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Javier Chinchón Álvarez

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y Director de Investigación de Rights International Spain. 
Es doctor y licenciado en Derecho (UCM) y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (UAM). A lo largo de su carrera ha sido profesor en distintas universidades españolas y extranjeras, así como miembro/consultor de diversos organismos españoles e iberoamericanos. Además de colaborar regularmente en los medios de comunicación, es autor de más de medio centenar de trabajos académicos, destacando sus publicaciones sobre Derecho internacional de los derechos humanos, Derecho internacional penal, responsabilidad internacional, y Justicia Transicional.

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De la sentencia del Supremo en el caso Tíbet al cierre del caso Couso

Hace unos días se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como caso Tíbet, en la que se afirmó una suerte de doctrina cuyas consecuencias van mucho más allá del caso concreto. De hecho, y por si alguien pudiera tener duda, el mismo Tribunal Supremo (TS) señaló que lo que mantenía para ese caso concreto debía aplicarse a “otros supuestos similares”. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con el Auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional del pasado día 9, en el que el Juez Pedraz se ha visto obligado a dar por cerrada la investigación por la muerte de José Couso.

No es tarea sencilla condensar las más de cien páginas de esta sentencia del TS, tampoco traducir sus vueltas y revueltas jurídicas. Valga, eso sí, adelantar una consecuencia práctica general: los responsables de crímenes como el genocidio, los crímenes contra la humanidad o de guerra pueden estar tranquilos, también si sus víctimas son españolas, porque nuestros tribunales no van a poder hacer nada de nada contra ellos mientras se mantengan fuera de nuestras fronteras. En menos palabras: una garantía bastante amplia de impunidad para los criminales y de desamparo para sus víctimas.

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Caso Sahara: ¿justicia universal sólo para españoles?

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

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La Ley de Amnistía: Marguš contra Croacia y España contra el mundo

El 27 de mayo se hizo pública la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Marguš contra Croacia. Sin ser éste el momento de entrar en los detalles de esta causa, valga señalar que en ella el TEDH hizo frente a la valoración general que para el Derecho internacional merecen las leyes de amnistía. Por mejor decir, de las 58 páginas de esta sentencia, cerca de 25 recogen una parte de la -por lo demás muy abundante- práctica internacional a este respecto.

A su luz, ya en la sentencia de Sala de 13 de noviembre de 2012 se había concluido que desde hace décadas existe una clara y constante tendencia que determina que la concesión de amnistías generales respecto de crímenes internacionales -crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.- está prohibida por el Derecho internacional. En concreto, se dijo entonces, lo anterior se extraía de las normas consuetudinarias de Derecho internacional humanitario, los tratados de derechos humanos, así como las decisiones de tribunales internacionales y regionales y de la práctica de los Estados (párrafo 74).

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Profesorado universitario: de la “carrera académica equilibrada y coherente” a la tasa de despilfarro

En las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación diversas noticias en torno a la necesidad de dotar de "mayor flexibilidad a las universidades a la hora de reponer personal, incorporarlo o mantenerlo". No es preciso apuntar nada respecto a cómo se ha traducido en la práctica de estos últimos años el término “flexibilizar” en tantos y tantos ámbitos, pero en este caso a lo que aparentemente se refiere es a tratar de "acabar con las restricciones en la convocatoria de plazas de profesores en las universidades, cuya tasa de reposición se mantiene en el 10 por ciento".

La pertinencia de tal medida puede, sin duda, abordarse desde múltiples puntos de vista; con el debate general siempre de fondo respecto a la valoración de los efectos que ha tenido la consiguiente y constante reducción del profesorado universitario en los últimos años. No obstante, en lo que vendrá quisiera centrarme en un aspecto más específico, que en mi opinión transforma la “pertinencia” en absoluta necesidad, salvo que queramos apostar o seguir apostando por el más absurdo despilfarro de los recursos de todos.

