Puigdemont, traidor; Aznar, patriota

España, “esta España mía, esta España nuestra”, no es un país cualquiera. Si no fuera porque suelen acabar en tragedia, algunos acontecimientos deberíamos tomárnoslos a broma.

Por ejemplo, el auto del juez Aguirre reabriendo, como una ocurrente “alternativa” de su propia cosecha, la investigación contra Puigdemont y otros (Artur Más, por ejemplo), por delito(s) de traición.

El contenido del auto no tiene desperdicio, como tampoco tendrá recorrido la propia investigación que ha reemprendido. Pero, a estas alturas, eso es lo de menos. Lo de más, da la impresión, es sintonizar calendario en mano algunas iniciativas judiciales con la estrategia cada vez más insurgente de influyentes poderes fácticos y sus agentes institucionales contra el Gobierno.

“Los jueces solo deciden con arreglo a su conciencia”

Nos deleita con jugosas elucubraciones sobre la separación de poderes, atribuyéndole al Poder Judicial, descartada la capacidad real de control del Ejecutivo por el Parlamento -dado que el partido del Gobierno controla a la mayoría parlamentaria-  “el único de los tres poderes tradicionales que serviría de compensación al Ejecutivo, dado que los jueces son independientes, no son elegibles mediante votación popular y no obedecen consignas de ningún partido político. Los jueces solo deciden con arreglo a su conciencia…”.

Debe haber olvidado el magistrado, en su lección de teoría del Estado constitucional, que los jueces no resuelven sólo con arreglo a su conciencia, sino primordialmente con pleno sometimiento a la Ley (artículo 117 de la Constitución) y, en particular, a las leyes penales y a las garantías esenciales -que consagran-  de las libertades de los ciudadanos.

Digo esto, habiendo leído pacientemente el auto, en medio de infinitas disquisiciones sobre la guerra híbrida, después de comparar la injerencia rusa en el procés con las desplegadas en Crimea o Montenegro; después de “identificar” a numerosos espías rusos, que según parece descendían de los aviones con un letrero con SVR (Servicio de Inteligencia Exterior, de Rusia por supuesto) o de “emisarios del Kremlin”.

Da por sentado que terceras personas en sus conversaciones, viajes y contactos  se limitaban a cumplir estrictamente órdenes del MHP, Carles Puigdemont, nada menos que en estos términos:

“Este nivel de conocimiento de la situación, detalle de lo tratado y confidencia de un asunto tan delicado como negociar con una potencia extranjera la segregación de una parte del territorio a espaldas del Estado español, sólo  puede interpretarse como que Carles Puigdemont debía jugar algún papel de relevancia en la trama ruso-catalana”.

Invocando informes como el del Centro Europeo Contra las Amenazas Híbridas (Hybrid COE), “fuentes abiertas”, informaciones de medios como El Confidencial y otros, da por “demostrados”  los hechos y por “acreditadas” las circunstancias que sustentarían esta vía judicial “alternativa” para reabrir una investigación ya desechada por la Audiencia Nacional, con pleno conocimiento del magistrado.

No voy  a extenderme en hipérboles de S.Sª, como las que emplea para tratar de equiparar como fuera las actuaciones de Tsunami con las de la kale borroka, adornando las acciones con calificativos como el de violencia “extraordinaria” o menciones pintoresca como al de que “este magistrado contempló la ciudad en llamas” (perdonen, sólo le falta tocar la lira en el Foro Romano)…

Pero no puedo dejar de mencionar la afirmación del magistrado sobre cómo unas diligencias de registro que ordenó, a propuesta de la Policía Judicial, originaron “un serio revuelo en el ámbito independentista, el cual permitía mantener en el poder al presidente Pedro Sánchez” (pág. 40-41). 

Reinterpretar el código penal

A una España cuyo presidente del Gobierno, señor Aznar, comprometió en una guerra de agresión, la de Irak, contraria al Derecho Internacional y sustentada en las mentiras sobre la existencia de armas nucleares en manos de Saddam Hussein, el mismo dictador a cuyo régimen los Estados Unidos, según sus conveniencias tácticas, excluían o exoneraban de amparar el terrorismo.

En una España cuyo Código Penal tipifica como delito contra La Paz o Independencia del Estado a  “el que, con actos ilegales…expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes” (Art. 590.1), que el inmarcesible presidente de la FAES haya resultado impune, ni siquiera investigado judicialmente, y nos siga intentando adoctrinar a todos, a pesar de que los riesgos contra los españoles se convirtieron en una dantesca realidad en  el atentado de Atocha, que el juez Aguirre intente perseguir a Puigdemont por traición sería cómico, si no reflejara cuál es la actitud, el fanatismo y la sensación de impunidad  de determinados integrantes del Poder Judicial.

Pero lo más grave de todo es que, como el juez no puede encuadrar toda la serie de elucubraciones que hace en ningún delito de los tipificados en el vigente Código Penal, se descuelga afirmando que “la evolución tecnológica respecto al armamento empleado y la forma en que la guerra misma se ejecuta han convertido en obsoletos una gran parte de los preceptos del Título XIII  (del Código Penal) lo cual obliga a una reinterpretación de los mismos, acorde con la actual  realidad social y política”.

¿Cómo que a una reinterpretación? Si de verdad fueran tipos penales obsoletos, las conductas que, por ser fruto de la “evolución tecnológica” no estén estrictamente tipificadas, no pueden ser penalizadas. Esa es la principal garantía constitucional (art. 25 de la Constitución Española) frente a la potestad sancionadora del Estado, especialmente en materia penal, derivada de los principios de legalidad y tipicidad, consustanciales a una sociedad de libertades y a este Estado de Derecho sobre el que tan desparpajadamente nos ha dado una lección el juez Aguirre.

Sólo cabe una reforma del Código Penal, que sólo pueden realizar las Cortes Generales, en representación de la soberanía popular.

¿O es que el juez Aguirre y algunos otros que resuelven “en conciencia” pretenden actuar como jueces/legisladores?

Posdata. No les cuento más sobre el auto, porque van a acabar no creyéndome. La realidad va más allá que  la ficción. Mucho más allá, en el “relato” y en los “fundamentos jurídicos”.