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Luis Bouza

Soy doctor en Ciencias Políticas por Universidad Robert Gordon de Aberdeen y coordino el programa de Estudios Europeos Generales del Colegio de Europa en Brujas. Investigo sobre la contribución de la sociedad civil al desarrollo de un espacio público europeo y sobre la crisis de legitimidad de la UE. En este momento me interesa especialmente la Iniciativa Ciudadana Europea.

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¿Es necesario que las CCAA estén representadas en Bruselas?

Esta semana se conocía que la Generalitat de Cataluña tenía intención de cambiar la denominación del responsable de su oficina en Bruselas para denominarlo como "Representante permanente". La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar anunciando que recurrirá dicho cambio de denominación. Bajo esta disputa aparece evidentemente el intento de la Generalitat de crear estructuras de Estado - representante permanente ante la UE es el término que utilizan los Estados Miembros para designar al responsable de la interacción cotidiana con las instituciones en Bruselas - y la del Gobierno de frenarlo. Pero también deja traslucir el tradicional recelo del Gobierno central ante la actividad exterior de las CCAA.

En los últimos años se ha usado la actividad exterior de las CCAA como ejemplo del "derroche del Estado de las autonomías". Más recientemente se ha querido poner el acento en la política soberanista de hechos consumados por parte de la Generalitat. Sin pretender abrir el debate sobre el modelo autonómico, no está claro que la representación de las CCAA obedezca a otra cosan que una estrategia perfectamente racional de influencia en la política comunitaria.  Conviene superar el marco interpretativo de la política nacional y tener en cuenta que dicho activismo no es exclusivo de las regiones españolas ni es inútil a la luz de la influencia de la UE en las competencias de los gobiernos subnacionales.

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¿Regular los lobbies en España?

La retirada de la propuesta para regular la actividad de los lobbies de las medidas de regeneración democrática resulta inmediatamente sospechosa. ¿La falta de voluntad o capacidad para regular este sector no es en sí misma la prueba de que los lobbies ejercen demasiada influencia sobre la política y que ha llegado la hora de regularlos? ¿Pero es la influencia de los grupos de interés el motivo de que este debate no haya avanzado más en España? Creo que no es el caso y que la falta de visibilidad de esta cuestión tiene que ver con una serie de temas más generales sobre la elaboración de las políticas públicas en España.

Tratemos de aclarar algunos términos. En España como en cualquier sistema democrático la libertad de asociación incluye la de organizarse para tratar de influir en política. Cualquier política pública genera costes y beneficios para distintos sectores cuya distribución tienen que sopesar los poderes públicos. A nadie se le escapa que la distribución de dichos costes no corresponde sólo a una determinada perspectiva sobre el interés general sino entre otros a los intereses de partido y de grupo. Por lo tanto más que salvaguardar un supuesto interés general de influencias externas es necesario velar porque ningún interés sectorial pueda monopolizar la agenda. Existen diferentes modelos de intermediación de intereses en democracia. Los lobbies -entendidos como despachos especializados en conseguir influencia para sus clientes- son más habituales en países y sectores donde hay una fuerte competencia entre grupos con intereses contrapuestos. El proceso de toma de decisiones en España sin embargo no se caracteriza por este tipo de competencia sino más bien por una fuerte centralidad de las instituciones y los partidos en la toma de decisiones.

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¿Debe preocuparnos el poder de los lobbies empresariales en Europa?

Se suele señalar que Bruselas es tras Washington la segunda ciudad con mayor representación de los lobbies. Los datos confirman la importancia de este fenómeno: se calcula que en Bruselas trabajan más de 20.000 representantes de intereses agrupados en más de 2.000 organizaciones. Esta realidad ha pasado desapercibida para la opinión pública en el contexto generalizado de la distancia de la UE con los ciudadanos. Sin embargo a medida que se politiza la integración europea la opinión pública ha empezado a cuestionarse quién influye en las decisiones comunitarias. La organización ALTER - EU ha lanzado la campaña "Politics for people - not for profit" mediante la que piden a los candidatos a eurodiputados un fuerte compromiso en el control de los lobbies. La campaña de Alter-EU -un lobby pro-transparencia- es significativa debido a su influencia para señalar la importancia de este tema en el pasado. Sirva como ejemplo que uno de los candidatos a eurodiputado, el juez en excedencia Elpidio Silva, ofrece acceso al Europarlamento a aquellos que financien su campaña.

