Argentina y la ONU, contra el franquismo

Es una vergüenza histórica para España que sea la ONU y la República Argentina los que estén investigando los crímenes del franquismo. Fue un día histórico para las víctimas del franquismo cuando la magistrada Maria Servini de Cubría dictó una resolución por la cual ha cursado una orden internacional para la detención preventiva con el objeto de su extradición, para cuatro policías franquistas acusados de torturas, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Ahora estos cuatro imputados deben ser extraditados a efectos de declarar ante la Justicia argentina, y el texto de la rogatoria especifica que se debe comunicar el arresto preventivo de los citados con fines de extradición, a efectos de recibir declaración indagatoria de la Organización Internacional de la Policía (INTERPOL), que España no podrá eludir al tener firmados convenios internacionales de reciprocidad policial.

Es una victoria trascendental de la Asociación de la Memoria Histórica, y de las víctimas del franquismo, y la resolución ya ha sido enviada a la INTERPOL para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados por esta causa, y uno de los abogados, el argentinio Carlos Slepoy, ya se ha puesto en marcha con la resolución de la jueza Maria Servini. Asimismo el abogado argentino ha remitido a la jueza un escrito para que proceda a la detención de José Utrera Molina, suego de Alberto Ruíz Gallardón, de Fernando Suárez; exministro franquista y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.

“Este apoyo es fundamental”, resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado que no ocurran nuevos problemas.

Mientras en Argentina la Justicia se mueve contra el franquismo, inspectores de la ONU están en Madrid entrevistándose con víctimas de la represión franquistas, con hijos, nietos y otros familiares de represaliados y asesinados por los franquistas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, manifestó que la ley española de amnistía de 1977 es contraria al Derecho Internacional .

Según declaró Colville “España tiene la obligación según la legislación internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura del General Franco”, afirmó el mandatario de la ONU. Como ven, mientras Felipe González y el propio Santiago Carrillo tragaron lo que le impusieron Adolfo Suárez y Fraga Iribarne en la poco democrática transición española, ahora de aquellos polvos vienen estos lodos.