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Jesús Rogero García

Profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha investigado y publicado sobre cuidado de adultos dependientes, educación, cuidado de niños y usos del tiempo.

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La elección de centro educativo o la semilla de la desigualdad

El artículo 27.3 de la Constitución Española garantiza a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. En nuestro país, se ha interpretado que este derecho exige a las administraciones públicas ofrecer distintas opciones educativas, algo que pueden hacer de dos modos. El primero, disponiendo diferentes tipos de centro, y el segundo, ofreciendo alternativas formativas dentro de los propios centros. Ese es precisamente el propósito con el que se regula la asignatura optativa de Religión Católica, cuyos docentes y currículum son elegidos por la Iglesia, y que puede ser cursada por todos los alumnos.

Tanto la asignatura de Religión Católica como la financiación pública de colegios confesionales han sido cuestionadas por quienes consideran que la educación sostenida con fondos públicos debe ser laica y evitar el adoctrinamiento religioso. En particular, existe un permanente debate entre quienes defienden un aumento de la educación concertada y quienes apoyan una red pública ampliamente mayoritaria. La polémica se mantiene, en parte, porque muchos centros concertados no se caracterizan solo por su orientación religiosa o moral, sino también por establecer requisitos económicos para su acceso y por no disponer las actividades religiosas con carácter voluntario, prácticas que vulneran la ley al discriminar a las familias con rentas bajas o que no son católicas.

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No diga padre y madre, diga gestores de actividades infantiles

Comienza el curso escolar y, con él, el encaje de bolillos de los padres y madres para organizar su tiempo y el de su progenie. Y he aquí uno de los principales desafíos de la familia: decidir quién se encargará de los niños y niñas: ¿Matriculo al más pequeño en una escuela infantil? ¿Me pido una excedencia? ¿Dejo a la niña con la abuela? ¿A cuántas actividades extraescolares apunto al mayor? Las respuestas a estas y similares preguntas dependen, fundamentalmente, de dos factores.

El primer elemento que condiciona la organización familiar son las horas de trabajo y su distribución a lo largo del día y de la semana. Hoy es más frecuente que hace unas décadas encontrar parejas en las que los dos trabajan. Por su parte, las jornadas laborales se han flexibilizado y no precisamente para adaptarse a las necesidades familiares. La conciliación de la vida laboral y familiar se ha convertido, de este modo, en un sudoku de difícil solución.

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¿Es más eficiente la educación concertada?

En España, es ya tradicional el debate entre los defensores de la educación pública y los de la educación privada concertada. La cuestión de fondo radica en qué papel debe jugar el Estado: si debe existir una amplia red de centros públicos o si, por el contrario, estos centros deben ser subsidiarios de la educación concertada y privada. Entre las novedades que introduce la LOMCE y que han pasado más desapercibidas en los medios de comunicación están las referidas a los centros concertados. La más significativa es que, a partir de ahora, las administraciones educativas no garantizarán plazas suficientes en centros públicos, como han hecho desde 1985, sino que “garantizarán la existencia de plazas suficientes” a secas, es decir, en centros públicos o concertados. Se abre así la puerta a una mayor expansión de la educación concertada, retocando sustantivamente un statu quo que ha durado casi treinta años. Por tanto, cabe plantearse cuáles son las motivaciones de una apuesta tan deliberada por la red de centros concertados, así como cuáles serán sus implicaciones en términos educativos.

Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de extender la educación concertada es que es más eficiente. Por eficiencia entendemos la relación entre los recursos dedicados y los resultados obtenidos. No hay dudas de que la educación concertada supone menos costes directos para el erario público. El mayor gasto en los centros públicos puede explicarse, en parte, porque, en términos generales, la concertada paga menos a los profesores, tiene una ratio profesor/alumno más elevada y evita ubicarse en zonas no rentables, como áreas urbanas empobrecidas y rurales aisladas en las que el coste por alumno es mucho mayor. Por su parte, los centros concertados son más caros para las familias, lo que suele soslayarse cuando se habla del coste de unos y otros centros.

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