Vivir con menos culpa, no con menos conciencia

Hola.

Deseo que estés bien.

Escucho cada vez con más frecuencia que parte del malestar de los jóvenes —y de la ansiedad que en algunos casos deriva en problemas de salud mental— tiene que ver también con el peso del impacto social y ambiental de su simple paso por el mundo. Por ejemplo, cuanta más información circula sobre las consecuencias de lo que compramos, más parece recaer sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de arreglar, a base de decisiones en el supermercado, un sistema que no hemos construido solos. El problema es que esa exigencia no es fácil de cumplir, ni siquiera para quien más se esfuerza.

Los datos confirman esa brecha entre preocupación y capacidad real de actuar. Según un informe de Bain & Company, ocho de cada diez ciudadanos dicen preocuparse por el medioambiente, pero los precios caros, la información confusa y la escasa disponibilidad de alternativas actúan como barreras que bloquean ese deseo. La periodista Ana M. Longo lo resumía así hace poco: pedir a cada consumidor que rastree el origen de cada producto (de dónde viene el pescado, en qué condiciones se cosió la ropa) pasa por alto que buena parte de esas cadenas son opacas por diseño, no por falta de voluntad de quien compra. El consumo ético, escribía, es un privilegio que depende de tener tiempo, recursos y nivel educativo.

Y aunque se tenga ese tiempo y esos recursos, tampoco está garantizado acertar. La evidencia reciente sobre comportamiento climático, recogida por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, muestra que la gente sobreestima gestos de bajo impacto (reciclar, cambiar una bombilla) y subestima los que de verdad tienen un impacto significativo: volar menos, comer menos carne, pasarse a electricidad renovable. A eso se suma un dato incómodo para el discurso de la responsabilidad individual homogénea: el 10% de la población que más consume concentra una parte desproporcionada del daño ambiental, lo que deja claro que no todos partimos del mismo punto de exigencia moral.

Por eso el debate ha ido cambiando de sitio. No solo valen las llamadas morales al cambio de hábitos. Ya no se trata de si el individuo debe actuar o no, sino de cómo se reparte la responsabilidad entre consumidores, empresas y Estado.

En el momento actual, donde se dibuja una nueva arquitectura planetaria, los periodos de asueto quizás sean buenos para reflexionar y recordarnos que la realidad también se transforma desde dentro. Alberto Garzón lo planteaba en una entrevista reciente con este medio al hablar de un sistema que oprime el tiempo y la capacidad de las personas para pensar más allá del día a día; la salida no pasa por cargar aún más ese tiempo con exigencias imposibles, sino por tomar conciencia de dónde está atrapado uno y de qué depende realmente el cambio.

Ahí encaja la idea que deslizaba Xavi Pont en otra entrevista con elDiario.es hace unos meses: lo primero que tenemos que hacer —decía— es relajarnos, porque todos somos imperfectos y no tiene sentido obsesionarse con ser super sostenible cuando la vida ya es compleja de por sí. Pont hablaba de preguntarse dónde genera cada uno más impacto según su talento y su trabajo, y entender que ahí (no solo en el súper de turno) está la palanca principal. Comprar ecológico o cambiar el coche por uno eléctrico ayuda, pero es secundario frente a lo que uno hace en su día a día profesional. Puede que ese sea el punto de partida más honesto: menos culpa individual y más presión colectiva sobre quienes de verdad tienen la capacidad de cambiar las reglas del juego.

Seguro que gran parte de eso anda detrás de que muchos jóvenes no quieran ser jefes y que sus prioridades frente al mundo laboral estén cambiando respecto a generaciones anteriores, desplazando el foco desde el salario y el ascenso jerárquico hacia el equilibrio vida–trabajo, el bienestar mental, el propósito y el aprendizaje continuo. No estamos tan mal.

El dato

10%

Es el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que toma medicamentos para adelgazar que contienen GLP-1, la hormona natural que produce el intestino después de comer. Su función principal es regular el metabolismo, controlar los niveles de azúcar en la sangre y enviar señales de saciedad al cerebro. La elevada inflación y el auge de estos medicamentos están revolucionando el sector alimentario: como estos fármacos pueden atenuar el sentido del gusto en algunos usuarios, los chefs están recurriendo a platos más picantes y sabrosos. Las farmacéuticas que producen tales medicamentos quieren sacar la mayor tajada y están intensificando su particular guerra. La danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, ha presentado una demanda contra la estadounidense Eli Lilly este martes en Nueva Jersey, al alegar que utiliza publicidad engañosa para inducir a error a los consumidores. La acusa de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos Mounjaro y Zepbound, que afirman que ayuda a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que los suyos.

El gráfico

La inversión que lleva a cabo el Estado en las comunidades es uno de los puntos más calientes del debate autonómico en España, junto con el de la financiación autonómica y, como colofón, el de las balanzas fiscales. Los tres son primos hermanos y están muy relacionados. Estos días el Gobierno ha entregado a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas. La cifra superó los 15.300 millones de euros en 2025 (2.000 millones más que el año anterior), pero, una vez más, arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias, por ejemplo.

Pero si nos fijamos en los dos grandes ejes económicos del país, Madrid y Catalunya, vemos como la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital. Catalunya, con el 19% del PIB, apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

A nadie se le escapa el momento especialmente delicado para la política territorial y el debate financiero: pendientes de la votación sobre la condonación de parte de la deuda de las comunidades y del nuevo modelo de financiación autonómica.

La inversión territorializada y sus diferencias constituyen, desde hace años, uno de los principales argumentos del independentismo catalán, que denuncia una infra ejecución crónica del Estado en Catalunya.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Marius Vărzaru, consejero delegado de Digi en España. Hace una semana hizo sonar la campana de la Bolsa de Madrid para sacar a cotizar la filial española de Digi, cerrando una operación que llevaba dos intentos fallidos por la inestabilidad geopolítica. Rumano de nacimiento y español de adopción, Marius Vărzaru (Bucarest, 1979) lleva casi dos décadas al frente de Digi España, la operadora que aterrizó en 2008 vendiendo tarjetas SIM en locutorios a la diáspora rumana y que hoy es el cuarto operador del país, con 11,4 millones de clientes. Formado en la prestigiosa Academia de Estudios Económicos de Bucarest y curtido en KPMG, Vărzaru, que cultiva una imagen de discreción, aprendió español nada más aterrizar en España y se vende como un gestor cercano que escucha a su plantilla.

La primera semana en el parqué ha ido a trompicones: la acción cayó un 8% el primer día, muy lejos de los 2.000 millones de valoración que se manejaban meses antes, y tuvo que conformarse con 1.662 millones. Este miércoles cerró en 5,5 euros (un 2,6% menos que los 5,65 euros del precio de salida)- Mientras tanto, el propio Vărzaru se ha reservado un bonus de hasta 400.000 acciones (valorados en 2,24 millones de euros al inicio) dentro de un reparto de 5 millones entre la cúpula directiva, aprobado por “sus extraordinarias contribuciones”. Digi, que no prevé repartir dividendos hasta al menos 2030 porque quiere reinvertirlo todo en desplegar fibra y red móvil propia, pide ahora paciencia a los pequeños inversores mientras sus directivos ya cobran. El reto de Vărzaru será demostrar que ese modelo de crecimiento acelerado y bajo coste aguanta la presión de los mercados sin renunciar a lo que hizo grande a la compañía: precios bajos y fijos, frente a gigantes con mucho más músculo financiero.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí termino. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en septiembre.

¡Feliz verano!