Miedo a saber

Cuando un gobernante propone algo sensato, como por ejemplo una consulta a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un asunto relevante, los detractores suelen blandir la ley como el papa la Biblia. Indefectiblemente.

Ha bastado que Paulino Rivero haya anunciado que hará una consulta a los canarios sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago para que toda la bancada de la oposición se haya levantado al unísono para descalificar al presidente del Gobierno de Canarias, que se presentó con todo su gabinete en pleno para anunciar la buena nueva.

Cuando alguien antepone la ley a una consulta es porque prefiere el Código Penal a la democracia. La democracia consiste en gobernar todos juntos, no unos cuantos, los de siempre, muchas veces en contra de la opinión de la mayoría del pueblo, al que les importa un pimiento, excepto en campañas electorales.

Un gobernante demócrata que se amedrante con consultas populares no merece llamarse así. Los demócratas no puedan estar continuamente escudándose en las leyes (que por otro lado cambian según los tiempos y las demandas ciudadanas) para prohibir la libre opinión y manifestación de las personas a las que se deben. No son excluyentes ni incompatibles.

Estoy harto de los legalistas que siempre apelan a la Constitución, una ley de leyes que no pudo votar en su día, en 1978, la inmensa mayoría de los españoles que hoy siguen vivos y coleando. Cuando se antepone la ley al sentido común, mal vamos.

Seguramente entre los votantes del PP hay muchos que rechazan las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias (como también habrá militantes socialistas y nacionalistas que puedan estar a favor), pero no entiendo que tengan tanto miedo a la libre expresión de sus conciudadanos.

Es verdad que hay más asuntos de interés en los que podrían hacerse consultas, pero eso no desmerece que pueda realizarse una sobre el petróleo. Nos jugamos el futuro de generaciones, aunque haya gente que no vea que el pan para hoy pueda ser el hambre de mañana.

Los empresarios también están divididos. Los que ven un nicho de suculentas y rápidas ganancias se muestran claramente a favor, pero los que se ganan los cuartos con el turismo prefieren pasar página por mucho que el Gobierno central y Repsol les aseguren que no hay ningún peligro.

Si no existe riesgo, entonces por qué se empeña el Gobierno de España en rechazar la posibilidad de la consulta. Seguramente será porque sabe que si ésta se produce perdería por clara mayoría. No solo el Gobierno de Rajoy. También Repsol. Y a eso no están dispuestos a ceder ninguno de los dos.