Llamar a las cosas por su nombre por Isabel Saavedra Doménech e Isabel Suárez Manrique de Lara

En febrero de 2008, la misma Ana dijo que los niños andaluces son “prácticamente analfabetos”. Así, sin más.

Con la excusa de que lo de menos es el lenguaje, lo que se contradice con el hecho de que el PP recurrió la ley que aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo alegando que el término “matrimonio” debería reservarse a la unión entre un hombre y una mujer, la flamante ministra estrena mandato dando un tremendo paso atrás en los avances conseguidos en el terrible asunto de la violencia machista, de la que en los primeros cinco días de 2012 ha habido nada menos que tres mujeres asesinadas.

Denominar la violencia de género, violencia machista o violencia sobre la mujer como “violencia en el entorno familiar” no hace más que confundir las cosas y llevar a equívocos a una sociedad que poco a poco va comprendiendo la importancia de esta grave lacra.

De sobra sabemos que la única manera de terminar con el terror machista es inculcar determinados conceptos y actitudes desde la infancia, educando en la igualdad. Y el lenguaje que se utilice para ello es un elemento fundamental.

La ministra Mato, además de utilizar confusamente la citada expresión de violencia en el entorno familiar, demuestra adolecer de una palpable ignorancia en cuanto a la legislación penal española, ya que la violencia en el entorno familiar viene recogida en el Código Penal español, articulo 153, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Violencia de Genero. El objetivo específico de esta ley consiste en actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. La concreción de la Ley es indiscutible. De hecho, los órganos que se crearon para su aplicación se denominan juzgados de violencia sobre la mujer.

El concepto “violencia de género” tiene su origen en los años 90, en concreto en la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del año 1993, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994 y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995.

La expresión “violencia en el entorno doméstico” encierra cualquier tipo de violencia que se dé en este ámbito: violencia hacia las personas mayores, hacia la infancia, hacia las personas dependientes, hacia los padres... , además de inducir a indeterminaciones que tienden a ocultar la realidad concreta, específica, de la violencia que se ejerce, de manera escandalosa, contra las mujeres por el hecho de serlo. Y no por otra causa que la perpetuación de la ideología patriarcal que proclama la autoridad del hombre y el derecho a mantenerla por encima de todo.

Pretender, como pretende Ana Mato, borrar de un plumazo los pequeños pero importantes pasos que se han conseguido por la sociedad española en general, y sobre todo por las mujeres en los últimos siete años, despreciando e ignorando un término asentado y aceptado , con la excusa de que el nombre no es importante, nos parece no sólo muy poco riguroso viniendo de una autoridad del más alto nivel, sino que es intencionado.

La estrategia del PP es ir dejando caer expresiones y términos, como quien no quiere la cosa, para ir acostumbrando a la ciudadanía a lo que quieren realmente imponer. Y, en este caso, con toda probabilidad, lo que está entre sus objetivos es reducir al ámbito doméstico el problema de la violencia machista, con lo que, además de retroceder ideológicamente a hace 40 años, se cambiaría la aplicación de ley, los tribunales específicos, y todos los costes de aplicación de la legislación actual.

Eso sí, sin modificar de entrada la ley para que no les acusen de ir contra los avances de derechos de las mujeres.

*Colectivo de Mujeres Canarias.

Isabel Saavedra Doménech e Isabel Suárez Manrique de Lara*