Relación bilateral Canarias-Estado

La primera reunión mantenida por el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo estatal, representado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue intensa, clara y rigurosa. Importante en los contenidos, pero también en el formato. Considero que este modelo bilateral es clave cuando Canarias ni tiene el sistema foral de Navarra o Euskadi ni, tampoco, el de las comunidades autónomas de régimen común. Tenemos identidad propia, diferenciada, la que dan nuestras especificidades fiscales y económicas, nuestro REF, así como nuestro Estatuto de Autonomía y el estatus de RUP en la UE. Lo que es más difícil de trasmitir en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en las conferencias sectoriales, foros en los que están las comunidades de régimen común. Debatir los temas, como hemos hecho, en un foro bilateral posibilita trasladar mejor nuestra diferenciada realidad. Y acercar acuerdos y soluciones.

Analizamos con la ministra la actual crisis sanitaria, económica y social. En la que Canarias presenta mejores datos en el ámbito sanitario que el conjunto del Estado. Pero en la que las peculiaridades de nuestra economía, con un 35% del PIB y un 40% del empleo vinculados al sector turístico, el triple que la media estatal, hacen que los estragos económicos y sociales sean mucho mayores. Lo que se traduce en 490.000 hombres y mujeres en ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y en desempleo, además de 60.000 recibiendo las prestaciones a autónomos. Es decir, en conjunto, la mitad de la población activa del Archipiélago. Lo que implica, también, la necesidad de ampliar los ERTE más allá de junio, adaptándolos a nuestras circunstancias económicas y al más lento proceso de recuperación del sector turístico. Y es que, en nuestro caso, sería un error creer que la crisis abarcará sólo el año en curso: sus efectos llegarán al menos hasta 2022.

La reunión no supuso, hubiese sido ingenuo pretenderlo, solucionar todos los contenciosos de Canarias con Madrid ni resolver todos los temas pendientes. Pero abrió un espacio de conocimiento, negociación y búsqueda del entendimiento que valoro. Y que ahora habrán de seguir concretando, en cada uno de los asuntos, los responsables políticos y técnicos de ambas administraciones en los próximos meses.

Superávit

En primer lugar, resulta muy positivo que tras nuestra prolongada insistencia se reconozca la necesidad de que las administraciones canarias, su Gobierno, pero también sus cabildos y ayuntamientos, puedan hacer uso del superávit y los remanentes de tesorería para afrontar esta grave crisis económica y social. Estamos hablando, en lo que respecta a la Comunidad Canaria de 379 millones del año 2019 y 500, vinculados al convenio de carreteras, del 2018, es decir, casi 900 millones de euros. Y con relación a ayuntamientos y corporaciones insulares de una cifra conjunta cercana a los 3.000 millones.

La ministra de Hacienda reconoció la necesidad de utilizar el superávit, siendo consciente de que Canarias ha perdido ingresos de sus figuras tributarias, y que, por nuestras singularidades fiscales, habrá menos recursos de impuestos propios (tabaco y derivados del petróleo) y también del bloque de financiación canario (IGIC, AIEM e impuesto de matriculación), del que el 58% corresponde a cabildos y ayuntamientos. La utilización del superávit y remanentes supone que las administraciones públicas canarias podamos movilizar nuestros ahorros. Para ello, de la reunión con la ministra de Hacienda surgió el compromiso de conformar dos mesas de trabajo: una con el Gobierno de Canarias y otra con las corporaciones locales.

Aparte de esa fórmula para contrarrestar la pérdida de ingresos fiscales propios, abrimos brecha respecto a la distribución de ese fondo estatal de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, reconociendo que en el reparto para el Fondo Sanitario debe tener más peso el criterio poblacional y, también, que se tenga en cuenta el número de PCR (pruebas de diagnóstico) llevados a cabo y no solo los positivos.

Quedan pendiente de discusión la mayor capacidad de endeudamiento, los asuntos vinculados con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, que la ministra Montero aseguró que el Gobierno va a intentar elaborar y aprobar, y cómo quedarían los programas presupuestarios vinculados al REF en esas cuentas públicas estatales.

Otro asunto abordado es la posibilidad de que la Comunidad Canaria -una de las más saneadas y con menor nivel de deuda- pueda recurrir a endeudarse para poder hacer frente a los grandes retos de este período, compensando las graves pérdidas de ingresos y las necesidades de financiación de los planes de reactivación económica y social. Algo que hemos exigido reiteradamente a través de la convocatoria del CPFF.

Déficit, deuda y UE

Respecto a sobre cuánto va a corresponder a las comunidades autónomas y a los entes locales con respecto a la flexibilización del déficit y la deuda, el Gobierno español ha remitido a las autoridades europeas su plan de estabilidad y está esperando su respuesta. En ese plan se pasa del 1,8% de déficit al 10,34%, correspondiendo solo dos décimas a las comunidades. No parece razonable que el Estado se apropie de la práctica totalidad de su incremento, cuando ejecuta cerca del 50% del gasto total (incluyendo Seguridad Social y Pensiones), un 40% las nacionalidades y regiones (en las que recae buena parte del desarrollo del Estado del Bienestar: educación, sanidad y servicios sociales) y el resto las corporaciones locales.

Además, estamos muy atentos a las decisiones de la Unión Europea con relación a su Plan de Reconstrucción, del que deben captarse recursos significativos para las comunidades autónomas; atentos a las cantidades definitivas y a qué peso tienen en ella los préstamos y cuánto corresponde a transferencias.

Los tres niveles administrativos -Estado, comunidades autónomas y entidades locales- tienen sus competencias, responsabilidades y necesidades de financiación. Deben colaborar intensamente siempre, más aun en circunstancias como las actuales y al menos para el trienio 2020-2022. En el caso canario, estamos en un permanente diálogo entre las instituciones y los partidos, pero también con representantes empresariales, sindicales, de las universidades, del sector cultural o de las organizaciones no gubernamentales para afrontar los retos del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Porque tan importante es la unidad de acción para reclamar la atención debida del Gobierno estatal y la UE como el compromiso de autoexigencia de las administraciones y entidades canarias en su ámbito de actuación.

Retos que afectan al empleo y a la economía. Al mantenimiento de los trascendentales servicios públicos. A un desarrollo sostenible, equilibrado y al servicio de los hombres y mujeres de esta tierra. A una justa distribución de la riqueza y la adecuada atención a las personas más vulnerables, garantizando que dispongan de unos ingresos mínimos y protegiendo elementos sustanciales como el derecho a la vivienda. Y para afrontarlas se precisa movilizar recursos económicos que, tras la profunda crisis originada por la pandemia del Covid19, suponen la imperiosa necesidad del uso del superávit por parte de las instituciones canarias, así como posibilitar su endeudamiento. En la consecución de estos objetivos, la reunión mantenida con la ministra de Hacienda supone un buen inicio que habrá que concretar para llegar a un buen final.