Vivimos en un país con una cultura pública fundamentalmente jurídica que sigue dominada por la afirmación de que la ley es la expresión de la voluntad general, y donde es aún frecuente escuchar a académicos y políticos que los intereses sectoriales apenas tienen acceso a la agenda. Sin embargo, en el campo de la ciencia política se acepta desde hace casi un siglo que vivimos en sistemas pluralistas y que nuestra disciplina consiste en estudiar quién obtiene qué, cómo y cuándo. La ley -las decisiones públicas en general- lejos de reflejar el interés general reflejan el equilibrio de fuerzas en vigor en dicho momento.

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Suárez, el 23F y la transición: anatomía de un homenaje

El anuncio del inminente fallecimiento del ex-presidente Suárez por parte de su familia va a dar lugar tanto a un reconocimiento tardío como a un nuevo debate sobre el significado y resultado de la transición a la democracia. En el momento en que está a punto de desaparecer el último de los tres políticos que no se echaron al suelo durante el golpe de Estado del 23-F, resulta interesante releer el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, para contextualizar la figura de Suárez y la propia transición.

El libro es un ensayo histórico y político -o una novela de no ficción- y no una obra de investigación en la medida en que no se pretende aportar datos nuevos. Ello no resta interés a la interpretación del autor para el debate público sobre las circunstancias del golpe. Cercas elabora una serie de hipótesis convincentes sobre determinados aspectos para los que no dispone de los datos exactos de manera similar al que usa en su novela Soldados de Salamina. En Anatomía de un instante el autor centra su interés de nuevo en ese “pelotón de soldados que al final salva a la civilización”, constituido en este caso por el grupo de guardias civiles que comandados por Tejero entraron en el Congreso en la tarde del 23 de febrero y por los 3 diputados que desobedecieron las órdenes de los golpistas y se mantuvieron en sus escaños en un momento en el que peligraba su integridad física. Cercas elabora una serie de “suposiciones ilustradas” para analizar por ejemplo las relaciones del Rey y Armada o la implicación del CESID en el golpe. En ambos casos, sin poder emitir una conclusión definitiva, el autor muestra que con los datos disponibles la única explicación parece plausible es la de una conspiración para acelerar la caída de Suárez.

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La Iniciativa Ciudadana Europea, sociedad civil y la agenda europea

La crisis del euro demuestra la vigencia del debate sobre el déficit democrático de la UE a pesar de su antigüedad y de las reformas institucionales acometidas para legitimar la integración europea. Dichas reformas han incluido la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo, la participación de los parlamentos nacionales en el control de la subsidiariedad, la adopción de legislación sobre transparencia y el desarrollo de mecanismos para que los ciudadanos y la sociedad civil organizada participen en la elaboración de las políticas comunitarias.

Los mecanismos participativos han sido un elemento central de la estrategia de reforma institucional desde el año 2000. En especial entre 2001 y 2005 se introdujeron iniciativas sobre democracia participativa, la más conocida de las cuales es el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea de 2001. Dicha estrategia institucional culminó en un nuevo artículo sobre la democracia participativa en el fallido Tratado que establecía una Constitución para Europa (art. 47). A pesar de la austeridad retórica adoptada en el Tratado de Lisboa – lo cual incluyó la supresión del término democracia participativa en el Tratado – el contenido del art. 47 se mantuvo intacto en el actual artículo 11 (TUE).

