Con Bolaños ha topado la Iglesia

Hoy toca hablar de la Iglesia. Del presidente de la Conferencia Episcopal. De sus análisis políticos. Y de sus anhelos, que nada tienen que ver con recuperar fieles, ni con acabar con la pederastia, ni con impartir su doctrina social, sino con un cambio de gobierno. “Cuestión de confianza, moción de censura o elecciones”, ha declarado un reincidente Luis Argüello, que ya en junio pasado pidió al Gobierno que llamara a las urnas de forma inmediata. 

La Iglesia toma así de nuevo partido. Lo de perder su papel central en el Estado, tras el final del franquismo, no es algo que haya superado pese a los casi 50 años de democracia, un trato más que privilegiado respecto a otras confesiones y una Constitución que, en su artículo 16, establece que España es un estado aconfesional y que ninguna religión tendrá carácter estatal. 

Lo curioso es que su jerarquía nunca levanta la voz cuando gobierna la derecha ni cuando la corrupción salpica al PP. No lo hizo con Mariano Rajoy ni cuando la Audiencia Nacional condenó en 2018 a su partido como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” por el caso Gürtel, pero sí salió a la calle para protestar contra las leyes progresistas aprobadas por los gobiernos de Zapatero entre 2004 y 2011. Contra el matrimonio Igualitario, contra la ley del divorcio exprés, contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de Libertad Religiosa…. Ya sabes, todo rompía España, la tradición y el modelo de familia.

Ahora, con el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a la carga. Y el motivo no es otro que el empeño del Ejecutivo para que se indemnice a las víctimas de la pederastia, algo a lo que la Iglesia se resiste como gato panza arriba. La negociación hasta el momento entre el Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal ha sido baldía. De hecho, ante la falta de respuestas, el ministro Félix Bolaños, y también el presidente del Gobierno, amenazan con plantear mecanismos legales que obliguen a los obispos a asumir el coste de las reparaciones.  

No en vano, han sido años, incluso décadas, de silencio. De negación. De encubrimiento. De obstrucción. De indignidad. De infamia. En muchos países, pero España no fue una excepción, sino donde hubo más casos de pederastia en el ámbito de la iglesia católica, pese a que la Conferencia Episcopal y las instituciones públicas cerraron los ojos a una realidad abyecta. 

El informe de octubre de 2023 del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, encargado por el Congreso de los Diputados, consiguió helar la sangre y zarandear la conciencia de muchos con una cifra: 440.000 ciudadanos habían sufrido abusos sexuales desde 1945. La mitad de las agresiones fueron cometidas por sacerdotes y religiosos. La otra mitad, por laicos. Son datos escalofriantes, brutales y aterradores. 

El diagnóstico no gustó a la Conferencia Episcopal, que invocó la prescripción de los delitos, cuestionó los datos y se negó a cooperar con las recomendaciones que proponía el texto, especialmente con la de crear un organismo independiente que estudiara caso por caso y fijase los baremos de las indemnizaciones. Los obispos crearon su propio plan con el nombre de PRIVA, que estaba compuesto por un grupo de expertos elegidos a dedo, sin la participación de las víctimas y cuyo trabajo —el de investigar cada denuncia y establecer una cuantía— no es de obligado cumplimiento para los responsables subsidiarios, es decir, para cada uno de los 70 obispados y las más de 300 congregaciones religiosas. 

A las asociaciones de afectados les pareció una broma, recelaron de su mecanismo y denunciaron una premeditada dilación del procedimiento. E, igualmente, el Gobierno la rechazó por tratarse de una fórmula unilateral que no contaba con la supervisión y el control del Estado. 

Solo en este contexto, el de una negociación que no avanza por la resistencia de los obispos, hay que entender las declaraciones de Argüello y la inmediata exigencia del Gobierno a la Conferencia Episcopal para que respete el principio de neutralidad política al que se debe la jerarquía de la Iglesia que, dicho sea de paso, con este Gobierno ha alcanzado acuerdos relevantes que han dado respuesta a cuestiones que llevaban años enquistadas.

Ha sido desde que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se hizo cargo de las relaciones con las confesiones religiosas en 2021 cuando se han cerrado asuntos nucleares, después de 16 años sin que el Estado y la Iglesia suscribieran un solo acuerdo. 

Bienes inmatriculados. En enero de 2022, tras varios meses de negociación con la CEE, la Iglesia hizo públicos los listados de bienes inmatriculados y reconoció que en torno a mil bienes no le constaban como propios, comprometiéndose a colaborar en su devolución.

Supresión de exenciones fiscales. El 29 de marzo de 2023, el ministro Bolaños y el nuncio de la Santa Sede suscribieron un canje de notas que supuso la renuncia de la Iglesia católica a las exenciones del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las contribuciones especiales, exenciones que no tienen otras entidades sin ánimo de lucro, equiparándose así al régimen de exenciones de estas últimas.

