Desidia frente a los desahucios

Defiendo que Canarias, en aplicación de su marco competencial, tiene capacidad para intervenir positivamente en el problema de los desahucios de viviendas, así como generar mejores condiciones para que puedan optar a una vivienda familias que hoy carecen de ella. Introduciendo modificaciones en la Ley de Vivienda de Canarias y de Medidas para Garantizar el Derecho a la Vivienda para evitar los lanzamientos hipotecarios, mediante la expropiación temporal en situaciones de emergencia social. Y, asimismo, movilizando el parque de viviendas vacías de entidades financieras y sociedades de gestión de activos, poniéndolas en el mercado de forma incentivada, para facilitar el acceso a la vivienda.

El Gobierno canario ha actuado en este asunto con falta de dirección política y mala gestión. Con divisiones internas y errores a la hora de impulsar una normativa antidesahucios. Y con un hecho de no menor gravedad: la existencia de más de 379 viviendas públicas vacías, pese a reunir las condiciones para haber sido entregadas.

Con relación a los desahucios, distintos informes internos del Ejecutivo cuestionan la ley impulsada por el Gobierno. En efecto, la dirección general de Planificación y Presupuesto, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha emitido sendos informes negativos respecto del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias y de Medidas para Garantizar el Derecho a la Vivienda.

Estos informes concluyen “que los efectos y las repercusiones de la norma proyectada no tienen cabida dentro del marco presupuestario a medio plazo de la Comunidad Canaria para el periodo 2014-2016”; añadiendo que su aprobación “podría poner en riesgo la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fijados para esta Comunidad Autónoma en aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

Los referidos informes dan por correctos unos gastos en aplicación de dicho proyecto de ley de 17,3 millones anuales sólo en la ejecución de las expropiaciones temporales de viviendas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, según cálculos del servicio de Planificación y Gestión Económica del Instituto Canario de la Vivienda. Esa cantidad de 17,3 millones constituye un verdadero disparate y no está justificada.

Además, los documentos de la dirección general de Planificación y Presupuesto están fechados en septiembre de 2013 y no se presentaron junto con el proyecto de ley, como es obligatorio, cuando la iniciativa fue registrada en el Parlamento, el 13 de noviembre del pasado año. Se presentan ahora, con fecha 29 de enero de 2014, por el registro del Parlamento. Completamente injustificable. Y resulta menos justificable aún que el Gobierno no incluyera, en los presupuestos 2014, las partidas económicas necesarias para hacer viable la modificación legislativa a favor de las personas que sufren desahucios.

Viviendas vacías

Igualmente, resulta paradójico que el Ejecutivo plantee a los privados que pongan sus viviendas vacías disposición de las familias con dificultades, cuando el propio Gobierno no lo hace. No es de recibo que en Canarias existan actualmente más de 379 viviendas públicas vacías. Se trata de viviendas totalmente terminadas y en condiciones de ser habitadas, a las que solo les falta que se lleven a cabo los trámites administrativos de su adjudicación para que se puedan entregar a familias necesitadas en toda Canarias.

Entre otras, 21 viviendas en Tazacorte, 40 en La Cruz de La Paloma (Los Llanos de Aridane), 11 en Pedro de Molina (Los Realejos), 65 en San Antonio (La Orotava), 63 en La Gallega (Santa Cruz de Tenerife) o 42 en El Rosario, terminadas desde hace un año. A ello se suman las 57 viviendas construidas en Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, y pendientes de recibir otras 58 unidades en Jinámar. En Fuerteventura, también finalizados y pendientes de ser entregados a las familias, hay 20 pisos construidos en Morro Jable, en Pájara.

Las causas de esta lamentable situación, que perjudica a más de 379 familias canarias, se encuentran en la falta de previsión e impulso político de la consejería y, concretamente, de su Instituto Canario de la Vivienda. Algo grave siempre, pero más aún en una tierra que padece un 33,18% de desempleo, bajos salarios, elevadas cifras de pobreza y un significativo incremento de las ejecuciones hipotecarias en los últimos años.

Es posible que algunos dentro del Ejecutivo estén pensando en hacer el paripé con esta modificación legislativa. Esperando que el Gobierno central presente un recurso de inconstitucionalidad y la paralice; y, por ello, ni se molestan en dotarla presupuestariamente. Sería un grave error, en un asunto que causa tanto sufrimiento.

Desde Nueva Canarias vamos a apoyar la toma en consideración y los grandes objetivos que plantea la modificación legislativa que trata de hacer frente al drama de los desahucios y plantea la movilización de las viviendas vacías. Tratando de mejorar la ley en el proceso de enmiendas, para lo que tendremos en cuenta las fundamentadas propuestas de la PAH. Intentando superar algunas de sus más relevantes deficiencias, como el no incluir los lanzamientos cuando las personas afectadas viven en régimen de alquiler o no abordar el problema de los embargos a los avalistas; así como corregir su actual falta de financiación, que la haría completamente inviable.