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La democracia en España en 2013: un gran salto hacia atrás

Desde el año 2008 la Fundación Alternativas elabora un informe anual sobre la calidad de la democracia en España. Este estudio se basa en una encuesta entre politólogos, sociólogos y otros científicos sociales conocedores de la realidad española para establecer una medición de la calidad de la democracia en términos de procesos y de resultados. En este informe la calidad de la democracia se mide a través de un conjunto de 59 indicadores independientes que los encuestados evalúan de 1 a 10. Dichos indicadores se agrupan en cinco ámbitos claramente diferenciados: ciudadanía y Estado de derecho, representación política, gobernabilidad y rendición de cuentas, sociedad civil y participación y relaciones internacionales. El informe señala que el año 2012 –al que corresponde el estudio de 2013– fue descorazonador para la democracia española: el estudio arroja la puntuación más baja desde que se realiza, con un 5,2 sobre 10 y además constituye el mayor descenso en la puntuación desde que se realiza, en más de 0,6 puntos.

Los motivos de este acusado descenso en la calidad de la democracia tienen que ver fundamentalmente con el deterioro de las condiciones de vida como resultado de la crisis –los resultados de la democracia– con la erosión de la confianza en las instituciones – los procedimientos de la democracia – y con la pérdida de soberanía en el marco de la crisis del euro. El único ámbito en el que se observa una evolución positiva es en el relativo a la participación ciudadana gracias a la fuerte activación de movimientos sociales en el año 2012. El informe le dedica varios capítulos a estudiar en detalle cada una de estas esferas. En lo relativo a la economía y la protección social, se señala que la crisis y la forma de gestionarla están incrementando las desigualdades sociales. Llama la atención además la forma poco democrática de gestionar la política económica en la medida en que la impopularidad de las políticas de austeridad no impide su puesta en práctica. En lo relativo a la política institucional el informe señala el claro deterioro debido fundamentalmente a la ausencia de rendición de cuentas –abuso del decreto, falta de transparencia y debilidad de la oposición– y a la corrupción sumada a la percepción de impunidad. Este deterioro se manifiesta en un acusado descenso en la valoración de las instituciones por parte de los ciudadanos. Por último, el informe pone de manifiesto una transformación de la importancia política de la pertenencia a la Unión europea. Si hasta ahora España se ha caracterizado por un consenso permisivo acrítico en la que la UE era una garantía de estabilidad democrática y prosperidad económica, hoy es muy evidente que la pertenencia a la UE limita el margen de maniobra de la política nacional. En la medida en que la UE y en especial la zona euro no han desarrollado aún las instituciones democráticas propias de una federación, es evidente que las decisiones sobre la gobernanza económica son una limitación de la soberanía con efectos sobre la calidad de la democracia.

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¿Qué ha quedado del 15M?

Aquellos que culpan a la crisis económica y a la falta de ejemplaridad de las instituciones de la creciente desconfianza en la política toman al 15M como síntoma. Sin embargo el 15M no fue simple hartazgo sino el comienzo de un ciclo de contestación que supone un importante cambio de actitud de los españoles ante la política.

Creo que el 15M es uno de esos días en los que se desarrolla ante nosotros la trama de la historia y cuyos detalles recordaremos cuando nos pregunten ¿dónde estabas el 15M? Yo acababa de llegar a Escocia para terminar mi tesis. Había participado en movilizaciones que sirvieron de caldo de cultivo al 15M por lo que no me sorprendió por completo el éxito de la manifestación. Fue sin embargo la reacción de mis compañeros de Nigeria, Rusia y Argelia ante la ocupación de la Puerta del Sol la que me hizo ver la dimensión histórica de este acto de desafío. No entendían cómo era posible que los desde su punto de vista privilegiados jóvenes españoles que han crecido en democracia adoptasen el método de protesta de los revolucionarios de El Cairo.

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Cuidado con el relato, Europa

Hoy conmemoramos la declaración Schuman que dio origen al proceso de integración europea en 1950. A la luz de la reconciliación, la prosperidad y el fin de las dictaduras que predominaban en la Europa de los 50, la visión de Schuman fue un éxito. Sin embargo también hay que reconocer que la UE no ha estado a la altura de las circunstancias desde el inicio de la crisis del euro. Para los ciudadanos de Grecia y Portugal, la UE es cada vez más un poder ciego que impone sacrificios al servicio de Berlín. Pero para los alemanes y holandeses la UE comienza a perfilarse como un ente irresponsable que les obliga a arriesgar su propio bienestar a favor de países derrochadores e irresponsables. En la propia España, considerada durante mucho tiempo como referente del “europeísmo” la desconfianza hacia la UE ha aumentado en más de 50 puntos porcentuales desde 2007.

