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María Luisa Carcedo

Exsecretaria de Bienestar Social de la ejecutiva del PSOE. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Diplomada en Medicina del Trabajo. Médica en Atención Primaria de Salud en Servicio de Salud de Asturias (SESPA). Senadora por Asturias.

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La Sanidad es un derecho, no un negocio

Ante la inminente finalización del plazo de la concesión administrativa para la gestión de los servicios sanitarios en el Área Sanitaria de Alzira, se están produciendo intolerantes presiones sobre el Consell de la Generalitat valenciana para impedir la reversión de la gestión a la Agencia Valenciana de Salud.

A los múltiples recursos, incluidos judiciales, y a las sucesivas campañas sobre la supuesta ineficacia de la gestión pública (nunca demostrada) de los servicios sanitarios o, como último recurso dialéctico ante la ausencia de pruebas, la defensa de la indiferencia entre la gestión pública o privada en la prestación de los servicios públicos, se suma la reciente noticia sobre presiones del ex ministro Morenés para impedir la extinción del contrato con Ribera Salud para la gestión de los servicios sanitarios del Área Sanitaria de Alzira.

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10 razones para revertir las privatizaciones en la sanidad

1. Porque la privatización de los servicios públicos forma parte del llamado proceso de mercantilización del Estado de Bienestar. La campaña de devaluación de lo público y de desprestigio del papel del Estado arranca ya hace más de tres décadas con la intrépida decisión de Ronald Reagan y Margaret Thatcher de poner en práctica las teorías neoliberales (Hayeck, Freedman). Sin embargo, la embestida reciente de invasión privada de los servicios públicos ha tenido una ocasión de oro en la última gran recesión originada por la grave crisis financiera, consecuencia de una feroz especulación y desalmada financiarización de la economía que sustenta la progresiva mercantilización del Estado de Bienestar. Y la sanidad no se escapa a este proceso (entorno a un 9% del PIB entre recursos públicos y privados) es un bocado muy suculento y apetecible.

2. Porque el contexto de la reciente crisis ha sido utilizado para debilitar el Estado de Bienestar y la incorporación de negocio en los servicios públicos. La famosa frase de “el Estado no es la solución, es el problema” pronunciada por Reagan encierra toda la ideología que no solo guió el proceso en EEUU y el Reino Unido, sino que continúa presente en las políticas de austeridad de la UE y en los objetivos de estabilidad logrados a costa de reducir las políticas públicas, en especial, las políticas sociales. Basta con repasar los objetivos planteados por el Gobierno de España en el marco de estabilidad y remitidos a la Comisión Europea., en los que para 2020 Rajoy se compromete a reducir la participación de la Sanidad pública en el PIB hasta el 5, 67% y la educación al 3,57%, cuando los objetivos razonables serían del 7% para ambos, en consonancia con los países de nuestro entorno y nivel de renta.

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El PSOE decidió pagar la factura

"El PSOE decidió pagar la factura". Es uno de los argumentos utilizados para justificar el cambio de posición del PSOE, acordado en el Comité Federal del 23 de octubre, por el cual, mediante la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, se permitió la elección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, optando por el "mal menor" para desbloquear la situación del país y evitar así unas terceras elecciones. El "mal mayor", sin entrar a valorar cuánto de malas eran otras alternativas o posibilidades.

La factura la pagó el PSOE "para que no la pague el país" siguiendo la lógica de "primero España y después el Partido", causa principal de la crisis desencadenada en el Partido Socialista, pretendiendo identificar este orden de prelación con la defensa del interés general, la responsabilidad institucional y el bien general del país frente a la actitud "cicatera" del interés partidista, perjudicial para España.

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La agenda social del Gobierno o catalizador de desigualdad

Simultáneamente a que el Consejo de Ministros anunciase su virtual Agenda Social, aprueba el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, ahora vigente. En buena lógica, deberían recoger la financiación de los Planes publicitados, pero sin embargo, lejos de recuperar la protección social deteriorada, vienen a consolidar el proceso de revisión del modelo de convivencia llevado a cabo esta legislatura, centrado en dos objetivos fundamentales para su ideario político: reducir el tamaño del Estado y establecer un nuevo orden en la distribución de la riqueza. Mediante dos bloques de medidas: recortes en las políticas sociales y cambios estructurales, ratificadas ambas en las cuentas 2015.

Durante esta legislatura se ha llevado a cabo un proceso de deconstrucción del Estado de Bienestar en dos direcciones: por una parte reformas estructurales orientadas a una progresiva mercantilización, sustituyendo los derechos de ciudadanía por aseguramiento (sanidad), resultados escolares, (becas), copagos (sanidad, dependencia, tasas) privatización de la gestión (sanidad, servicios sociales...), etc. Por otra parte, los recortes más duros para el cumplimiento de los objetivos de déficit se han operado sobre las políticas de bienestar, tanto directamente en los PGE como de exigencias a las CCAA y las Corporaciones Locales (CCLL). Todo ello bajo el mantra de la crisis económica sin aportar una sola evidencia que avale la pertinencia o eficacia de esas medidas.

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