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El Cabildo destina una partida de 200.000 euros a mejoras de accesibilidad de las viviendas públicas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria —
El Cabildo de Gran Canaria destina 200.000 euros a proyectos de mejora de accesibilidad y habitabilidad en el parque público de viviendas, una actuación recogida en los convenios firmados este martes con representantes de ayuntamientos de la Isla, informó la consejera de Vivienda, Minerva Alonso.
En total serán 60 los beneficiarios, habitantes que sufren cada día la falta de adaptabilidad de sus hogares a sus especiales necesidades debido a las circunstancias físicas o psicológicas que presentan. En este sentido, Alonso apuntó la previsión de ampliar la partida para la convocatoria de 2018 hasta alcanzar los 500.000 euros además de revisar los términos de la convocatoria y así poder “llegar a más hogares”.
Los textos rubricados recogen el acuerdo de colaboración entre el Cabildo y las entidades locales para la administración y conservación de estos inmuebles y especifican la cantidad otorgada a cada municipio para la contratación y ejecución de las obras, que corren a cargo de cada ayuntamiento, o bien para la compra de materiales en el caso de que sean los propios beneficiarios los que realicen las reparaciones.
El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria realizará la contratación de las obras en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Firgas y San Bartolomé de Tirajana con los que, por esta razón, no ha sido preciso la firma de convenio, y en Guía no ha habido beneficiarios.
Las reformas serán controladas por técnicos del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y del respectivo Ayuntamiento, en su caso, que justificarán la marcha de las obras y la inversión destinada a las mejoras en el caso de los suministros de material.
Salvaescaleras, platos de ducha y alarmas lumínicas
Entre los proyectos aprobados destacan las instalaciones de salvaescaleras que permitirán, por ejemplo, a una pareja en silla de ruedas salvar los ocho escalones del portal y poder salir a la calle, o a un niño acceder a los dormitorios en la planta alta de su casa sin tener que arrastrarse por las escaleras.
Otras de las mejoras consisten en la instalación de un sistema de detección de humos en el hogar de un ciudadano invidente y la colocación de una alarma lumínica comunicada con el timbre de la casa para una persona sorda.
Muchos beneficiarios son mayores que solicitan la sustitución de las bañeras por platos de ducha a nivel del suelo para poder entrar con sillas adaptadas, o piden la instalación de barandillas para caminar por los espacios de su casa o los comunes de su edificio.
En uno de los casos ha sido necesario prever la instalación de un ascensor, del que el Cabildo afronta la obra de la caja en la que estará ubicado, de forma que uno de los residentes de la casa pueda moverse por su vivienda con libertad y no quedar encerrado en un mismo piso.
Peticiones aprobadas por cada municipio
El Ayuntamiento con más peticiones aprobadas es el de Las Palmas de Gran Canaria, con diez beneficiarios a los que el Consorcio de Viviendas destina casi 45.000 euros.
Con cuatro peticiones figuran los consistorios de Firgas -con una dotación total de 8.700 euros-, San Mateo -con 9.000 euros-, Telde -cuya partida asciende a casi 18.000 euros-, Valsequillo -con 8.100 euros-, Moya -cuyo ayuntamiento recibirá 9.000 euros- y Santa Brígida –con una partida de casi 13.000 euros-.
Los municipios que cuentan con tres peticiones aprobadas son Arucas -por un montante de 7.000 euros-, Ingenio -con casi 10.000 euros-, La Aldea -cuyo ayuntamiento recibirá también casi 10.000 euros-, San Bartolomé de Tirajana -con 10.500 euros- y Santa Lucía -cuya partida asciende a 9.000 euros-.
Con dos beneficiarios figuran Agaete, Gáldar y Mogán y con un proyecto firmaron Agüimes, Artenara y Teror.
El texto firmado establece un plazo de dos meses, prorrogable por otros dos, para la ejecución de los proyectos que deben ser justificados por los técnicos municipales en los 30 días siguientes al comienzo de las obras o a la entrega de los materiales.
La convocatoria fue elaborada en 2016 con miembros de asociaciones de personas con discapacidad, como Cermi y la Once, que aportaron soluciones para los casos planteados por los solicitantes.
