La situación de pobreza y exclusión en nuestra tierra durante la crisis llegó a afectar  a más del 40% de la ciudadanía, con miles de hogares donde todos sus miembros estaban en paro. Hoy, con unos beneficios empresariales que en 2018 supusieron más de 38.000 millones de euros respecto a la etapa de crecimiento anterior, la situación para la clase trabajadora en Andalucía sigue siendo muy preocupante, auspiciada sobre todo por una precariedad laboral insoportable; bajos salarios, contratos de corta duración con una media inferior a tres meses y una contratación a tiempo parcial de más del 17%. Datos estos que evidencian la necesidad de aplicar en nuestra tierra políticas activas de empleo, de incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo para combatir el fraude en la contratación, y de la puesta en marcha de un plan de empleo. En este contexto, los niveles de desempleo son insoportables y las familias andaluzas tienen que contar con una última red de protección y, la Renta Mínima de Inclusión Social, que introduce dos derechos irrenunciables para CCOO, la prestación económica y el plan de inclusión socio-laboral.

Esta Ley, fruto de la presión que ejercimos las organizaciones sociales ante una situación totalmente insostenible en Andalucía, nació con problemas de gestión y tramitación debido, por un lado, a la falta de previsión de la anterior Administración de la Junta que estableció su entrada en vigor sin tener en cuenta las exigencias que conllevaban estos derechos y sin considerar las necesidades de las administraciones para informar, tramitar y gestionar este nuevo modelo; y por otro, a los recortes sufridos en los Servicios Sociales Comunitarios y en los Servicios de Empleo, imprescindibles para que la Renta funcione con agilidad.

El asesinato es la forma más cruenta de la violencia machista. Pese a la corriente de negacionismo que se extiende a lo largo y ancho de Andalucía, acompasada por quienes no dudan en tergiversar las cifras y la propia historia para fundamentar sus posiciones ideológicas, los datos son tozudos y el número de mujeres asesinadas a manos de la violencia machista es la evidencia más tangible de esa abominable realidad. Cierto es que desde hace más de una década se están implementando políticas y medidas dirigidas a acabar con ella, pero no es suficiente, porque hay que atajar este grave problema desde su raíz y abordar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad.

Los avances alcanzados en la lucha contra la violencia de género han sido gracias al papel protagonista asumido por las mujeres, cuyos esfuerzos han contribuido a dar pasos hacia una sociedad más igualitaria y democrática. En este camino, hay que tener muy presente que las diversas formas de machismo dificultan la conquista de la plena igualdad y el fin de la violencia de género. Hablamos de educación diferenciada, con la segregación por sexo en las escuelas, algo a lo que CCOO se opone, y que no tiene sentido si aspiramos a que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Y hablamos del mundo laboral, donde las mujeres andaluzas sufren una mayor precariedad, con un desempleo del 26,9% (frente al 19,8% de los hombres), mayores dificultades en el acceso al empleo en igualdad de condiciones (en 2019, acumulan ya 651053 contratos formalizados menos que los hombres), cobran hasta un 40% menos desempeñando el mismo trabajo y padecen una tasa de jornada a tiempo parcial involuntaria superior al 60%.

El crecimiento poblacional, el envejecimiento de la sociedad, la brecha de género, la precariedad laboral impuesta por las empresas y los recortes de los servicios públicos son algunos de los problemas comunes a nivel mundial que han creado una difícil situación que exige medidas urgentes para avanzar en una sociedad más equilibrada y con parámetros de justicia social más amplios. En este sentido, el próximo 7 de Octubre se celebra el Día Mundial por el Trabajo Decente, que una vez más será una jornada de movilización en el que sindicatos de todo el mundo se manifestarán reclamando trabajo decente.

Sin duda, esta reclamación en Andalucía cobra especial relevancia ya que el mapa de España dibuja una brecha económica abismal entre el norte y el sur del país. Porque no sólo la Tasa de Paro o la Renta per Cápita marcan notables diferencias entre Andalucía y el resto de España (no hablemos ya con respecto a la media europea), sino que, además, otros indicadores muestran cómo el nivel de deterioro de las condiciones de trabajo hacen más necesario que nunca alzar la voz colectiva de las personas trabajadoras por un Trabajo Decente en nuestra Comunidad.

La crisis climática no permite más dilación. Hay que actuar con una respuesta urgente, común y unitaria y aquí radica el verdadero cambio necesario. Urgente porque el diagnóstico de la comunidad científica acerca del calentamiento global es ya unánime e irreprochable, además de advertida desde hace años, ya que, si no se ponen en marcha medidas eficaces de mitigación y adaptación en todo el mundo, los diversos informes aseguran que la producción agrícola mundial bajará un 30% mientras la demanda de alimentos básicos crecerá un 50% para el 2050. Además, los problemas serán más graves ya que habrá 1.400 millones más de personas afectadas por la falta de agua.