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Nueva reforma de la jurisdicción universal 'made in Spain'

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

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Las desapariciones forzadas del franquismo frente a las obligaciones internacionales de España

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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Visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

La labor cotidiana que llevamos acabo dentro de las áreas prioritarias de trabajo de nuestra organización, cuyo denominador común podría resumirse a grandes rasgos en lograr la vigencia de la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos en España, conlleva que probablemente en algunas ocasiones, ya consciente, ya inconscientemente, terminemos centrando nuestras energías en la exposición, defensa, discusión y demanda de cuestiones técnico-jurídicas, más o menos complejas pero ciertamente áridas. Así, respecto a la visita a España del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que concluirá el próximo lunes, podríamos incidir de partida en por ejemplo, el valor, relevancia y consecuencias jurídicas de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992; o abordar qué puede esperarse de la misión del Grupo en relación con su mismo Mandato y/o su vinculación con otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ahora bien, aunque desde luego conviene que algo comentemos sobre todo ello, hay un asunto que entiendo que es importante destacar desde el comienzo y al margen de todo lo anterior; una cuestión que podría responder a la pregunta de qué se ha logrado ya con la visita del Grupo. Respetando plenamente la confidencialidad que rige todas las reuniones que ha celebrado el Grupo, hay algo que sin duda hemos comprobado y podemos señalar: varias de ellas han permitido a muchos familiares-víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo sentirse escuchados, atendidos, amparados. Han podido hacer valer el caso de sus desaparecidos ante el Grupo, explicar lo que les ocurrió y todo lo que han pasado desde entonces, su dolor y su duelo frente al que las autoridades españolas no les ha ofrecido nada de lo que les corresponde, en Derecho desde luego, pero no sólo: Verdad, Justicia y Reparación. Más allá de cuál sea el contenido del inminente Informe del Grupo, de su valor o incidencia jurídica, de cómo podamos utilizarlo o cómo nos podrá ayudar a seguir trabajando para acabar con el desamparo e injusticia que sufren los familiares-víctimas de desaparición forzada en España, a juicio de nuestra organización y tal y como lo hemos visto y vivido, ha sido ya muy importante cómo se han sentido muchas de esas víctimas cuando han podido hablar y reunirse con el Grupo, con las Naciones Unidas. El lunes en la tarde conoceremos el Informe Preliminar de la visita del Grupo, así como sus primeras recomendaciones. La prudencia marca pues que esperemos hasta entonces para valorar cuál es su opinión respecto a una de las principales misiones que tiene encomendada cuando realiza visitas a los Estados; esto es, “seguir el progreso de los Estados en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración”. Selecciono esta frase porque en ella se contiene algo que aunque supuestamente debería ser por todos sabido y compartido, no es nada extraño que las autoridades estatales, en el caso de España abrumadoramente, tomen a beneficio de inventario: en resumen, que el contenido de esta Declaración es jurídicamente obligatorio. Subrayado ello, y sin necesidad de reiterar en detalle cuál es la realidad y el trato que en España reciben los miles de familiares-víctimas de desaparición forzada, baste limitarnos a citar un par de las obligaciones que se contienen en la Declaración. Aclarando en todo caso, que el ejemplo escogido es sin duda extendible a muchos más supuestos, a muchas otras obligaciones incumplidas, a muchos otros derechos ignorados:

A)    Artículo 17, párrafo 1: “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Artículo 19, párrafo 1: “Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial”; y párrafo 6: “Deberá poderse hacer una investigación, (…) mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.B)    Artículo 18, párrafo 1: “Los autores o presuntos autores de [crímenes de desaparición forzada] no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”. Por si fuera preciso aclarar esto aun más, en palabras del mismo Grupo de Trabajo: “Se considerará que una ley de amnistía es contraria a las disposiciones de la Declaración aunque haya sido aprobada en referendo o procedimiento de consulta similar [o por un Parlamento democrático –de España o de donde se quiera], si a consecuencia de su aplicación o implementación se produce directa o indirectamente, alguno o todos estos supuestos: a) Cesar la obligación del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables de las desapariciones; (…) b) Sobreseer procesos penales o cerrar investigaciones contra presuntos responsables de desapariciones o imponer sanciones insignificantes…”.

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