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Estíbaliz de Miguel Calvo

Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco. Trabajadora social, educadora social y visitadora de prisiones durante una década. Su tesis doctoral versa sobre las relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Directora del proyecto SinRejas de Investigación sobre Mujeres y Cárceles. Miembra de Geispe-Red Internacional de Sistema Penal y Género. Áreas de investigación: exclusión social y criminología, estudios de género, sociología de las emociones y del amor. Última publicación: “Mujeres usuarias de drogas en prisión” en Praxis Sociológica, nº 19 (2015).

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Las damnificadas de la "guerra contra las drogas"

El pasado mes de septiembre la Comisión Global de Política de Drogas de Naciones Unidas publicó un informe donde se propone abrir el debate acerca de la política internacional de control de drogas, en vista de que las políticas punitivas se han confirmado fracasadas. Así de claro y rotundo. En el documento “ Asumiendo el Control: Caminos hacia Políticas Eficaces contra las Drogas”, personalidades tan relevantes del mundo de la política y la cultura internacional como Kofi Annan, Henrique Cardoso o Mario Vargas Llosa hacen un llamamiento para finalizar con la criminalización y el encarcelamiento de personas usuarias de drogas, en vista de que los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento, además de ser ineficaces han provocado males mayores (“más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo”).

Este informe constituye la antesala de la reunión especial de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) que tendrá lugar en 2016 y que pretende configurar la hoja de ruta en el debate alrededor de varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la necesaria reorientación de las políticas y recursos desde un marco punitivo hacia la priorización de la salud de las personas y comunidades. Sugiere también acometer experiencias de regulación de drogas actualmente ilícitas como el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas. El debate es necesario y estamos ante una oportunidad histórica para que, tanto Estados como sociedad civil, debatan sobre esta cuestión.

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Encarceladas y abusadas

El pasado mes de enero el diario El Mundo publicó una noticia informando de posibles abusos a mujeres encarceladas: siete presas han denunciado a cuatro funcionarios de prisiones de la cárcel de Brieva (Ávila) acusándoles de forzarlas a tener sexo a través de diversas amenazas y coacciones. Si bien es cierto que no son hechos probados y hasta el momento sólo se han abierto diligencias, conocemos casos anteriores en los que los hechos sí han sido confirmados. En el año 2009 el exsubdirector del ya clausurado penal de Nanclares de Oca (Álava) fue condenado a un año de prisión y seis de inhabilitación por abuso sexual a una presa. Por primera vez en la era democrática del Estado español se producían denuncias de este tipo en el contexto carcelario y se lograba condenar a un funcionario de prisiones por delitos sexuales. Ello probablemente funcionó de acicate para que otras presas denunciaran prácticas delictivas de tipo sexista tras los muros. Así, en junio de 2013 un funcionario de Soto del Real fue condenado a 25 años por varios delitos de agresiones sexuales continuadas y abuso de su función de trabajador público a cuatro presas. También fueron sonados los casos de abusos sexuales en Alcalá I-Mujeres en Madrid. Sería interesante saber en qué situación se encuentran actualmente los funcionarios condenados, si han pasado por prisión y de qué manera se han visto afectadas sus carreras profesionales.

No se puede afirmar que las prácticas delictivas a las que aquí hago referencia sean sistemáticas, pero sí que las características y el funcionamiento del sistema carcelario favorecen este tipo de abusos de poder de claro corte sexista. Analizar con detenimiento las implicaciones de este presunto caso y otros probados como los mencionados nos permite conocer mejor cómo funcionan instituciones tan herméticas como las cárceles y cómo se despliegan los resortes de poder, especialmente en lo referente a las relaciones de género. Las mujeres suponen el 7,6% de la población penitenciaria española, una proporción realmente pequeña en comparación con la de los hombres, pero que a la vez constituye uno de los porcentajes más elevados de Europa. Las cárceles están diseñadas para hombres, concebidas para ellos y dirigidas desde una perspectiva androcéntrica. Las mujeres se encuentran habitualmente en centros penitenciarios masculinos ocupando un espacio anexo, con grandes restricciones de acceso a servicios como el gimnasio, las actividades culturales y formativas o los talleres productivos, y generalmente situados geográficamente lejos de su lugar de origen. El estigma que portan estas mujeres, la mala imagen que la sociedad tiene de ellas, por delincuentes, sospechosas de ser viciosas por consumir drogas o acusadas de ser malas madres, es un elemento que juega en su contra a la hora de denunciar prácticas abusivas contra ellas en el interior de las cárceles, ya que o se les otorga suficiente credibilidad a sus testimonios o se resta importancia a lo sucedido.

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