¿Golpistas o no golpistas?

“...después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada” 

(Soy pan, soy paz. Canción argentina. Piero.) 

Vengo de escuchar en los debates del Senado, un día sí y otro también, a los de la bancada conservadora acusar al Gobierno socialcomunista o al sanchismo de haber concedido indultos a los “golpistas” del procés. Luego, para mi estupor, leí el informe del Tribunal Supremo contrario a la concesión del indulto, porque “no existían razones de justicia ni de equidad, ni de utilidad o conveniencia social”. El mismo Tribunal que dictaminó a favor del indulto a Tejero, condenado por rebelión; porque, aunque reconoció que tampoco las había de justicia o equidad, consideró que sí existían razones de utilidad o conveniencia social para relegar al olvido el golpe de Estado del 23-F. 

Blanqueando el franquismo

Hace unos días, en una mesa redonda presidida por el carismático Casado, un ex ministro franquista se despendoló negando al alzamiento militar contra la II República la naturaleza de golpe de estado, lo que nos ha hecho recordar a algunos cómo -por encargo de Serrano Súñer, el cuñadísimo de Franco- algunos juristas adictos dictaminaron para justificarlo, en 1939, la ilegitimidad del gobierno del Frente Popular porque, aunque había ganado las elecciones en escaños en aplicación de la legislación electoral republicana, “las había perdido en votos”. 

De forma que si la derecha política llama golpistas a los condenados del procés y organiza eventos en los que se justifica el alzamiento militar contra la República. Y la derecha judicial propone olvidar el 23-F, pero no el procés, algo está pasando aquí. 

No me cabe duda de que los acontecimientos desencadenados durante el “procés” constituyeron un grave quebrantamiento del orden constitucional; pero no un golpe de Estado. Podemos llamar a sus responsables sediciosos, en sentido político y jurídico, ya que fueron condenados por sedición -delito que el Código Penal de la democracia tipifica como delito contra el orden público- pero no por rebelión, que es un delito contra el orden constitucional y acarrea penas mucho más graves. 

Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo en que el PP trata de apropiarse la patente del “constitucionalismo” con la misma insistencia con la que, desde siempre, la derecha española ha intentado hacerlo con el concepto y la identidad de España. 

Es el mismo PP que niega la legitimidad del Gobierno desde el momento mismo de su constitución. Y que tiene bloqueada cualquier renovación de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o de relevancia constitucional: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Todo con el evidente propósito de perpetuar la composición de esos órganos surgida de unas Cámaras en las que el PP disfrutaba de mayorías absolutas, que le permitieron saldar las negociaciones de aquel entonces con un resultado favorable a sus propuestas. Lo cual era legítimo. Pero no lo es el inconstitucional bloqueo para mantener aquellos resultados más allá de la finalización del período para el que fueron elegidos los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial.

A mí, como ciudadano, me resulta muy difícil aceptar la legitimidad, y por tanto acatar de buen grado, de decisiones relevantes de los poderes del Estado impuestas por o con el concurso necesario de quienes ya han agotado el tiempo para el que fueron elegidos o designados para desempeñar esos poderes, sean ejecutivos o judiciales. Porque tendrán el poder de tomarlas y ejecutarlas; pero no la legitimidad, ni democrática ni moral, para hacerlo. 

Los poderes del Estado emanan del pueblo y se atribuyen y se ejercen durante, con el alcance y en los términos establecidos en las leyes. 

¿Podría calificarse la estrategia del PP como golpista?

Si el bloqueo lo estuviera propiciando la izquierda, no me cabe duda de que el PP lo llamaría así, como la misma irresponsabilidad con la que se maneja cada vez que pierde el poder desde que comprobaron la eficacia del “todo vale” de Aznar para tumbar al gobierno. Aunque “caiga España, que ya la levantaremos”. 

No, no es golpismo. 

Pero sí es una flagrante violación del orden constitucional. Y alguien tendría que emplearse muy a fondo para convencerme de que es menos grave que los hechos protagonizados por los dirigentes del procés, a los que el PP tilda machaconamente de golpistas. Todo esto está ocurriendo en un país, España, en el que la oposición se ha atrevido a echarle en cara al Gobierno hasta los muertos de la pandemia. La misma derecha que en Madrid prohibió a los responsables de las residencias de mayores el traslado a los hospitales públicos de los enfermos graves de COVID. 

La decisión política, jurídica y humanamente más despiadada que recuerdo. Y, en mi modesta opinión, sobre la que se está tejiendo un espeso manto de complicidad y silencio. ¿Es la misma derecha que acusó al Gobierno de instaurar una dictadura constitucional al declarar el estado de alarma la que ahora celebra la muy cuestionable sentencia del Tribunal Constitucional (respaldada por una mayoría mínima, a varios de cuyos integrantes mantiene el bloqueo del PP en funciones sine die) que declara que lo que debió decretarse fue el estado de excepción, que permitiría suspender, con muchas menos garantías judiciales, libertades y derechos fundamentales? 

¿La misma derecha que se proclama incondicionalmente “pro-vida” para oponerse a la eutanasia y a la legalización del aborto, tanto en el régimen de supuestos como en el de plazos, la que dictó desde el Gobierno de Madrid aquella prohibición exterminadora? 

Lo que están haciendo no es compatible con la democracia

Porque la democracia no puede sustentarse cuando algunos de sus actores, con tal de llegar al poder, desprecian diariamente la inteligencia de la ciudadanía, desdeñan cualquier atisbo de argumentación racional y hasta niegan hechos que son evidentes. Porque si no se dirigen a la razón, ¿a qué ámbitos de la personalidad individual y colectiva están apelando?, ¿qué tipo de respuesta están sembrando?

En todo lo que está pasando, un personaje tan insustancial como Casado es casi una anécdota. Lo que no es una anécdota son los poderes que le proporcionan una amplísima cobertura informativa a sus ocurrencias y silencian sus contradicciones. En realidad, lo que explica este todo vale es el derecho que creen tener, una vez más, ciertos sectores muy influyentes para descargar los efectos de esta crisis sobre las espaldas de los de siempre. Y para disponer ellos, y a favor de ellos mismos, de los fondos europeos. E impedir que los efectos de la pandemia los afronte, y los cuantiosos recursos financieros disponibles los gestione, un Gobierno dispuesto a “no dejar a nadie atrás”. Por eso, para las élites conservadoras, Casado es el chico ideal. La marioneta.