Sobre algunas ocurrencias municipales

Casi todos los días se dan situaciones, hechos o actuaciones en nuestra ciudad, por parte de nuestros gobernantes municipales, que deben contarse para que los vecinos sepan cómo se gestionan los acontecimientos del día a día.

Algunas de las ocurrencias municipales se oyen en los plenos municipales, mientras que otras se pueden ver simplemente con darse un paseo por nuestras calles y playas.

Una de estas es la ya famosa inauguración de las obras de la Metroguagua en la calle Pio XII, cerca del antiguo Estadio Insular. El jueves día 29 de junio, el alcalde Hidalgo y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, procedieron a la inauguración solemne de las obras, que, por cierto, van a durar solamente cuatro años. Un operario rompió la acera y quitó algunos bolardos de la misma con un martillo neumático, para general regocijo de los presentes y fotógrafos. Cuando se fueron todos, el operario volvió a coger con cemento lo que había roto, para evitar que se pudiera caer alguien. La pregunta es: ¿cómo es que arreglan el roto si las obras habían empezado? La respuesta es que ha sido por precaución. Cuando escribo este artículo, 10 días después de la famosa inauguración, no se ha hecho nada más en la obra.

Algunos dicen que es porque la constructora está haciendo acopio de material para empezar. Otros dicen que es porque las obras de la Metroguagua no se han aprobado en ningún organismo municipal (ni junta de gobierno, ni comisión de pleno, ni pleno municipal). Si la causa fuera esta última la cosa sería grave. ¡Después de las decenas de miles de euros gastados en publicidad, se han dejado atrás la autorización municipal! En cualquier caso, sea cual sea el motivo, la ocurrencia ya ha saltado a la fama. Obra recién inaugurada y completamente parada.

Si nos acercamos a El Confital, la ocurrencia tiene forma de cartel que dice: “quien se aventure a acceder lo hace bajo su exclusiva responsabilidad”, ante el riesgo de desprendimientos. ¿Pero será posible? Si hay riesgo de desprendimientos, el ayuntamiento tiene la obligación de prohibir el paso a los ciudadanos. Esto de dejar “bajo la exclusiva responsabilidad” del ciudadano el que puedan haber desprendimientos, y le caigan encima, es una nueva forma de lavarse las manos. Para más inri, otra vez han aparecido los dichosos enterococos en cantidades más que generosas, por lo que se ha vuelto a proceder al cierre de la playa al baño. Es lo que se llama un verdadero éxito en la gestión municipal. En tierra, desprendimientos y en el mar, los enterococos. ¡Los ciudadanos que habitualmente van a El Confital deben estar contentos!

En el último pleno municipal, celebrado el viernes 30 de junio, el Ayuntamiento llevó a aprobación inicial un expediente por el que se procedería a destinar más de 25 millones de euros – exactamente 25.227.462,53 € – de los remanentes del año 2015 a pagar parte de la deuda municipal. El expediente lo defendió el director general de economía del Ayuntamiento. Cuando intervino el concejal de la oposición por el grupo popular, pidió explicaciones por el retraso de un año en utilizar los remanentes del 2015, ya que la liquidación de ese ejercicio se había aprobado – y con ella, los remanentes – en junio de 2016. La contestación de Gómez Prieto fue muy buena, reconociendo que “el tiempo no es el adecuado”. El portavoz del PP, en su réplica, le preguntó que cuánto se había pagado de intereses, por no haber liquidado los más de 25 millones de euros un año antes, teniendo el dinero disponible en los bancos. Y no hubo respuesta.

Si acudimos al “estado de la deuda” municipal a 31 de diciembre de 2015 vemos que el interés de dos créditos de 2014 concedidos al Ayuntamiento (de BBVA y Santander) está entre el 1,21 y el 1,24%. El Ayuntamiento, por no haber reducido la deuda en junio de 2016, cuando tenía capacidad económica para ello, y retrasar la decisión hasta junio de 2017, ha pagado sobre 308.000 euros de intereses. A nadie se le piden responsabilidades por este dispendio. No es culpa de Gómez Prieto – que se acaba de incorporar hace unos pocos meses al cargo – sino del concejal de Hacienda municipal. ¿Saben ustedes quién es? Pues un tal Augusto Hidalgo, que, por cierto, es también el alcalde. Esta ocurrencia nos ha costado a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria sólo 308.000 euros. Vamos, una bagatela.

En ese mismo pleno, el grupo de gobierno municipal llevó el expediente para la “aprobación de la imposición de la tasa por derechos de examen y de la ordenanza fiscal reguladora de la misma”. La oposición en bloque argumentó que, dada la situación económica que tiene el Ayuntamiento, ¿qué necesidad hay de cobrarle a los que quieren optar a un puesto de trabajo? Efectivamente, no parece muy coherente el que, con la boyante situación económica del Ayuntamiento, haya que recurrir a sacarle los cuartos a los que necesitan un puesto de trabajo, ¿no creen? Los votos de la mayoría de gobierno impusieron su tesis y se aprobó la citada tasa y la ordenanza fiscal.

Como observará el lector, en el mismo pleno se conoce que el gobierno municipal gastó – inútilmente y por no ser previsor - 308.000 euros, y castiga a los ciudadanos que optan a un puesto de trabajo con una tasa que, como mucho, puede significar 30.000 o 40.000 euros al año. Castiga precisamente a los que menos poder adquisitivo tienen y que suelen ser jóvenes en desempleo. Vista la comparación, creo que esto pasa de ser una ocurrencia a ser una gamberrada.