Presupuestos 2012 (1)

La Ley de Presupuestos es la más importante que aprueba el Parlamento cada año. Porque en ella se consignan las partidas que hacen posible el desarrollo de las políticas educativas, sanitarias, de servicios sociales o culturales, así como el apoyo a los distintos sectores productivos. Una Ley que incluye una previsión de ingresos y una autorización máxima de gasto en cada área.

El actual Gobierno de Canarias ha presentado un proyecto de ley en un marco condicionado por diversos factores. Entre ellos, un escenario de enorme incertidumbre económica por la crisis del euro, el ajuste fiscal duro y la paralización de la economía española, con un crecimiento negativo en estos dos últimos trimestres del año y pesimistas previsiones para 2012; así como por las nuevas decisiones de ajuste que con toda seguridad tomará el futuro Gobierno que presidirá Mariano Rajoy a partir del próximo día 23. Un marco, en definitiva, en el que las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo canario no se van a cumplir y por tanto disminuirán muchos de los ingresos consignados.

La estructura general del proyecto presupuestario contempla 5.799,5 millones de euros de ingresos y un total de gastos de 6.680,8 millones, Esto supone un déficit no financiero de 881,3 millones, acogiéndose Canarias al máximo de déficit permitido, un 1,30% del PIB. Esto llevará a las Islas en 2012 a una deuda pública de 4.947,6 millones de euros, es decir, a un endeudamiento por habitante de 2.355 euros.

Con un problema añadido: en nuestra Comunidad los ingresos corrientes son inferiores al gasto corriente, lo que se califica como ahorro bruto negativo. Ha sido así en los ejercicios de 2010 y 2011, y lo será el próximo año. Y esto obliga a endeudarse, no para llevar a cabo inversiones que dinamicen la economía y generen empleo, sino para financiar gasto corriente. De hecho, de los 882 millones del nuevo endeudamiento, el 69,38%, 612 millones, son para cubrir gasto corriente, es decir, para pagar agua, luz o salarios. Un auténtico drama. Pero más aun, fuentes del propio Gobierno canario ya ponen en duda que finalmente se autorice ese endeudamiento de más de 800 millones, lo que rompería por completo el marco de la ley presupuestaria que se tramita en el Parlamento canario.

Paro

Además, los ingresos recogidos en el proyecto de Presupuestos están muy sobrevalorados. Entre otras cosas, porque se basan sobre una comunicación del Gobierno central del pasado julio; y que fue realizada presuponiendo un escenario de crecimiento del 1,3% del PIB en España, cuando todo apunta a que no llegará ni a la mitad. Además, se incluyen en la previsión de ingresos los convenios que debieran contar con anualidad específica para 2012, cuyo mantenimiento no parece en modo alguno asegurado.

Estimar en 2012, asimismo, un 0,8% de crecimiento para Canarias y plantearse un 1% para España, que estará el próximo año por debajo del 0,5% o, aún peor, en recesión, es confiar en unos ingresos provenientes del Estado que, con toda seguridad, serán notablemente inferiores, al estar directamente asociados a la evolución de la economía.

Los propios datos de la EPA del tercer trimestre y los conocidos estos días de paro registrado, 266.213 en noviembre, cifra nunca alcanzada en las Islas, con 7.949 parados más que en el mes anterior y un incremento de más de 14.000 en octubre y noviembre, apuntan al estancamiento de la economía y vislumbran negativas perspectivas para 2012.

Por ello, como decía, es un exceso de optimismo -si tenemos en cuenta la actual situación económica y su vinculación a los ingresos del Estado y al tramo de impuestos cedidos a las comunidades autónomas- incluir en los Presupuestos 2.501 millones provenientes del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con un incremento de 11,3% en relación a 2011. Como lo es, asimismo, estimar un aumento de la recaudación del IGIC (estrechamente vinculado a la actividad económica) del 15,8% sobre el presupuesto inicial de 2011.

Caída de ingresos

Todos los datos apuntan, pese al optimismo del Gobierno canario, a una significativa caída de ingresos en Canarias. Lo que evidencia, una vez más, la gravedad del maltrato sufrido por las Islas en la financiación autonómica, que nos coloca 545 millones de euros anuales por debajo de la financiación media estatal, lo que hubiese permitido otro escenario presupuestario y financiar adecuadamente los costes de los servicios públicos fundamentales en nuestra tierra.

Una comparación del gasto per capita con dos comunidades de distinto régimen y diferente nivel de riqueza resulta esclarecedora sobre lo injusto de nuestra situación: 4.817 euros por habitante en el caso del País Vasco, 4.430 en el de Extremadura, frente a los 3.400 de Canarias. Es decir, si fuéramos extremeños recibiríamos 2.000 millones de euros más en 2012; si fuéramos vascos, la cifra se elevaría hasta los 3.300 millones. Los datos son contundentes: con similar población, Euskadi dedica mil millones de euros más a Sanidad y otros tantos más a Educación.

Los insuficientes ingresos que Canarias tiene para cubrir los gastos son también fruto de una equivocada política fiscal, producto de un pensamiento neoliberal que lo inunda todo, como cuando Zapatero se inventó la máxima de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Algunas de sus geniales ocurrencias ?bajada de tipos del IRPF, bonificación del 100% del impuesto de patrimonio en 2008, rectificada luego en septiembre de este año- u otras cuya autoría corresponde al ex consejero de Economía del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, como la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como la no traslación de la subida a Canarias del incremento del IVA en julio de 2010, a través de la subida del IGIC, han supuesto una disminución real de los ingresos fiscales.

Con el proyecto de Presupuestos para 2012, el Gobierno de CC y PSOE se empeña en aplicar el dogma de que la única vía para el cumplimiento del déficit es recortar el gasto, medicina que se viene aplicando con el 'notable éxito' de mayor contracción económica y más paro y pobreza, así como pérdida de derechos sociales. Por contra, pienso que para lograr ese objetivo es imprescindible también incrementar los ingresos, a través de la financiación autonómica, la persecución del fraude fiscal y el aumento de los ingresos fiscales de forma selectiva y progresiva. En un próximo artículo desarrollaré esas propuestas fiscales que planteo.

Román Rodríguez