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Francisco J. Bastida

Soy natural de A Estrada (Pontevedra). Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Oviedo e investigador principal de uno de sus grupos de investigación. Especializado en derechos fundamentales. Coordinador general de la red Derecons. Director durante años de Stages sobre libertad de información. Entre mis libros y monografías cabe destacar El pensamiento político del Tribunal Supremo durante el franquismo.  La libertad de antena o El derecho a crear televisión, entre otros. También soy cofundador de la Red de CicloJuristas, integrada en la Mesa Española de la Bicicleta y director de CicloNormativa.com.

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Financiación de los partidos

eldiario.es informó hace unos días de lo que denominó una estructura de franquicia del partido Ciudadanos para cobrar por servicios a sus grupos municipales. Dicho en pocas palabras, los grupos municipales reciben una subvención pública anual para su funcionamiento y Ciudadanos se constituyó en una sociedad de servicios para sus grupos municipales, ya sea para proveerles de locales y medios. Con tal motivo el partido emitirá facturas que permitirán a los grupos justificar ante el ayuntamiento el destino de la subvención recibida. Esto en sí no es una ilegalidad y, en una interpretación benévola, incluso podría ser una buena práctica, porque permitiría ver con claridad en qué se gasta el grupo municipal (o el grupo parlamentario) la subvención pública que recibe. Quizá los inconvenientes jurídicos sean de otra índole. Por ejemplo, cómo puede ser prestatario un grupo político municipal (o parlamentario), que carece de personalidad jurídica o cómo puede eludir el impuesto de Sociedades un partido que se convierte en una sociedad prestadora de servicios en competencia comercial. Siendo menos benévolos, podría tratarse de una forma de crear chiringuitos interpuestos para sacar provecho de esa clientela cautiva.

Como queda dicho, no es una ilegalidad que las subvenciones a los grupos parlamentarios y a los grupo políticos municipales se contabilicen como subvenciones a los respectivos partidos, lo cual no exime a dichos grupos de tener que justificar documentalmente ante el parlamento o ante el ayuntamiento en qué han gastado la subvención. La fórmula de Ciudadanos es, al menos en apariencia, un intento de vincular ese gasto realizado por el partido con el concreto funcionamiento parlamentario o municipal del grupo. Sin embargo, el sistema de franquicia obligando a gastar toda la subvención en servicios suministrados por el partido no deja de ser, en el mejor de los casos, una manera de financiar económicamente al partido.

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Rajoy y su desahucio de la Moncloa

Se acepta como un dato incontestable que Rajoy ganó las elecciones. En sentido metafórico y como cabeza más visible del PP, partido que ganó en número de votos y de escaños, puede admitirse la afirmación, pero en términos parlamentarios no es así. Si las elecciones en España fuesen para elegir presidente del Gobierno, con los resultados del 20D en una primera vuelta habría ganado Rajoy, pero en una segunda, a la que pasasen los dos candidatos más votados en la primera, el ganador sería Sánchez si unieran su fuerzas los partidos de izquierda, y con más claridad aun si el incentivo principal fuera que no siguiese como presidente Mariano Rajoy.

En España no hay elecciones presidenciales, rige un sistema parlamentario, y no tiene por qué convertirse en presidente del Gobierno el líder del partido que ganó las elecciones, sino aquel candidato que consiga más apoyos de los diputados del Congreso. Todos los líderes políticos pretenden revestirse de un halo presidencialista, aunque vivan en un sistema parlamentario; el problema es que en este sistema ese ego no encuentra el drástico freno que aporta un sistema presidencial de elección a dos vueltas. El fracaso del 20D, con un Mariano Rajoy de permanente presidente en funciones, se debe en gran parte a que en la negociación a tres bandas -PSOE, Podemos y Ciudadanos-. Pablo Iglesias jugó con la baraja parlamentaria de negociar un inasumible acuerdo de gobierno para, en realidad, confrontar su liderazgo presidencial con Pedro Sánchez, pensando en un posible sorpasso el 26J. Éste, a su vez, puso sobre el tapete la baraja presidencial para sentenciar que votar en su contra era igual a mantener a Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno. Tras el 26J, los líderes políticos siguen con esa dinámica presidencialistas que tanto le gusta a ellos y a los medios de comunicación. Para unos, Rajoy tiene que ser el nuevo presidente, porque ganó las elecciones. Para otros, como Pablo Iglesias y en directa alusión al PSOE, abstenerse ahora en una investidura presidencial de Rajoy es convertirse en socio del PP. Habría que recordarle que ese mismo argumento podría aplicársele a él en la votación en contra de la investidura presidencial de Pedro Sánchez y nos habríamos ahorrado unas elecciones y seguramente un nuevo gobierno del PP.

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