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Daniel Varona

Profesor de derecho penal y criminología en la Universitat de Girona y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Girona. Formado en las universidades Autónoma de Barcelona, Frankfurt y Oxford es autor de numerosas publicaciones sobre derecho penal y política criminal. En la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre opinión pública y justicia penal financiado por el Ministerio de Educación y la Generalitat de Catalunya, con el que trata de analizar la opinión ciudadana sobre el castigo, en aras de construir un derecho penal más democrático.

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¿Somos los españoles punitivos?

Entre los estudiosos del Derecho Penal y la Criminología en nuestro país es común afirmar que en la última década se ha producido un progresivo aumento de la dureza de nuestras leyes penales. Y ello, tanto en un aspecto cuantitativo (cada vez más conductas son constitutivas de delito), como cualitativo (castigos cada vez más severos, en particular, penas de prisión más largas y disminución de beneficios penitenciarios). No puede extrañar así que en la literatura académica se hayan acuñado conceptos como la “expansión” del Derecho Penal, el “populismo punitivo” o la “cultura del control” para referirse a la evolución mencionada. Vale la pena señalar que, entre los académicos españoles, es mayoritaria la opinión crítica respecto a dicho aumento de la dureza punitiva que caracteriza nuestro sistema, aludiendo con mayor o menor énfasis a los problemas que ello genera sin que a su vez se vislumbren efectos sociales positivos de ello.

Sin embargo, desde la clase política las cosas se ven de forma bien diferente. Los diferentes gobiernos españoles de la última década (y aquí, por desgracia, pocas diferencias existen entre el PSOE y el PP), parecen haber competido por ver quién reformaba en más ocasiones la legislación penal, y normalmente, en la dirección aludida: más dureza punitiva. Pero si uno observaba con detenimiento el discurso político podía comprobar que, en realidad, no asumían la responsabilidad por dicha deriva punitiva. Al contrario: era usual encontrar en las discusiones parlamentarias de las reformas penales o incluso en sus “exposiciones de motivos” (parte previa a la ley en la que el legislador explica el motivo de la reforma), alusiones a la “demanda ciudadana” o a la “opinión pública” para justificar dichas reformas. Es decir, se modificaba la ley penal porque (y en la dirección que) lo pedían los ciudadanos.

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