pesar de sus 60 años de funcionamiento. El objetivo consagrado en los tratados de conseguir “una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, no tan solo no se ha logrado, sino que las distancias entre países han aumentado durante los últimos 20 años, es decir, desde que se introdujo el euro como valor contable en 1999. 

Las diferencias sobre el nivel de riqueza entre países crecen. La distancia entre el producto interior bruto (PIB) por habitante más elevado y el más reducido en la zona euro (sin los países del Este) estaba en 2,5 en la década de 1980, mientras que actualmente es casi de 4, según la gestora de activos Candriam. El Centro de Política Europea, con sede en Alemania, ha proporcionado cifras más precisas detallando los perdedores y ganadores por países. El balance de los últimos 20 años es que los ciudadanos de todos los países perdieron, excepto los alemanes y holandeses, que ganaron 23.116 y 21.003 euros por habitante, respectivamente. Los grandes perdedores fueron los italianos y franceses, con 73.695 y 55.996 euros por habitante, en cada caso. España figura entre los perdedores pero en una cuantía menor, 5.031 euros por habitante. Sin embargo, según Eurostat, las pérdidas han sido especialmente notables a raíz de la crisis económica. Entre 2006 y 2017 el PIB per cápita de Italia pasó del 103,5% de la media europea al 96%. En  España, la caída durante el mismo periodo fue más intensa, desde el 104,1% al 92%.

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Salarios dignos para pensiones decentes

Las pensiones públicas constituyen el cemento de nuestro Estado de bienestar. Este año se dedicarán 153.864 millones de euros a ellas, lo que representa el 73% del gasto social.  Las pensiones públicas son el principal mecanismo de redistribución de la renta en España y sus beneficiarios se extienden mucho más allá de sus casi nueve millones de perceptores directos. Estas prestaciones son unos ingresos complementarios para familiares de muchos pensionistas.

El sistema público de pensiones es la principal seña de identidad de nuestro sistema social, que se consolidó a partir de las movilizaciones y pactos acordados desde la transición hasta alcanzar el 11,5% del PIB, casi el triple de 1978. 

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El derecho al hogar

Los siete meses del Gobierno de Pedro Sánchez han sido decisivos para la recuperación de derechos sociales tras el tremendo retroceso registrado durante los casi siete años de mandato del PP. Los principales avances se han concretado en una subida del salario mínimo del 22%, una revalorización de las pensiones, las recuperación de la sanidad universal, la reversión de los recortes educativos y la mejora de la protección de los autónomos, de la ley hipotecaria y de la ley de violencia de género.

En materia de vivienda ha sido significativo el desistimiento por el Gobierno socialista del recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El Tribunal Constitucional ya ha notificado a los Gobiernos español y catalán la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso.

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El Banco de España, en el ojo del huracán

A pesar de las barreras establecidas por los poderes económicos y las autoridades, cada día conocemos mejor las causas y consecuencias de la crisis financiera. En esta tarea de esclarecimiento de hechos que causaron enormes daños económicos y sociales se encuadra El libro negro (Editorial Espasa), último libro del periodista Ernesto Ekaizer.

Como significativamente apunta el subtítulo, Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, la investigación se centra en las responsabilidades de la cúpula del organismo supervisor en el desarrollo de la crisis por su rechazo a las advertencias y actuación de sus inspectores. Una crisis en la que, sin duda, tuvieron una responsabilidad primordial los directivos de las entidades financieras y determinados responsables de los Gobiernos central y autonómicos. Los responsables del Banco de España durante este periodo fueron Jaime Caruana, antes de la crisis, y posteriormente Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

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Más Estado

Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pero el éxito de esta mujer neoyorquina no deriva de su juventud, 29 años, sino de las ideas medioambientales y de justicia social que pregona. Ocasio- Cortez defiende aplicar un tipo fiscal máximo del 70% para las rentas más elevadas y recabar así fondos para luchar contra el cambio climático. La congresista latina ha recordado que en Estados Unidos ya se aplicaron tipos fiscales máximos del 91% en la década de 1950. Y ha precisado que actualmente Suecia aplica tipos del 70% a los asalariados que obtienen ingresos superiores a los 98.000 dólares anuales.

Al mismo tiempo, la veterana senadora demócrata Elisabeth Warren ha anunciado su precandidatura a las elecciones presidenciales. Warren se ha caracterizado por la defensa de la clase media y una crítica incisiva a la desregulación financiera de un Gobierno que considera cautivo de los ricos y los poderosos. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, comprometida defensora de los emigrantes en la América de Trump, revalidó la presidencia de la Cámara de Representantes con una victoria sin precedentes desde hace varias décadas.

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Viviendas fuera de mercado

Lo peor de la crisis financiera en España han sido los cientos de miles de familias que se han visto expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales y a lo largo de las numerosas comparecencias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el drama de los desahucios es solo la etapa final de una serie de circunstancias que caracterizan la grave situación en que se encuentra la vivienda en España. Hay varios aspectos que hay que abordar simultáneamente para remediar esta catástrofe social que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE, según Eurostat. La construcción de viviendas sociales prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De las más de 100.000 viviendas protegidas construidas anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

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