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Toni Soler

Periodista, historiador y productor de radio y televisión

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 151

¿Mayorías amplias?

El aniversario del primero de octubre y los hechos acaecidos en las semanas posteriores es fuente de un intenso debate, especialmente en Cataluña, pero también en el conjunto de España, ya que el referéndum fallido, la represión policial y sus consecuencias (muy particularmente el discurso del rey del día 3) han suscitado un amplio debate sobre el modelo territorial y la vigencia de la Constitución de 1978.

Que el asunto ha trascendido fronteras lo demuestra el estreno del documental Las dos Cataluñas que Netflix acaba de estrenar. Todavía no he podido verlo, pero el título me parece muy significativo del marco mental que parece haberse impuesto entre la opinión pública española: La tesis del conflicto interno. El “problema catalán” entendido no como una confrontación entre Cataluña y el Estado, sino una profunda grieta dentro de la sociedad catalana, a la que España asiste como una simple espectadora. Es la tesis que han abonado, con bastante éxito, los dirigentes de Ciudadanos, PSOE y PP. Y es una tesis con base, pero no explica el problema en su conjunto.

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Recuento de daños

La inmovilidad del constitucionalismo español hace prever que el contencioso catalán no se resolverá en breve; por otra parte, la mayoría de los catalanes sabe que el soberanismo catalán no tiene la fuerza coercitiva para imponer una solución a las bravas, aunque esta solución sea tan democrática como un referéndum de autodeterminación. Se podría decir que estamos ante un empate indestructible; ni Catalunya se impone como sujeto político, ni España consigue hacer de Catalunya un hecho diferencial controlable, al estilo valenciano.

Sin embargo, los hechos no respaldan tal empate: Tras los acontecimientos del octubre pasado, la estrategia independentista quedó en evidencia, parte de las élites económicas desertaron, los dirigentes más notorios del soberanismo quedaron fuera del tablero, y los actores internacionales han ignorado el problema. Los sondeos no cuestionan la mayoría soberanista pero los partidos que la integran están desorientados, lamiéndose las heridas y enzarzándose en estériles pugnas intestinas.

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Prisioneros de los presos

Se dice a menudo que el conflicto catalán es principalmente un asunto interno (es decir, entre catalanes) y los resultados electorales lo demuestran. Pero esta no es toda la verdad. También es un conflicto entre dos gobiernos y dos mayorías, la catalana y la española. Por otra parte, un conflicto sólo es interno si se puede resolver internamente, y es evidente que el futuro político de Catalunya no se va a resolver sin la participación activa del gobierno español, que se atribuye la fuerza y la legitimidad para intervenir. Por lo tanto, los partidarios de una solución viable tienen que actuar en dos frentes; alimentar el diálogo entre catalanes y hacer todo lo posible para que el gobierno español de turno muestre a las claras que quiere formar parte de la solución, en lugar de bloquearla o sabotearla.

Los partidos que defienden el 155 y la suspensión de la autonomía lograron un 43% de los votos en las últimas elecciones autonómicas. Es una minoría, pero una minoría lo bastante amplia como para no desecharla sin más en una futura mesa de diálogo. Sin embargo, son más los votos independentistas, y aún más los votos favorables al derecho a decidir (independentistas + comunes). Sería de una ceguera terrible imponer a este bloque mayoritario un desenlace que se limite a mantener la actual autonomía catalana bajo tutela, y con la intimidación añadida de los presos políticos, encarcelados de forma preventiva por unos delitos que toda la justicia europea está poniendo en cuestión.

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Por los aires

Las últimas decisiones del juez Llarena sitúan a Catalunya (y posiblemente a España) en un auténtico atolladero, un callejón sin salida de consecuencias muy difíciles de prever. La Generalitat está en manos del PP –sexto partido del Parlament, actualmente en el grupo mixto- mientras que el Parlament está bloqueado porque hoy existe una mayoría soberanista que no es operativa, porque sus integrantes no están de acuerdo en casi nada, excepto el objetivo final, cada vez más difuso. Los únicos partidarios de una tercera vía pactada –Podemos y su franquicia catalana, Catalunya en Comú- tienen sombrías perspectivas electorales.

La política española se está enroncando en una carrera desbocada del PP y Ciudadanos para ver quien tiene más músculo patriótico, lo que al parecer no pasa por mejorar la vida de los españoles, sino por exhibir más fobia anticatalana, más autoritarismo y menos respeto a los derechos civiles. Mientras tanto, el gobierno español sigue sin presupuestos, la arbitrariedad del poder judicial escandaliza a medio mundo (incluída la ONU, desde ayer), y se ensancha el abismo emocional entre una gran parte de la población catalana –no sólo independentista- y las instituciones de la democracia española.

