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Juan Manuel Aragüés

Profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza.

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El PSOE nos deja sin ética

Quizá sea una cuestión de ingenuidad, pero en ocasiones, ciertos incumplimientos nos siguen pillando por sorpresa.  No por la naturaleza del incumplidor, cuyo currículo en esa asignatura raya, desde tiempos de la OTAN, el sobresaliente cum laude con mención europea, sino por tratarse de un tema para el que solo se necesitaba voluntad política, una cierta lucidez y, por ahí vendrá la cuestión, un ánimo mínimamente progresista.  Porque recuperar la Ética como asignatura para cuarto de la ESO, más que algo aceptable debiera ser una prioridad en una sociedad sumergida hasta las cejas en la corrupción.

Hace tiempo que pienso que es preciso reformar en profundidad el sistema educativo, pero, precisamente, exactamente en la dirección contraria en la que van las actuales tendencias.  Empeño superior de todo sistema educativo democrático debiera ser el de construir ciudadanía con capacidad crítica y autónoma.  Si de algo están huérfanas nuestras sociedades occidentales es de valores, de conciencia ciudadana. Su ausencia abre la puerta a derivas muy peligrosas, como las que estamos viviendo ya en el Viejo Continente.  No abogo, desde luego, por inculcar una tabla de valores, en absoluto, pero sí por dar herramientas a la gente joven para poder leer el mundo con un mínimo de autonomía y de espíritu crítico.  Cuando los medios de comunicación se han convertido en el más efectivo poder e instrumento de construcción de sujetos políticamente correctos, la enseñanza debiera ser un contrapunto para sacudir las conciencias adormiladas por el nuevo opio del pueblo.

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Fútbol y política

Creo que hemos sido muchos los que hemos sentido estupor al observar las actitudes de la directiva del Real Zaragoza con respecto al Ayuntamiento la pasada semana. No asistir a la tradicional recepción al club y publicar una nota de prensa crítica con el equipo de gobierno del Ayuntamiento supuso una evidente politización de un acto que debiera haberse mantenido dentro de la cortesía necesaria entre dos instituciones representativas, de modo muy diferente, de la ciudad.

Es cierto que en estos años ha habido desencuentros entre el club y el Ayuntamiento, el más sonoro el que tuvo que ver con una subvención de 800.000 euros finalmente aprobada.  El club, como es lógico, pretendió conseguir dinero para financiar sus actividades; el equipo de Gobierno del Ayuntamiento defendió, también con lógica, que el dinero público no puede ser utilizado, y menos de forma tan abundante, para subvenir las necesidades de una empresa privada.  Finalmente, la subvención se aprobó pero, como debe ocurrir siempre con el dinero público, sujeta a unos objetivos precisos, cosa que no gustó al club, que quería disponer del dinero a su antojo, en un planteamiento que no es acorde con la utilización del dinero público

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Ochocientos mil euros, baby

Es algo sabido que las grandes películas suelen tener su segunda parte, lo que ahora, de manera cursi, llaman secuela. La oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, que en 2015 rodó el éxito empresarial One million euros, baby, para evitar que las grandes empresas tributaran de manera más ajustada a sus ingresos, culmina estos días el rodaje de la segunda parte, Ochocientos mil euros, baby, por la que se pretende destinar esa cantidad de dinero a una empresa privada sin ningún tipo de concurso, condición u objetivo claros. 

Una saga con marcado acento neoliberal cuyo único propósito es hacerle el caldo gordo a los poderosos. Algo a lo que nos tiene muy acostumbrados el PP, atento siempre a pagar con el dinero de todos por autopistas sin coches, depósitos de gas que nada depositan o aeropuertos sin aviones, pero que no debiera estar en la práctica política de una organización que se llama de izquierdas, como es el PSOE. 

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La inversión de la ideología

Hasta hace pocos años, la estrategia de la derecha española había sido la de borrarse como derecha, presentarse como un centro político carente de otra ideología que la del “sentido común”.  Como dice Barthes, la burguesía es la clase que siempre ha buscado borrar las huellas de su presencia, por lo que se ha escondido bajo conceptos como los de Nación, Pueblo o Patria.  De manera sorprendente, y coincidiendo con la crisis, la derecha se ha quitado las máscara ideológica y se siente con las suficientes fuerzas como para mostrar ese rostro que la vincula de manera directa con la dictadura.  Sin pudor. Tanto desde instancias partidarias, como judiciales o sociales, la derecha muestra, a veces con orgullo, el cordón umbilical que le une a la dictadura.

