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Víctor M. Ramírez

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Ni peligrosas ni delincuentes: el proceso de legalización de la disidencia sexual y de género en la España de la transición

Se cumplen este mes 40 años de la aprobación de la Constitución Española y también de la reforma (1) de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que eliminó a los que realizaran actos de homosexualidad, en términos de la ley, del catálogo de peligrosos sociales. Es, por tanto, un momento idóneo para analizar el proceso que permitió a las disidencias sexuales y de género ser legalizadas durante el proceso transicional, tras otros cuarenta años de represión franquista.

Habitualmente se identifica esta legalización con un momento determinado, como fue la citada reforma de la ley de peligrosidad social. No obstante, la legalización de la disidencia sexual fue un proceso más complejo y largo en el tiempo que no concluye, sino que más bien comienza, con la mencionada reforma.

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En el año 1970, las Cortes franquistas aprobaron la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social(1). La ley venía a sustituir a la Ley de vagos y maleantes y tenía como objetivo, según su exposición de motivos, “defender a las sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Entre los supuestos del estado peligroso previstos en el artículo segundo se encontraban “los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad o los que habitualmente ejerzan la prostitución”. La ley tenía asimismo el ambicioso propósito, según su declaración de intenciones, “de servir por los medios más eficaces a la plena reintegración de los hombres y de las mujeres que, voluntariamente o no hayan podido quedar marginados de una vida ordenada y normal”. Específicamente para los homosexuales la ley establecía el internamiento en un “establecimiento de reeducación” por  tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años.

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Tras la cruenta guerra civil española, el régimen de Francisco Franco dedicó todos los medios a su alcance para crear una estructura política y social que le permitiera consolidar su poder y controlar, de manera totalitaria, una sociedad ya de por sí moralmente devastada por la violencia generada durante el conflicto armado. Con el ejército y las fuerzas del orden público ejerciendo un férreo control coercitivo, orientado fundamentalmente a eliminar cualquier resquicio de indisciplina política, el control moral del nuevo estado fue encomendado a la Iglesia Católica, institución cuya percepción del pecado y la virtud impregnó la sociedad durante los siguientes cuarenta años.

En el concepto de sociedad franquista, la consideración de la superioridad del hombre y, por tanto, de la virilidad como valor ejemplar y supremo y el estatus de la mujer a su servicio, como mero instrumento para la perpetuación de la raza, fueron las consignas oficiales del régimen y de su religión oficial. Este contexto ideológico puramente patriarcal excluía cualquier disidencia sexual y de género. La homosexualidad y la bisexualidad, tanto masculina como femenina, así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se consideraban no sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. De esta manera, todas las instituciones del sistema fueron puestas al servicio de esta ideología machista y profundamente lgtb-fóbica. Quienes no se atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en su dignidad y derechos esenciales.

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