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Manuel Cancio Meliá

Catedrático de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación en materia jurídico-penal se refieren a diversas cuestiones de las reglas generales de la responsabilidad criminal y a varios grupos de delitos específicos, mientras que en el ámbito de la política criminal ha trabajado sobre las reformas penales en España, la armonización del ordenamiento penal en la Unión Europea y en Derecho penal comparado, latinoamericano y europeo.

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Banalización del terrorismo: fase dos

Identificarse con Casandra (la hija de Príamo, no  la tuitera injustamente sometida a persecución penal por un delito de terrorismo y finalmente absuelta por el Tribunal Supremo) siempre implica reconocer la propia irrelevancia, asumir el hecho de no haber sido escuchado, de no haber podido impedir el mal del que se alertaba. Sólo puede quedar la amarga, estéril y pequeña satisfacción de que el tiempo te haya dado la razón. Cabe imaginar que así se siente una parte importante de los penalistas (de la Universidad y del mundo judicial) que  advertimos durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2015 –que reformó los delitos de terrorismo– de que el texto propuesto resultaba altamente deficiente desde diversos puntos de vista técnico-jurídicos y político-criminales. Quizás también se sienta Casandra Joan Coscubiela, quien indicó lo que podía llegar a pasar con profética clarividencia (aunque sólo hayan pasado tres años, las cosas han cambiado muchísimo), alertando a los entonces parlamentarios de Convergència i Unió de que lo que pretendían aprobar acabaría siendo usado en su contra en Cataluña.

Ya antes de la radical reforma aprobada por los dos ex-bi-partidos había comenzado un proceso de extensión práctica de la noción legal de terrorismo. Primero fue la ampliación del concepto de terrorismo por vía de la ofensiva judicial del “todo es ETA”, abarcando no sólo la kale borroka –que había sido tratada durante décadas como desórdenes públicos u otros delitos comunes–, sino también al entorno estrictamente político de la organización terrorista. A partir del fin de ETA como organización armada en 2011, comenzó una nueva etapa: en esta fase uno de la banalización del concepto de terrorismo, se trataba sobre todo de rastrear determinadas manifestaciones de opinión escandalosas en la red y someterlas a persecución penal (en particular,  aplicando el art. 578 CP, que castiga  la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas desde 2000). A pesar de la atención que ha merecido en el debate público y de la justificada crítica que se ha generado desde diversos sectores sociales, políticos y jurídicos, por estar en entredicho la libertad de expresión, esta primera fase puede quedarse en un mero prólogo, en un anuncio de tormenta nada más. En efecto: procesos recientes en los que se ha calificado la conducta investigada como terrorista, como los relativos a los hechos de  Alsasua de 2016 o los de los llamados  “Comités de Defensa de la República” en diversos puntos de Cataluña, pueden implicar entrar en una fase dos de la banalización de los delitos de terrorismo, en la que ya no se trata de atraer al campo de lo terrorista actos de comunicación de diversa índole, sino conductas que pueden ser gravemente delictivas ya de por sí, y que, transformadas en terroristas a través de la nueva y laxísima cláusula de definición del terrorismo del art. 573.1 CP, son susceptibles de ser castigadas con penas severísimas. Parece claro que este tratamiento desorbitado de los hechos desvía la atención de los hechos delictivos realmente cometidos y es susceptible de generar una reacción social muy adversa, contribuyendo a procesos de polarización de la ciudadanía.

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La banalización del terrorismo en España: la Ley y (algunos) jueces

En estos últimos años, cada vez resulta más difícil intentar explicar a los conciudadanos europeos lo que está pasando en España con el Derecho penal antiterrorista aplicado a determinados actos de comunicación. Procesos como los dirigidos contra César Strawberry o Valtónyc generan verdadero estupor al norte de los Pirineos cuando uno cuenta qué es lo que ha motivado el procesamiento o la condena (la reacción es siempre de incredulidad: "Ya, pero seguro que debió decir algo más, ¿no?"; "Pero ¿no estaba además incitando a hechos concretos?").

