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Ignacio González Vega

Portavoz de Jueces para la Democracia. Magistrado, es también punto de contacto de la Red Judicial Europea (RJE) en materia penal.

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Dignidad, justicia y reparación

En Europa hay un cierto consenso de repudio a los regímenes fascistas y a su exaltación, lo que convierte a nuestro país en una anomalía democrática dentro de nuestro entorno geográfico más cercano, por citar los ejemplos de Italia y Alemania. De ahí que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en octubre del año pasado sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la que alude expresamente a la decisión de "exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha". Han tenido que transcurrir cuarenta y cuatro años desde el fallecimiento del dictador para poner fin a esa singularidad española.

El Valle de los Caídos es una construcción inicialmente ideada para honrar a los muertos del bando de los alzados en la Guerra Civil. Su fin declarado era perpetuar la memoria de los caídos en la "Gloriosa Cruzada", en la terminología del Decreto de 1940 en el que se dispone su construcción. En la misma se emplearon presos, incluidos los del bando republicano, motivados por la redención de penas por el trabajo y con el fin de conseguir mano de obra barata y reducir la masificación de las cárceles españolas. Posteriormente, en la década de los cincuenta, tratando de desvincularse de sus orígenes fascistas próximos a las potencias perdedoras en la Segunda Guerra Mundial, se reorienta el significado del mausoleo resaltando su aspecto religioso. Con el pretexto de una pretendida reconciliación nacional, tras una cruenta represión, se establece en el Preámbulo del Decreto-ley de 1957 por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ha de ser "el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz". Hay que aclarar que en el caso de los muertos del bando republicano fueron trasladados sus huesos de fosas comunes sin tan siquiera informar a sus familias. Baste decir que actualmente están sin identificar miles de restos mortales que reposan en dicho mausoleo. En 1975 se procede al entierro del dictador en un lugar preferente de la basílica, al igual que el que fuera jefe de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a pesar de no ser un caído en la guerra civil.

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¿Hasta cuándo?

Este lunes las carreras judicial y fiscal estamos llamadas a celebrar una nueva jornada de huelga para poner de manifiesto a la sociedad española la situación de abandono y dejadez en la que se encuentra nuestra Administración de Justicia. En junio de 2017 las asociaciones judiciales presentamos públicamente un documento con catorce propuestas para la mejora de la Justicia dirigidas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial, sin que a fecha de hoy ninguna se haya materializado. No se trata de una huelga –al menos para Juezas y Jueces para la Democracia- contra el actual equipo ministerial. Somos conscientes que en cinco meses no se pueden dar soluciones a los múltiples y graves problemas que presenta la Justicia española. Y en lo que concierne al Consejo General del Poder Judicial este se encuentra finalizando su mandato.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una preocupante pérdida de prestigio de las instituciones judiciales cuyo punto de inflexión ha sido la desastrosa gestión del asunto del pago del impuesto en las hipotecas y la designación del próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial por las dos principales fuerzas políticas. A lo que debemos añadir que el actual modelo del órgano de gobierno de la Judicatura ni siquiera es percibido por los jueces y juezas provisto de los mecanismos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva, según una encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos. Y lo que es peor, los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en nuestro país han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

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Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

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El nombramiento de jueces para la poderosa Sala de Apelaciones

Resulta reiterativo indicar que el modelo procesal penal en España es anacrónico, regido por una centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, y basado en el principio inquisitivo, a diferencia de los países de nuestro entorno que optan por el acusatorio. A pesar de ello, entre las sucesivas reformas parciales de la Ley que han tratado de incidir en las garantías procesales, destaca sobremanera la implantación generalizada de la segunda instancia penal por una Ley Orgánica de 2003, que ha dado lugar a la creación de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional a la que irá a parar el juez Eloy Velasco.

La implantación de esta segunda instancia es una exigencia que arrastrábamos desde el año 1977, cuando España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello nos valió importantes condenas tanto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por parte del Consejo de Europa.

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