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Isabel Fernández Torres

Profesora Contratada Doctora UCM. Es colaboradora habitual de diversas revistas jurídicas y miembro del Consejo Editorial de alguna de ellas. Sus líneas de trabajo son el derecho de sociedades, derecho de la competencia  y derecho concursal sobre los que tiene muy diversas publicaciones aunque en los últimos tiempos ha abierto otra línea de trabajo centrada en el mercado financiero.

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Remuneración de los administradores, Tarjetas Black, y eventuales responsabilidades

La remuneración de los consejeros de las entidades financieras es uno de los temas cuya resonancia ha excedido de su ámbito (el gobierno corporativo) para pasar a ocupar portadas en la prensa generalista y a ser objeto de debate en la opinión pública. Sin duda, la presión de los inversores institucionales, los medios de comunicación y movimientos como el 15-MOccupy Wall Street han avivado el interés del público general por los sistemas retributivos de los consejeros de entidades financieras.

Una sociedad cada vez más sensibilizada e irritada ante la sospecha de una cultura corroída por comportamientos poco éticos, indecorosos, corruptos cuando no ilegales, lo explican. Y ello se ha ido exacerbando en los últimos tiempos por un lado, por el papel que ha desempeñado el sector financiero en el origen de la crisis y, por otro, porque como consecuencia de ésta y del rescate financiero los recortes sociales se han ido incrementando al mismo tiempo que se han adoptado medidas destinadas a recortar o congelar sueldos de trabajadores, reducir plantillas, favorecer el despido sin que, en paralelo se hayan limitado –sino al contrario- los salarios de los administradores.

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¿Podemos proteger más y mejor a los pequeños inversores?

Los sucesivos “escándalos” por preferentes -de los que ya ha ido dando cuenta la prensa nacional e internacional-, por la comercialización indebida de swaps, por las “cláusulas suelo” y otros productos más o menos complejos, ponen de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de protección de los consumidores-inversores. En todos los casos de comercialización de productos financieros complejos, encontramos un común denominador: las múltiples carencias de información y transparencia e, incluso, el uso y abuso de malas prácticas bancarias mediante el recurso a procedimientos erróneos e incorrectos viciando el consentimiento del inversor.

Es cierto que en los últimos tiempos se han ido introduciendo medidas de protección a los inversores, fundamentalmente las Directivas MiFID y MiFID II; pero la práctica y las sucesivas condenas a las entidades bancarias han puesto de manifiesto la insuficiencia de estas reformas.

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Sobre el referéndum revocatorio

La crisis económica, política, y de ética pública, que estamos atravesando ha sacado a la luz algunas de las carencias de nuestro sistema democrático. Hemos visto cómo el Partido Popular ha rechazado de manera habitual la petición de comparecencia del presidente, a pesar de que lo solicitaran casi la mitad de los diputados de la Cámara, se ha negado una y otra vez a la creación de comisiones de investigación y ninguna de las propuestas de los diferentes grupos que representan una parte del sentir de la ciudadanía son escuchadas.

No resulta razonable que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno determine si se le controla o no. No es razonable tampoco que el posible investigado decida si se abre comisión o no, ni si se efectúa una comparecencia del presidente del Gobierno ante el Parlamento.

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Participaciones preferentes: una actuación oportunista

Son pocas las personas que no han visto en estos últimos años noticias en la prensa sobre la comercialización de productos financieros de alto riesgo entre inversores minoristas. Y no son pocos los fallos judiciales en los que se está poniendo de manifiesto la falta de adecuación de dichos productos al perfil de los clientes de las entidades. La crisis financiera que estalla en 2008 ha revelado comportamientos -en ocasiones, oportunistas- por parte de las entidades de crédito e incluso la existencia de malas prácticas bancarias. La repercusión social de aquellas actuaciones está adquiriendo hoy unas proporciones dramáticas que exigen la adopción de medidas. Tanto más cuanto que se constata que algunas de las entidades “rescatadas” (principalmente, Cajas de Ahorro) han realizado ventas más que irregulares de algunos de esos productos, en concreto, de participaciones preferentes. ¿Qué son las participaciones preferentes y cuáles son las soluciones que se están dando?

El Banco de España señala que las participaciones preferentes “son un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios), y cuya duración es perpetua”. Califica el producto como de alto riesgo (por tanto, inadecuado para cierto tipo de inversores) manifestando en su Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2002 su preocupación por la comercialización creciente de las participaciones preferentes entre la clientela minorista tradicional (pág. 41) y alertando de la escasa liquidez del producto. A pesar de todo esto las participaciones preferentes se han comercializado como si se tratara de valores de renta fija (Vid. Informe Anual CNMV 2004, pág. 143) y son todo lo contrario¡¡. Sin duda a la confusión contribuye notablemente la terminología empleada (claramente engañosa) hoy sustituida por algunos por la de “acciones preferentes”.

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