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Joaquín Pérez Rey

Joaquín Pérez Rey es Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Es autor de los libros Estabilidad en el empleo (Madrid, 2004); La transformación de la contratación temporal en indefinida. El uso irregular de la temporalidad en el trabajo (Valladolid, 2004); El contrato eventual por circunstancias de la producción (Albacete, 2006) y, en colaboración con Antonio Baylos, El despido o la violencia del poder privado (Madrid, 2ª edición, 2009). Ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros de su especialidad y realizado estancias de investigación en las Universidades de Nápoles, Benevento, Lyon y Siena. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación 1º de mayo.

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El 1º de mayo y la defensa de los derechos del trabajo

Por las venas de eso que hoy llamamos Derecho del trabajo transcurren más de un siglo de primeros de mayo, fecha que inicialmente se consagró a la lucha por la limitación de la jornada, uno de los contenidos más clásicos y relevantes de la legislación laboral. Una legislación en la que confluyen las siempre difíciles conquistas del movimiento obrero y también, lo que hoy parece olvidado, el intento de las clases poderosas de evitar lo que los clásicos de la reforma social en España denominaron "lo violento de las revoluciones".

Con esta ambivalencia congénita, el más contemporáneo de los instrumentos jurídicos y quizá la muestra de legislación social más avanzada y desarrollada se empeñó en apartar, aunque sólo fuera un poco, el mundo del trabajo del mercado y en abrir espacios de ciudadanía allí donde no había más que la nuda arrogancia del propietario, del jefe de empresa. La OIT pretendió sintetizarlo en el lema que aún hoy adorna una de sus declaraciones más decisivas y que forma parte de su constitución, la de Filadelfia de 1944: el trabajo no es una mercancía.

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Juego sucio en la huelga de limpieza

Que más de un millar de puestos de trabajo se salven en la sangría de empleos en la que se ha convertido el mercado de trabajo español debería ser una gran noticia y, en efecto, lo es. Si estos trabajos hubieran surgido como consecuencia de alguna inversión extranjera que atraída por el descenso de los costes laborales decidiera abrir una explotación industrial en España, sería difícil encontrar un hueco en la inauguración de la nueva fábrica. Pero si, como ha sucedido en Madrid, los empleos se han mantenido gracias a una huelga de los trabajadores frente a los intentos empresariales de despedir a una parte significativa de la plantilla, la foto ya no es tan concurrida y amenaza con quedar desierta o incluso podría ser que alguien no la considere deseable.

Esta paradoja es una muestra más de la incomodidad que tradicionalmente causa la huelga en el poder y sus aledaños, molestia que, conviene no olvidar, pretendió evitarse durante una buena parte de nuestra historia más reciente haciendo de aquélla un delito.

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Un contrato para atraerlos a todos

Las medidas que se proponen para poner remedio a la dramática situación laboral que vive España nunca acaban. No hay paz para los derechos de los trabajadores. Que si un fondo austríaco, una reducción de jornada subvencionada con el desempleo, un contrato de emprendedores, otro de jóvenes con salarios de hambre… Rara vez, sin embargo, la receta consigue otros propósitos que los de devorar los derechos laborales. El fracaso en verdad es perfectamente lógico pues los resortes de la creación de empleo quedan muy lejos de las prensas del BOE.

Cada reforma infructuosa es, para el pensamiento económico hegemónico, la constatación de su insuficiencia y de la necesidad de profundizar en los cambios. Y así se insiste desde hace ya tiempo en la más rutilante de las medidas estrellas: el contrato único. La propuesta tiene el valor de su sencillez, al pretender acabar con los distintitos modelos de contratos que existen en nuestra legislación laboral y sustituirlos por uno solo de despido fácil e indemnizado de forma creciente en función de la antigüedad del trabajador. Se acabaría así, dicen, con la brecha que separa en nuestro país a los trabajadores temporales y a los indefinidos, generando una composición laboral más equilibrada y un sistema de contratación y despido más fácil.

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