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José Luis Ruiz Ramas

Licenciado en Historia. Maestro de Primaria en la escuela pública. Secretario general de CGT Enseñanza Zaragoza.

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Historia de una huelga

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, partido nacido hace 140 años para defender los derechos de la clase trabajadora, exige a los y las docentes aragonesas que renuncien a su derecho a la huelga, derecho fundamental según la misma Constitución que tanto le gusta esgrimir al señor Lambán para otros menesteres, si quieren negociar sus condiciones laborales.

Cuando el PSOE en junio de 2015 formó gobierno en Aragón, lo hizo prometiendo revertir los recortes en la Enseñanza Pública realizados por la anterior administración del Partido Popular. Tras tres cursos en los que se habían revertido algunos de los recortes, todo hay que decirlo, la administración educativa y los sindicatos se pusieron en octubre de 2018 a la tarea de abordar la reducción del horario lectivo del profesorado, horario aumentado por el PP, y que condiciona entre otras cosas el número de docentes que debe haber en los centros educativos.

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Pacto educativo

Uno de los mantras cuando se habla de los problemas del sistema educativo en nuestro país es atribuirlos a los sucesivos cambios de leyes que los diferentes gobiernos han ido realizando desde los años 70. “Con tanto cambio, no hay quien se aclare”, se dice. Y lo cierto es que la estabilidad debería ser un elemento positivo en cualquier sistema educativo. LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOE y LOMCE. Ver en fila todas las siglas parece dar la razón a quien sostiene que tanto cambio es el principal problema educativo español.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que empezamos en un sistema educativo franquista y que la sociedad ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas, ¿tan excesivo resulta que haya habido siete leyes en casi cincuenta años? Puede que no ayude, pero tampoco creo que sea el principal problema ni la fuente del resto de problemas.

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El problema español

Se está hablando sin cesar del problema catalán para referirse al actual conflicto político entre el Estado Español y la Comunidad Autonoma Catalana, cuando en mi opinión se debería hablar del problema español. Y es que exactamente en la misma situación estaríamos, si en lugar de ser la mitad del pueblo catalán la que pide un Estado independiente, fuera la mitad del pueblo vasco o del gallego. El común denominador es pues el Reino de España, no el pueblo catalán, vasco o gallego. En Canadá o en Reino Unido tampoco se llegó a la misma situación que tenemos aquí. Se pactó. Y con mucha probabilidad, si algún otro Estado europeo tuviera una parte de su territorio con la mitad de su población pidiendo la secesión la respuesta no sería la misma que está siendo aquí

El problema es por tanto el concepto que buena parte de los españoles tiene del Reino de España, de la unidad nacional, el problema es el nacionalismo español. Es el nacionalismo español el que tiene a España como un pueblo forjado durante siglos en el crisol de la historia, y por tanto algo que está por encima de la voluntad popular, algo que no se puede debatir ni negociar, pues está grabado a fuego en el libro de la Historia.

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¿Qué se esconde detrás de la libertad de elección de centro educativo?

En España coexisten tres redes educativas, que se diferencian, entre otras muchas cosas, en el gasto económico que suponen para las familias que “eligen” escolarizar en ellas a sus hijos e hijas. Según la OCU, el gasto medio anual de un niño o niña escolarizado en un centro privado concertado es el doble que en un centro público. En el caso de los centros privados no concertados el gasto cuadriplica al de un colegio público.

Generalizando lo necesario para poder analizar un tema tan complejo como es la escolarización, podemos ver como estas grandes diferencias entre el gasto que supone para una familia la escolarización en una u otra red conllevan una selección o segregación del alumnado ya desde la cuna en función del nivel socioeconómico de cada familia. Dicho de otra forma, la existencia de las tres redes favorece la perpetuación de la actual estructura social clasista, ya que hay una relación evidente entre el tipo de titularidad del centro escolar y el grupo socioeconómico de su alumnado. 

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