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La ruleta rusa

Que Carles Puigdemont no será president lo sabe todo el mundo, empezando por él mismo. No lo será porque la justicia española quiere verlo entre rejas y porque un gobierno serio, sobre todo uno que quiere devenir república, no puede dirigirse por vía telemática. Punto.

Lo que se está dirimiendo en el campo soberanista no es la restitución efectiva de Puigdemont, sino cómo congeniar el reconocimiento de su legitimidad con la urgencia de un Govern ordinario que restañe las heridas causadas por la aplicación del artículo 155. JxCat quiere una investidura impugnada que dé paso a un segundo candidato o candidata. Pero ERC no quiere más daños colaterales.

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Dos dinosaurios siguen ahí

Con una participación del 82%, el resultado electoral del jueves en Catalunya no es discutible, aunque sería injusto soslayar la irregularidad de la convocatoria y la disfunción que ha supuesto la ausencia de los dos principales candidatos independentistas. Esto es especialmente cierto en el caso de ERC, que ha echado en falta la voz de Junqueras y no ha conseguido desprenderse de cierto tono melancólico que ha perjudicado su campaña. Por el contrario, los herederos de CDC han conseguido arracimar el voto en torno a la idea de la restitución del presidente exiliado. Existe una mayoría soberanista, sí, pero nadie sabe si Puigdemont volverá, o si Junqueras saldrá de prisión. Tampoco se sabe si se negociará un acuerdo con la CUP, con los Comuns (opción preferente para ERC), o si se formará un bipartito en minoría con apoyos externos, com acaba de sugerir Marta Pascal, jefa de filas del PDECAT, unas siglas que ayer resucitaron por arte de magia. Lo que parece evidente es que el independentismo quiere gobernar con la república en el horizonte pero sin hojas de ruta ni calendarios. Las heridas, reales y simbólicas, del 1 de octubre son demasiado recientes y, junto a la hiperactividad de los jueces, han resultado un deprimente baño de realidad para la parte más movilizada e ilusionada de la sociedad catalana. Desde este punto de vista, el gobierno Rajoy ha conseguido su objetivo: En las concentraciones soberanistas se grita llibertat más que independència. Se piensa en los encarcelados, y no en la emancipación nacional. Es una victoria parcial del 155.

Así pues, el dinosaurio del independentismo sigue ahí, con su 47% de los votos, inasequibles a la intimidación. Pero hay otro dinosaurio que se resiste a desaparecer; es más, se ha hecho un lifting y apunta maneras de depredador. Paradójicamente, el triunfo de Inés Arrimadas se ha erigido sobre el sacrificio del PP. Si Rajoy no se hubiera mostrado tan inflexible con los independentistas, no habríamos tenido este otoño tan conflictivo, que esparció el miedo entre los votantes españolistas menos movilizados. Con un candidato que genera rechazo y una campaña de perfil bajo, el PP regaló la victoria a Ciudadanos, quién sabe si a cambio de no hablar de corrupción durante una buena temporada. El derroche publicitario y los apoyos mediáticos han hecho el resto.Pero el éxito de Arrimadas ha desertizado sus alrededores, de manera que no tiene quien la apoye. La semilla de su éxito la recogerá, a lo mejor, Albert Rivera en el tablero español. Catalunya puede ser palanca de poder, como lo fue para el PSOE. Pero a C’s, que es más un aparato electoral que un partido, le queda mucho para convertirse en el PSC de Maragall.

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Mucho de qué hablar

La próxima etapa de la vida política en Catalunya estará presidida por el diálogo. El problema –un problema muy de estos tiempos– es que posiblemente el diálogo se produzca fuera de la política, o al menos fuera de las instituciones, porque los poderes públicos no están en una situación óptima para ejercer su papel de representantes de la ciudadanía. Es difícil que las elecciones del 21D alteren significativamente el equilibrio de fuerzas; y es aún más difícil que el gobierno español renuncie a su ADN autoritario para abrir una etapa de negociación con unos partidos a los que considera hostiles y sediciosos.

Con consellers y activistas encarcelados, cientos de alcaldes imputados o amenazados, pero también con un evidente déficit de credibilidad, el independentismo no quiere seguir sintiéndose prisionero de sus urgencias. Su objetivo es ganar el 21D para lamerse las heridas, reagrupar fuerzas, terminar con la amenaza que pesa sobre instituciones y personas. Cortoplacismo obligado. Seguramente obtendrá la victoria, más o menos matizada por el PSC y Catalunya en Comú. Porque los votantes independentistas pueden estar decepcionados con los suyos, incluso estar asustados por la represión; pero el llamado bloque del 155 les ha dejado muy claro cuál es la alternativa. Y no hace falta ser independentista para rechazar la política represiva del PP, la impunidad de la ultraderecha y el afán torero de humillar a unos dirigentes que, aunque fueran increíblemente torpes en octubre, siguen representando al sufragio popular.

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