Resignificación del Valle de Cuelgamuros. En marzo de 2025, se alcanzó un acuerdo entre el ministro Bolaños y el cardenal Cobo, designado por el Vaticano, para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Este acuerdo ha permitido la celebración de un concurso internacional y la selección de un proyecto ganador que supondrá una resignificación democrática del conjunto monumental del Valle compatible con el mantenimiento del culto dentro de un espacio en el interior de la Basílica. 

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la fluida relación que el ministro Bolaños ha mantenido con la Santa Sede, que no con la Conferencia Episcopal Española. Solo así se explica que el Gobierno haya logrado que la Iglesia cediera en cuestiones clave. Hasta en cuatro ocasiones tuvo encuentros el ministro con el Papa Francisco, incluyendo una audiencia privada. Y en este año 2025 ya se ha reunido en dos ocasiones de forma discreta con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para abordar la situación del Valle de Cuelgamuros y de los abusos sexuales en la Iglesia española. 

Abusos sexuales y el último viaje de Bolaños a la Santa Sede. Sin duda el asunto más difícil y sensible, en el que aún se trabaja con la propia Iglesia para sumar un acuerdo más que dé respuesta a la reparación que tanto tiempo llevan reclamando las víctimas. Pero, después de más de un año de trabajo de los equipos, el pasado 24 de octubre de 2025 el ministro hizo un viaje exprés a la Santa Sede para abordar el asunto. Pocas semanas después, el Vaticano hizo público el caso de abusos del obispo de Cádiz y el pasado 17 de noviembre el Papa convocó a una reunión a la jerarquía española, exhortándoles a alcanzar un acuerdo cuanto antes con el Gobierno. 

El objetivo del Ejecutivo es claro: que la Iglesia asuma la responsabilidad de reparar a aquellas víctimas de abusos sexuales que fueron encubiertos y no denunciados, y sobre los que ya no puede actuar la justicia, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Plan aprobado por el Gobierno. 

Argüello y la neutralidad política. El ministro Bolaños ha respondido con firmeza a la incursión política de Argüello y le ha recordado el compromiso de la Conferencia Episcopal de mantenerse neutral ante procesos electorales y el debate propiamente político y de partidos. Dos veces ha hecho declaraciones en ese sentido el presidente de la CEE en sendas entrevistas en ABC en junio y el pasado fin de semana en La Vanguardia. En ambos casos, Bolaños tuvo que enviar sendas cartas a Argüello recordando la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, en el marco del respeto a los principios constitucionales de separación y cooperación. La última no tiene desperdicio. Aquí van algunos de los fragmentos más suculentos:

“He leído con atención la entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia en el día de hoy donde, por segunda vez en un corto periodo de tiempo, se pronuncia a favor del fin del actual Gobierno, rompiendo una vez más la neutralidad política de la Iglesia. En mi anterior misiva del 20 de junio ya me extendí sobre por qué este tipo de pronunciamientos partidistas no son adecuados en un Estado aconfesional basado en una doble neutralidad y respeto: la de los poderes públicos hacia la libertad de culto de cada persona y de las propias confesiones y la de cada confesión religiosa sobre los titulares del poder político (...).

“Deseo, no obstante, referirme a una apreciación que realiza en su entrevista de hoy sobre su relación con el Gobierno que intuyo que puede ser el verdadero motivo por el que ha decidido romper la neutralidad política. Afirma que, en la actualidad, ”muy a su pesar“, las relaciones con el Ejecutivo han estado centradas en ”el Valle de los Caídos“ (obviando que desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es ”Valle de Cuelgamuros“) y ”la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial“. Entiendo que son asuntos que para la Iglesia española tienen especial complejidad, dada la claridad y el compromiso del Gobierno en ambos (...)”.

“En cuanto a Cuelgamuros, este Gobierno lo está resignificando por completo para convertirlo en un lugar de interpretación de la Guerra Civil y la dictadura y de homenaje a sus víctimas, algo que comenzó con la salida de los restos mortales del propio dictador. Y, respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, usted conoce de primera mano nuestra intención de que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo, desarrolladas por el Consejo de Ministros: un sistema de reparación mixto entre Iglesia y Estado, con procesos seguros para las víctimas y reparaciones a cargo de la propia Iglesia en aquellos casos donde ya no sea posible una reparación judicial (...)”

“De sus declaraciones parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes (Vox y PP), entendiendo que un Gobierno de la derecha y la extrema derecha, que públicamente defendieron la permanencia de los restos de Francisco Franco en una basílica y no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos, sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Pero dicha preferencia personal no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia. Por ello, le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno. Y en este sentido, le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país”.

Con Bolaños ha topado la Iglesia. Que ese dios al que rezan a diario, les pille confesados.