Estos efectos serán más intensos en la región mediterránea y en concreto en nuestra comunidad, al ser una de las más afectadas por los desplazamientos de población y efectos en la salud de las personas, por la pérdida de biodiversidad y empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones; en definitiva, unas consecuencias catastróficas para las generaciones presentes y futuras.

Ahora hace un año que se firmó el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, un acuerdo clave para la economía de lo macro –España y Andalucía- y de lo micro –empresas, personas trabajadoras y ciudadanía-, y por tanto es buen momento para hacer un balance inicial del impacto y sobre todo del recorrido futuro de este acuerdo en nuestra comunidad.

Con su firma, los objetivos eran claros: impulsar la negociación y actualización de los convenios colectivos, promover un reparto más justo de los beneficios generados por las empresas que en 2018 fueron 38.000 millones de euros más que en el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior, impulsar la igualdad desde las empresas, fortalecer el convenio sectorial e impulsar la creación y calidad del empleo gravemente dañada por las últimas reformas laborales. No cabe duda de que en España algunos de estos retos se han cumplido, sin embargo en Andalucía la valoración es agridulce.

Se han quedado en la estacada. La juventud andaluza se ha quedado en el limbo del sistema. Se les prometió que si se formaban, tendrían empleo de calidad. Se les prometió que vivirían mejor que la generación de sus padres. Se les prometió que, esforzándose, algún día llegarían a dirigir sus vidas en un contexto de prosperidad.

Los avances en democracia y la lógica del Estado Social que se iba fraguando, y bajo la que nacieron, han permitido que se rompieran muchas barreras, sobre todo, de clase. Así, por primera vez las hijas e hijos de familias trabajadoras accedieron a estudios superiores gracias a un sistema público educativo y becas. Un esfuerzo colectivo que junto al individual del esfuerzo –y familiar- debería marcar su futuro. Eso, les prometieron, les abriría las puertas de las empresas, de ilusionantes proyectos… Nada más igualitario que eso.

Ya se han cumplido los 100 primeros días del Gobierno del cambio y, por desgracia, han sido 100 días perdidos para el mundo del trabajo. Pasado el umbral del 26 de mayo y el periodo de gracia del Gobierno, llegan los presupuestos para 2019. Unas cuentas que ni son sociales ni son creíbles. Y que además llegan tarde y mal.

Los tres partidos que sustentan el Gobierno de Andalucía han dado luz verde a unos presupuestos que son puro atrezzo: mucha literatura, medidas aparentemente sociales y expansivas pero que parecen enmascarar una intención privatizadora de los servicios públicos. Y es que las cuentas no cuadran, porque se prevé crecimiento pero los ingresos para financiar los servicios públicos proceden de la venta de inmuebles (una medida que debería ser extraordinaria). Y encima, la fuente de financiación más segura y estructural que deberían ser los impuestos, se ve desdibujada: estas cuentas vaticinan una reducción de la presión fiscal a quienes más tienen, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajando el IRPF a las rentas más altas. En definitiva, menoscabar las arcas públicas en detrimento de la clase trabajadora. Andalucía necesita una reforma fiscal, pero en la línea opuesta a la puesta en marcha por este Gobierno.

Cien días perdidos para el mundo del trabajo. Así se podrían resumir los cien días que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva en el Ejecutivo. A lo que habría que añadir, yendo al fondo, una clara intención de gobernar en favor de los que más tienen, encaminando a nuestra comunidad hacia un nuevo modelo económico y de prestación de servicios basados en la colaboración público-privada, la privatización y la externalización de servicios públicos.

En este tiempo, hemos visto cómo las medidas adoptadas en materia impositiva con la eliminación del impuesto de sucesiones y la modificación de los porcentajes del IRPF tienen como beneficiarias principales a las economías más ricas. Con la modificación de los tramos de IRPF, que baja tres puntos para las rentas superiores a los 120.000 euros y tan solo medio punto para la rentas más bajas. Si tenemos en cuenta que el salario medio en Andalucía ronda los 15.000 euros anuales queda claro a quién beneficia esa medida.

Desde 1889, el Día Internacional del Trabajo ha ido adaptándose a las diferentes etapas vividas en nuestro país, pero siempre, de un modo u otro, ha tenido un hilo conductor: el de reivindicar los derechos laborales y unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.

Este Primero de Mayo, hemos de seguir reivindicando cuestiones que tendrían que estar más que superadas tras más de un siglo desde su origen y de 40 años de democracia en España. En CCOO tenemos el convencimiento de que las personas tienen que estar por encima de los intereses económicos, de que la agenda social y el mundo del trabajo han de ser centrales en la agenda política de España y, especialmente, de Andalucía.