Presupuestos necesarios

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

En primer el logro de la mayoría parlamentaria para su aprobación no se plantea nada fácil dada la dispersión y diversidad de fuerzas políticas. Pero ha sido una decisión importante que el Ejecutivo haya trazado una línea bien definida sobre los objetivos para que todos los partidos se pronuncien y queden en evidencia los intereses que verdaderamente defienden.

Una segunda dificultad de arranque es la situación de las cuentas públicas que ha dejado el Partido Popular. Es especialmente preocupante la abultada deuda pública del 98% del producto interior bruto (PIB) existente a finales de 2017, un endeudamiento que durante los Gobiernos de Mariano Rajoy ha aumentado en 29 puntos porcentuales, es decir, en 400.894 millones de euros, lo que exigirá un considerable esfuerzo para iniciar la reducción de 1,5 puntos el próximo año.

También se ha reducido el margen de maniobra en la Seguridad Social. El sistema de pensiones ya no cuenta con el colchón del Fondo de Reserva de las Pensiones que se encontró el PP al principio de 2012, que ascendía a 67.000 millones de euros y actualmente apenas supera los 8.000 millones.

Los condicionantes presupuestarios también se verán afectados por otros factores como la moderación de la actividad de la economía española en sintonía con el menor crecimiento previsto para la zona euro, el aumento del precio del petróleo y la probable subida de los tipos de interés, que supone una amenaza seria para un país tan endeudado.

Con este panorama de fondo, la política de revertir los recortes sociales que implican más gasto social (en pensiones, vivienda, educación, sanidad, dependencia, pobreza y salario mínimo) y al mismo tiempo el propósito de reducir el déficit y la deuda pública exigen el aumento de los ingresos fiscales como un aspecto esencial de los nuevos presupuestos. 

El proyecto de presupuestos de 2019 contiene un decisivo ajuste estructural con un aumento de los ingresos públicos de 0,6 puntos hasta el 39,1% del PIB en 2019, mientras que el gasto se reducirá en 0,3 puntos hasta el 40,9% del PIB. La diferencia del 1,8% es el déficit público del próximo año.

Lamentablemente, este ajuste estructural tendrá un impacto adverso en la inversión pública, que quedará congelada. Las previsiones de creación de empleo a tiempo completo se moderan y solo crecerán el 2% frente al 2,5% del presente ejercicio. El Gobierno prevé que entre este año y el próximo se crearán 800.000 puestos de trabajo, lo que permitirá rebajar la tasa de paro hasta el 13,8%. Es un porcentaje cinco puntos más que la media de la zona euro y especialmente angustiosa para los jóvenes, cuya tasa de desocupación se encuentra en el 34%.

Examen de Bruselas

El proyecto de presupuestos cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha calificado las previsiones como “factibles” y en lo esencial superará el examen de Bruselas. Las cuentas, sin embargo, han sido puestas en duda por diversos analistas que consideran muy incierta la parte de ingresos fiscales que en total supondrán unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros. 

Los mayores ingresos fiscales procederán del aumento de los tipos impositivos a las rentas superiores a 130.000 euros, a los rendimientos de capital mayores de 140.000 euros y al impuesto de patrimonio para las fortunas superiores a 10 millones de euros.

En el campo fiscal es especialmente significativa la modernización que supone la creación de nuevos impuestos para gravar las actividades empresariales y financieras especulativas que hoy escapan de la tributación a través de los paraísos fiscales, y los diversos mecanismos de evasión y elusión fiscal.

En este paquete de medidas tributarias hay que destacar el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal y la creación del Impuesto de Transacciones Financieras y del Impuesto de Determinados Servicios Digitales. Estas dos últimas figuras fiscales son promovidas por la Comisión Europea y en el caso de las transacciones financieras ya ha sido implantada en 10 países europeos.

Es relevante la inclusión en el texto del plan presupuestario remitido a la Comisión Europea con el propósito explícito de “acabar con los paraísos fiscales” utilizados por las grandes empresas defraudadoras para evitar contribuir a la sociedad. Sobre este punto España ha anunciado que aplicará medidas más exigentes para asegurar que los países que no cumplan los estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales.

En el terreno fiscal España tiene que efectuar una profunda revisión de su sistema impositivo y dotar más medios a la Agencia Tributaria. Hay que tener en cuenta que si se aplicara la presión fiscal media existente en la zona euro, España recaudaría 75.822 millones más, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). 

[Este es el editorial del número 63 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]