La ética periodística y el caso de 'Las Teresitas'

Lo primero que llama la atención es la disparidad del tratamiento informativo a un mismo hecho. En el caso de el periódico El Día es excepcional por dos motivos: su antidemocrática línea editorial y su apasionada defensa de los imputados permite entender, no justificar, que no haya informado a sus lectores del contenido del sumario. Caso diferente es el Diario de Avisos, su director no consideró necesario informar a los lectores de su periódico, sus únicas referencias al tema han sido un editorial, varios artículos de sus comentaristas habituales y noticias confeccionadas a partir de declaraciones de políticos. Se supone que estos señores, incluido el director, se habrán leído, por lo menos una parte, para poder hacerse una opinión y considerar que no valía la pena dedicar espacio a informar a sus lectores directamente de lo que aparece en la causa. Ni tan siquiera la parte que afecta a uno de sus columnistas habituales como es el caso de periodista-empresario Jorge Bethencourt. La Opinión es el único de la prensa escrita provincial que recoge,al igual que los de la provincia de Las Palmas, los hechos que aparecen en la instrucción.

El sobreseimiento del delito de cohecho por parte de la juez instructora con el apoyo de la Fiscalía fue por la falta de pruebas claras. No les acusan porque las numerosas evidencias indicaran que son inocentes, por el contrario la razón que dan es que no son suficientes para probar la culpabilidad. Una decisión, como es normal en un estado de derecho, que ya ha sido recurrida por la acusación. Pero algunos se olvidan que no es el único delito que pesa sobre los acusados, aunque éstos tengan menor relevancia penal.

Amparados en este sobreseimiento, los lectores del Diario de Avisos hemos podido leer varios artículos que tenían en común el tachar de “literatura policial” la informaciones del sumario, y no precisamente para recomendar su lectura, sino para descalificar la actuación de la policía y de los órganos judiciales. El exdirector del Diario de Avisos, Leopoldo Fernández, escribía en uno de sus recientes artículos: “ Hay temas que suscitan polémica y hasta incendian las redes sociales con comentarios y salidas para todos los gustos. Es el caso de Las Teresitas y el sumario correspondiente que se difunde estos días, con todo lujo de detalles, algunos bien morbosos, por los periódicos de Las Palmas.” . Es evidente que el articulista lo ha leído, incluso tilda de morboso algunas de las informaciones conocidas sin explicar que información, que datos, califica de morbosos. Sin embargo escribe: “ Pero, si el sumario dice que un hecho determinado es incierto o no constituye prueba de nada, ¿a qué viene incluirlo en él, y airearlo luego, por morbo o por afán de contar las cosas, si con ello no se aporta nada a la causa al no existir, según la jueza instructora, certeza suficiente en lo que aporta la investigación policial? Con tales trabas jurídicas, ¿tiene interés público el conocimiento de algunas conversaciones privadas, viajes, gestiones, acuerdos, etc. que a nada delictivo conducen y, en todo caso, no guardan relación directa con Las Teresitas?” Este es el mismo periódico que ha informado de otros casos de corrupción a partir de sumarios judiciales. Por lo pronto es evidente que tienen dos varas de medir. En segundo lugar siempre es de interés publico que las actuaciones de los cargos electos, especialmente en su faceta de gestores de los presupuestos de las administraciones. No es un hecho baladí, es uno de los pilares de la democracia.

Que los vecinos sepamos que tenemos un alcalde que le toca la lotería dos veces en quince días, que a los pocos días multiplique este capital por diez especulando con terrenos, que se haya hecho millonario en euros siendo un profesional de la política desde sus años mozos y teniendo oficialmente ¡dedicación exclusiva! ¿Cómo es posible que se haya dedicado a crear sociedades y adquirir propiedades por el mundo? No será delito, pero los vecinos de Santa Cruz no pagamos impuestos para que personajes como Zerolo vivan como los multimillonarios que han llegado a ser. O ¿acaso el pelotazo de libro, que decía la fiscal, ha desaparecido al igual que el dinero empleado en la playa? Los ciudadanos tenemos derecho a ser informados de hechos que, aunque no sean delitos, son importantes a la hora de votar a nuestros representantes. La libertad de expresión no es un derecho de los medios, es de los ciudadanos; los periódicos y otras empresas de comunicación son el instrumento necesario. Y me no cabe la menor duda que los comportamientos de los políticos implicados relatados en la instrucción sí que son relevantes, nos interesa saber que el asesor de urbanismo y ex acalde de la ciudad que da nombre a una calle, cobraba por asesorar como experto de algo que, según propia confesión en sede judicial, no sabía y que también ignoraba lo que ocurría en el departamento municipal que le pagaba. Claro que nos interesa saber a los ciudadanos que los concejales socialistas que aprobaron la compra del frente de playa tuvieron un importante aumento de patrimonio y/o recibieron caros regalos o que guardaban sus ahorros bajo el colchón, o que vivieran sin gastar, sin que tuvieran que emplear la tarjeta para pagar en los supermercados o sacar dinero de los cajeros.

Según Leopoldo Fernández “La verdad es algo muy serio y a veces se presenta imprecisa o incompleta, de ahí la necesidad de elegir entre informar u opinar sin más o mantener una cierta distancia y cautela sin negar las evidencias. Yo prefiero esta segunda opción, en espera de datos más objetivos.” El problema es que su periódico tampoco ha publicado las evidencias que encuentra el articulista, ni aporta información que le permita afirmar que los datos contenidos en el sumario son imprecisos e incompletos, por el contrario lo que se conoce como datos ciertos tienen una enorme relevancia política al afectar a personas que ocupan cargos públicos, a su gestión y a su imagen. Otra cosa es que no sirvan de prueba en un proceso penal, pero sí que son suficientemente explícitos para afirmar que estos comportamientos no son admisibles en una sociedad democrática, como tampoco lo es que se oculte la información bajo la excusa de la cautela. No son rumores, son los datos contenidos en una instrucción judicial y de ella se desprende que a estos personajes no les adorna, precisamente, la virtud de la honestidad, requisito que debería ser imprescindible para ocupar cargos públicos.

*Eustaquio Villalba es portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.

Eustaquio Villalba*