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Raúl Rodríguez

Profesor ayudante-doctor de Derecho Internacional Público (2011), Doctor en Derecho 2010, Premio del Congreso de los Diputados a la mejor tesis en el ámbito del Derecho relacionada con las competencias del Congreso por la tesis "La participación de las Cortes Generales en la política exterior española (1979-2007)" (2011), Premio extraordinario de doctorado en Derecho Público de la Universidad de Oviedo (2011) participante en los Directed Studies de la Academia de La Haya de Derecho Internacional Público (2011), Investigador invitado en el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Bonn, Representante del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental ante la IV Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2010), Peticionario para el Sahara Occidental en representación de la Federación Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011). Publicaciones en diferentes ámbitos como la política exterior y la participación de los parlamentos, el uso de la fuerza en el derecho internacional, el derecho del mar, el derecho de la Unión Europea.

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Las Cortes Generales y el (des)control de la toma de decisiones en la Unión Europea

Las Cortes Generales participan en la toma de decisiones en la Unión Europea mediante tres mecanismos fundamentales. El primero de ellos afecta al proceso legislativo dentro de la Unión, por una parte, recibiendo información de las iniciativas legislativas de las Instituciones de la Unión y pudiendo pronunciarse sobre ellas y, por otra, a través del control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El segundo de los mecanismos hace referencia a las decisiones políticas que se toman en los Consejos Europeos y la influencia de las Cortes en el Gobierno. Finalmente, las Cortes Generales intervienen en la negociación de los tratados de reforma de la Unión.

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En materia de política (exterior) de seguridad, ¿infringe la ley española la Carta de Naciones Unidas?

El pasado seis de septiembre la Casa Blanca publicaba la Declaración conjunta sobre la crisis Siria, acordada en San Petesburgo por once Estados a los que posteriormente se han sumado otros. En ella, se condena enérgicamente las violaciones de derechos humanos y el uso de armas químicas y, tras recordar su apoyo al Consejo de Seguridad, se advierte que la comunidad internacional no puede permitirse que la parálisis de este órgano impida la respuesta a las atrocidades en Siria. Entre los firmantes de la Declaración aparecía el Gobierno español, lo que generó dudas sobre una eventual participación de nuestro país en las operaciones militares. Con posterioridad, el Ministro de Asuntos Exteriores lo ha aclarado en el Senado: España no puede participar en la operación, lo prohíbe la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Esta contundente respuesta merece, sin embargo, algún comentario, a pesar de que a día de hoy la solución a la crisis, afortunadamente, sea diplomática.

La mayoría de las Constituciones modernas han optado por considerar la guerra como una de las decisiones más graves que se pueden adoptar, entendiendo que un solo poder del Estado no debería tener la capacidad de ordenarla y dividiendo semejante resolución entre diferentes órganos constitucionales cuyas voluntades deben concurrir al proceso decisorio. En la Constitución española se ha conferido al Gobierno la dirección de la política exterior, a las Cortes Generales el control de la acción del Gobierno y al Rey la declaración formal de guerra, una vez autorizado por las Cortes; más recientemente, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional ha sometido la mayor parte de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior a la autorización del Congreso. Esta distribución de competencias es un tanto diferente en el caso de los grandes promotores de la intervención, Francia y Estados Unidos. En ambos supuestos los poderes de los Presidentes son más amplios y podrían ordenar la acción militar unilateralmente, al menos durante 60 días en Estados Unidos y 90 en Francia, tras los cuales deberían recabar autorización del legislativo; no obstante, la práctica parlamentaria ha implicado que el Ejecutivo voluntariamente obtenga el respaldo o la aprobación de las Cámaras para sustentar democráticamente su decisión y garantizarse apoyos políticos en el plano interno.

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