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Ventajas y desventajas de ser alguien conocido

Francisco Pomares

El Supremo ha desinflado la imputación de malos tratos contra López Aguilar. El Supremo cree que la exposición razonada planteada por la juez Auxiliadora Díaz para iniciar la investigación por lesiones contra el eurodiputado se basa en indicios de una primera denuncia que resultó sobreseída, y no puede por tanto ser utilizada. La decisión del Supremo de devolver a la juez su propuesta es un varapalo de entidad para la propia juez, que deberá eliminar de su exposición todos los indicios relativos a la denuncia y sobreseída, y supone un evidente balón de oxígeno para la imagen de López Aguilar, sin que el Supremo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión o le declare inocente, como se ha dicho de forma bastante precipitada. En esta ocasión, López Aguilar ha sabido mantener el silencio –la prudencia suele ayudar en estos casos- y ha contado además con la inestimable ayuda de su ex, Natalia de la Nuez, que ha manifestado públicamente su alegría y satisfacción por la decisión del alto tribunal.

Sin entrar en el fondo del asunto, la existencia o no de episodios de violencia en la vida cotidiana de esa familia, un asunto que sólo debería ser competencia de la Justicia, y debería producirse lejos del morbo y el sensacionalismo de la mayoría de los medios, sí parece conveniente reflexionar sobre cómo este penoso episodio ilustra a la perfección algunos de los cambios que se han producido en los últimos años en la relación entre los poderes del Estado y entre ellos y la sociedad.

Hace veinte o treinta años, ocupar un puesto político de relevancia, o –en general- ser una persona con cierta notoriedad pública, solía derivar en una suerte de consideración social y política, que incluía un refuerzo automático de la presunción de inocencia, basado en el currículo y los servicios prestados. Con el paso de los años, esa complicidad tradicional –y sin duda arcaica- entre los poderes del Estado y las dirigencias sociales, se ha disipado absolutamente, siendo sustituida por una creciente beligerancia, una poderosa disposición de todo el aparato de la Justicia a intervenir inmediatamente y con contundencia cuando se trata de asuntos –públicos o privados- que afectan a gente que se mueve en el escenario político o social.

Hay quien considera que López Aguilar es beneficiario de un trato de favor por estar aforado. Y es totalmente cierto que al depender su causa del Supremo, el hombre se ha librado de pasar una noche de calabozo preventivo, como tantos otros acusados de violencia de género, en aplicación de los protocolos policiales surgidos de la Ley que el propio López Aguilar aprobó siendo Ministro de Justicia de Zapatero. Pero lo realmente significativo de este asunto es que si López Aguilar ha sido reinvestigado -después del sobreseimiento de la denuncia presentada por su hijastro y las declaraciones exculpatorias de su ex mujer- es porque es un personaje público relevante. A un tipo anónimo, probablemente se le habría dejado en paz después del archivo de la primera denuncia contra él.

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