Es cierto que la nueva regulación de los delitos de terrorismo de 2015 (cuando el entonces secretario general del PSOE estaba aún en el sí es sí, en la seriedad institucional y el "Pacto de Estado" con la organización que entonces y ahora controlaba el Gobierno del Estado) cambió por completo el sistema de definición –ampliándolo enormemente– de estas infracciones que ha estado en vigor más cuatro décadas, la regulación que ha acompañado todo el ciclo del terrorismo de ETA desde la transición hasta el cese de la violencia.

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Extranjería, expulsión y Derecho Penal: lecciones suizas

Todos los que de algún modo tienen relación con el sistema penal saben que este se ha expandido de manera dramática en las últimas décadas. Esta situación, común a todos los países occidentales, es especialmente pronunciada en España, donde el Código Penal ha sido sometido el verano pasado a una nueva y profunda revisión, con el único apoyo parlamentario del Partido Popular, a menos de cinco años de la última reforma -y van treinta desde 1995, un verdadero frenesí.

Muchas voces críticas con el contenido de esta tendencia expansiva, que denuncian la falta de coherencia, dudosa constitucionalidad y lamentable factura técnica de las nuevas normas hipertróficas, cuando no su completa irracionalidad, señalan también que un porcentaje importante de la ciudadanía estaría a favor de los cambios que amplían el alcance del ordenamiento penal. De hecho, se desenmascara una política de comunicación social mendaz por parte de algunos agentes políticos, el llamado “populismo punitivo” o “Derecho Penal simbólico”, como mecanismo para crear artificialmente una agenda pública en la que el Derecho Penal y su endurecimiento juegan el papel de desviar la atención de la población de otras cuestiones. Esta estrategia lleva, según parece, a una confrontación permanente entre la “opinión experta” (y “garantista”) de los juristas y la voluntad de la ciudadanía: como indica un titular periodístico sobre la pena de cadena perpetua introducida el año pasado en España, “ La mayoría de ciudadanos, a favor; los juristas, en contra”.

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La reforma penal: frivolidad, desvarío y populismo punitivo

De nuevo estamos en España ante una reforma penal de gran alcance. Incluso tras más de dos decenas de cambios en la legislación penal después de la aprobación del Código Penal de 1995, incluso en una época de legislación penal compulsiva -como la han calificado Díez Ripollés y Sáez Valcárcel-, la reforma aprobada por las Cortes ocupa una posición muy especial, que permite calificarla de histórica, tanto por el contexto político en el que se está produciendo como por el alcance de las modificaciones que introduce.

La forma

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"Pacto antiterrorista": por la pendiente deslizante hasta el fondo del barranco

El Derecho penal antiterrorista en vigor en España es la regulación más amplia y severa de Europa occidental. No hay ni un solo eslabón de la cadena de actos que conducen a un atentado terrorista que no sea ya a día de hoy un delito amenazado con graves penas: ¿concertarse con otros –antes de toda preparación concreta– para cometer un acto terrorista, o llamar a otros para que lo cometan? Conducta penada como conspiración, proposición o provocación para realizar actos terroristas (art. 579.1 I CP). ¿Publicar en una página web un texto que valore positivamente las actividades de grupos terroristas? Un delito de difusión de "consignas o mensajes" que puedan alentar a otros a cometer delitos terroristas (art. 579.1 II CP). ¿Trasladarse al territorio dominado por un grupo terrorista y recibir formación militar? Un delito de colaboración con organización terrorista, previsto en nuestra Ley penal desde hace décadas (art. 576 CP). ¿Recaudar fondos para una organización o grupo terrorista? Una infracción prevista incluso por partida triple en la regulación vigente como modalidad de colaboración (arts. 575, 576 y 576 bis CP). ¿Realizar algún delito (por ejemplo: de daños, quemando un cajero automático), por parte de un autor que no tiene relación alguna con nadie, pero con la voluntad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública? Un delito de terrorismo individual, penado desde hace veinte años y aplicado centenares de veces contra la llamada kale borroka (art. 577 CP). Lo que hasta ahora no está penado, desde luego, es leer en soledad determinados textos con malas intenciones, o pensar determinadas cosas perniciosas en el fuero interno, o poseer determinados libros de contenido malo – hechos que ahora sí se quieren criminalizar. No están penados hoy, ni aquí ni en ningún país occidental, porque no debe ser criminalizado el mero pensamiento en un Estado que no sea una dictadura totalitaria, y, además de no poder ser, es imposible: no se puede demostrar qué intención tiene quien aún no ha hecho nada.

Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de "adaptar" la regulación española a un "nuevo terrorismo", el de Daesh u otros grupos similares. La lectura de cualquier diario muestra que todos los días se detiene a personas que viajan a Siria o se ponen en contacto con organizaciones terroristas o recaudan dinero con tal fin, por ejemplo. Esa supuesta necesidad de adaptar la legislación española, repetida machaconamente por autoproclamados "expertos" en "antiterrorismo" de pretendidos think tanks y difundida por todas las baterías mediáticas del nuevo bloque bipartito que sustenta el llamado "pacto de Estado" se proclama desconociendo por completo la Ley vigente, la realidad de la persecución policial de los terroristas y el sentido común (aparte de que, según parece, se vive muy bien como palmero paniaguado del negocio del miedo).

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Criminalización de la protesta social

A ha sabido por una página ad hoc, que ha aparecido recientemente en internet y está residenciada en un servidor a miles de kilómetros, de una convocatoria para “bloquear el Parlamento” en una fecha próxima, en la cual la cámara tiene previsto debatir un polémico proyecto de ley de reforma de la legislación laboral. En la página web en cuestión -anónima aparte del logo “Resistencia Anticapitalista”- aparece un texto en el que se afirma: “debemos contraponer a la violencia estructural del sistema la legítima resistencia, por los medios que sean necesarios, de las clases populares”. A envía por una red social a varias decenas de personas la convocatoria, haciendo suyo el mensaje, añadiendo: “¡Bloquea el Parlamento! ¡Resiste!”; por otra parte, cuelga un enlace a la página de la convocatoria con un mensaje idéntico. La manifestación resulta un fracaso, no hay bloqueo alguno, sólo acude un grupo de personas vestidas con túnicas naranjas, quienes ruegan por la paz espiritual de los diputados con cánticos orientales. A la mañana siguiente, la policía detiene a A en su domicilio. A pesar de que no ha habido ni manifestación ni “bloqueo”, la conducta de A es constitutiva de delito, según los funcionarios que le detienen, ya que A habría difundido una “consigna” idónea para “reforzar la decisión” de terceras personas de llevar a cabo delitos de desórdenes públicos graves.

Lo acabado de relatar no sólo puede ocurrirle a un Aleksandr, Alí o Aykut en Moscú, El Cairo o Estambul, sino también a Ander, Andrés, Anxo o Andreu en España -en caso de que se apruebe la reforma del Código Penal que actualmente se está tramitando en las Cortes, esta detención también podrá producirse aquí.

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Una reforma irresponsable, un ataque a la Constitución

De repente, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso ha presentado, justo antes de Navidad -antes de los atentados de París-, un proyecto de reforma del Código Penal que reorienta -junto con otros muchos cambios profundos- radicalmente todo el Derecho Penal antiterrorista español. Se pretendía inicialmente y se sigue pretendiendo, según parece, aprobarlo de modo extraordinariamente rápido, durante este mes de enero, haciendo uso de la mayoría parlamentaria que sustenta aún al Gobierno del Estado. La reforma se presentó por vía de enmienda del propio Partido Popular a su reforma general del Código iniciada en 2012 por el anterior ministro de Justicia, reforma que había quedado encallada en su tramitación parlamentaria, respecto de la cual hace algunas semanas el nuevo ministro anunciaba que sería abandonada como tal y que ahora, sin embargo, se ha decidido aprobar en un tiempo récord. En el ámbito concreto de los delitos de terrorismo, este cambio se quiso aprobar inicialmente sin haber entablado negociación alguna con los demás grupos, ni siquiera con el PSOE -como venía haciéndose desde siempre.

Ahora, después de los ataques yihadistas de París, el Gobierno ha escenificado -y el Partido Socialista se ha prestado a ello, aunque, de momento, ninguna otra fuerza política le ha seguido- un llamado “pacto de Estado” contra el terrorismo yihadista, que tomará como punto de partida este texto proveniente del grupo parlamentario del PP y que se quiere ahora tramitar de modo separado de la reforma general del Código Penal.

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