Las instituciones europeas reconocen desde hace más de una década que están lejos de las preocupaciones de los ciudadanos y han tratado de colmar esta brecha a través de cambios institucionales y mediante una política de comunicación. La UE ha pasado los últimos doce años reformando sus instituciones para responder más directamente al mandato de los ciudadanos. Sin llegar a ser un sistema parlamentario hoy las instituciones de la UE responden directa (Parlamento y Consejo) o indirectamente (Comisión) a la voluntad expresada en las urnas. Y sin embargo la distancia con los ciudadanos sólo ha cambiado para peor. Más que de un déficit democrático susceptible de ser solucionado con reformas institucionales, hoy debemos hablar de una crisis de legitimidad sistémica: Europa carece de demos y de kratos.

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La PAH y la agenda política

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está obteniendo una atención en el debate público que hasta hace poco hubiera sido atípica para un movimiento de la sociedad civil. Hasta el comienzo del 15M era muy infrecuente que un movimiento ciudadano o asociación obtuviese atención mediática y política de manera sostenida. Baste con señalar que de las 66 Iniciativas Legislativas Populares (ILP) presentadas al Congreso bajo la Constitución del 78 sólo una se convirtió en ley. La falta de transparencia sobre los lobbies, la debilidad de la sociedad civil organizada, la conexión entre sectores regulados y élites políticas y la fuerte centralización de los partidos políticos dificultan que las iniciativas surgidas de la sociedad puedan influenciar la agenda.

El estudio de la agenda, es decir de qué problemas reciben atención y solución por parte de los sistemas políticos y cuáles no, es uno de los temas centrales del análisis de las políticas públicas. El consenso actual es que la agenda política no responde a un modelo lineal. Podría pensarse que la atención que recibe la PAH es el resultado lógico de un colectivo que propone soluciones a un nuevo problema, el aumento del número de familias que no pueden pagar la hipoteca debido al aumento del desempleo. Para hacer frente a esta situación surge una organización que propone una solución que se discute en las administraciones e instituciones representativas que deciden darle actuar al respecto. En realidad sabemos que esto no es así. La agenda política suele ser el resultado del encuentro de propuestas que buscan problemas que solucionar y de problemas que necesitan solución. La atención de las instituciones a los problemas y las soluciones que les dan no depende sólo de su importancia, de su urgencia o del número de personas afectadas. Estos factores vienen condicionados por la identidad y la influencia de los promotores: por importante e incluso urgente que sea un problema su acceso a la agenda política depende los intereses en juego. El debate actual sobre la dación en pago quizá no fuese posible sin la pérdida de credibilidad que ha sufrido el sector financiero.  Conseguir atención política para un problema requiere tiempo – con frecuencia más de una década – y la organización de una coalición promotora amplia y diversa.

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Escraches, lobbies, pluralismo y agenda política

Desde que la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) comenzó un proceso de señalamiento de los diputados que no se han manifestado a favor de la Iniciativa Legislativa Popular bajo el exótico nombre de escrache era sólo cuestión de tiempo que se abriera un debate sobre la legitimidad de este tipo de protesta. Lo que hace que este debate sea tan poco interesante es que las líneas de frente están trazadas en el mapa de campaña que todos conocemos. El PP y la prensa conservadora califican el escrache de "acoso salvaje", lo equiparan a la intimidación a los representantes de la soberanía popular – el mismo argumento que se utilizó contra las manifestaciones que intentaron rodear el Congreso el 25 de septiembre – y advierten que circulan instrucciones de intimidación por internet. Por otra parte la respuesta de la PAH y la prensa de izquierdas también es previsible. Más intimidación es que te echen de tu casa. Los políticos no nos representan.

No quiero decir con ello que el debate sobre la legitimidad del señalamiento individual de los diputados no sea revelador. Quiero decir que los encuadres establecidos de antemano ocultan el auténtico debate. Para avanzar en el mismo merece la pena analizar estos encuadres en detalle a través de un extracto de un artículo de El Periódico de Cataluña titulado "El PP se rebela contra el 'escrache'":

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