Sin embargo, el movimiento más sorprendente es el que se ha producido en el otro ámbito del espectro político.  La izquierda, que comenzó orgullosa exhibiendo su posición ideológica, aunque hablando un lenguaje de reconciliación nacional, ha ido difuminando sus perfiles hasta hacer de la ausencia de ideología una estrategia extremadamente extendida.  También es cierto que desde el régimen posfranquista se apostó fuerte por la domesticación de las fuerzas de la izquierda que tenían un mayor peso social.  En este sentido, el caso paralelo de CC.OO. e Izquierda Unida resulta paradigmático pues ese intento de domesticación fue coincidente en el tiempo y con resultados contrapuestos.  En la IU de Anguita supimos mantener, contra viento y marea, un tibio perfil socialdemócrata, a pesar de la campaña global de criminalización.  CC.OO. fue otro cantar, cuyos efectos todavía se muestran en el sindicato.

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Encomio y Ditirambo de la Audiencia Nacional

 Léase lo que sigue en voz alta y con solemne voz.  Mucho se viene escribiendo estos días a propósito de la sentencia que la Audiencia Nacional ha emitido en la caso de la tuitera Cassandra, en la que se le condena a un año de cárcel y siete de inhabilitación por sus tweets jocosos sobre el atentado contra su excelencia el Almirante don Luis Carrero Blanco, presidente que fue del Gobierno de nuestra patria.  Muchos de esos comentarios manifiestan, en ocasiones de manera vehemente, su desacuerdo con dicha sentencia, al entenderla no ajustada a derecho, valoración que me resulta en extremo inadecuada.

He llegado a leer que quizá, acaso, pudiera entenderse que la Audiencia Nacional (en lo que sigue AN), habría podido incurrir en un delito de humillación de las víctimas del terrorismo franquista, al haber defendido la figura de un destacado dirigente de la dictadura.  Este tipo de comentarios resulta de una enorme torpeza, en la medida en que, ateniéndonos a la actual legislación, la dictadura no produjo en modo alguno ningún tipo de víctima susceptible de ser atendida legalmente.  Pudiera concederse a quienes esto argumentan que el Alzamiento Nacional, y el posterior Gobierno del general Franco, debieron emplearse con una cierto celo para poner fin a los desmanes y desórdenes que la malhadada II República provocó en España, y que desembocaron en los tristes  episodios de nuestra Cruzada de Liberación.  Pero más allá de ese impulso de orden y paz, el Gobierno de Franco se atuvo con rigor a la legalidad vigente.

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Ya era hora

Casi cuarenta años han pasado desde la aprobación de la Constitución española y de la elección de los primeros ayuntamientos democráticos tras la Dictadura. En ese tiempo, ninguna corporación del Ayuntamiento de Zaragoza había considerado preciso recordar que buena parte de sus antecesores en el último ayuntamiento democrático, el de 1936, habían sido asesinados por los rebeldes fascistas a las pocas fechas del Golpe de Estado del 18 de julio.  Ese olvido, dejación o como queramos denominarlo, ha tenido que ser reparado por una iniciativa del actual grupo de gobierno de Zaragoza en Común, poniendo así punto final a una situación realmente vergonzosa.

El acto de descubrimiento de una placa con el nombre de los asesinados resultó de una gran emoción, pues en él participaron algunos descendientes de quienes perdieron la vida por el simple delito de haber sido elegidos por sus conciudadanos para representarles.  Pero también sobrevoló el mismo, al menos yo así lo entendí, un cierto sentimiento de estupor, al volver a constatar lo tremendamente difícil que resulta en este país recobrar la memoria democrática.  Extirpar la memoria material, que no histórica, de la ominosa Dictadura, los monumentos que ensalzan una página de sangre y odio protagonizada por la derecha de este país, es una tarea tremendamente complicada, a pesar, incluso, de las leyes promulgadas, como puede comprobarse todavía en el lateral del coro de la Basílica de El Pilar, donde aún se ensalza la Guerra Civil, calificándola como liberadora de la patria.  Conseguir colocar a escasos metros de ese monumento a la barbarie otro monumento a la justicia ha costado, lo hemos dicho, cuarenta años.

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