Sanidad Pública: S.O.S.

La sanidad pública está en un estado de emergencia social. El propio Gobierno de Canarias pide ayuda a Madrid para solucionar las listas de espera, que colapsan los centros sanitarios y es el azote de la ciudadanía, porque aquí no se ven capaces de dar respuesta ante esta situación de alarma que muchos venimos denunciando hace demasiado tiempo. Después de tantos años de haberse producido las transferencias en materia sanitaria a esta Comunidad Autónoma, gobernando Coalición Canaria, siempre, junto con PP, en ocasiones, y con PSOE, en otras, siendo los responsables de la gestión aplicada en la sanidad pública, ahora piden ayuda para resolver lo que han provocado y permitido durante todo este periodo.

En Octubre de 2011 la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, junto con la Directora del Servicio Canario de Salud, Juana Reyes y el propio Presidente Paulino Rivero, insistieron en que no se cerraban quirófanos sino se ponía en práctica una “restricción de la actividad quirúrgica extraordinaria”, en que no se cerraban camas ni consultas sino que “se adaptaban a las necesidades asistenciales del momento”, en que las obras de los hospitales del norte y sur no se paralizarían sino que “ el presupuesto se deslizará en el tiempo”. También indicó Mendoza que se optimizarían los recursos disponibles tratando de impulsar la jornada ordinaria en los hospitales y que “el cierre de quirófanos no repercutiría en las listas de espera ya que por la mañana se realizarían más intervenciones”.

Finalmente se constata, a día de hoy, que unos 45.000 pacientes esperan a ser tratados de sus dolencias quirúrgicas. Por tanto mintieron todos y existe un grave problema que resolver que ellos no saben, no pueden o no quieren solventar y dirigen al Estado la petición.

Con la precariedad existente, que se demuestra con los índices de sanitarios de los centros públicos por número de habitantes, que en el HUC superan los máximos estatales, ahora el Gobierno autónomo dicta una ley que obliga a la jubilación forzosa a decenas de facultativos sanitarios, que se encuentran en plenas capacidades productivas realizando tareas asistenciales que, con su cese, bloquearán, aún más si cabe, la deficiente y paralizada sanidad pública en su actual estado de alarma. Trabajadores, muchos de ellos, que tienen concedidas legalmente, prórrogas hasta los 70 años de edad en aplicación de normativas vigentes hasta la aparición de esta nueva ley canaria, que no podrán ser reemplazados ni por su cantidad ni mucho menos por su acumulada experiencia sanitaria de más de 40 años de profesión. Pero nada de eso importa.

En el HUC, además, existe un verdadero empeño en su desmantelamiento. Aquel centro emblemático, que fue la “joya de la corona” del Cabildo de Tenerife, pasa por momentos críticos. La politización existente en su gestión y dirección es de tal calibre, que se dan verdaderos casos de persecuciones personales, de cazas de brujas intolerables. Un caso paradigmático se ceba en la figura del Jefe del Servicio de Traumatología, a quién no saben, desde la Gerencia y Dirección Médica, como quitarse de encima. Un especialista con 46 años de profesión, miembro destacado del PSOE, asesor y responsable del área sanitaria del partido, que insisten en jubilar a toda costa, pues ya lo intentaron hace un par de años, fallidamente, teniendo que indemnizarlo y readmitirlo de nuevo en su plaza asistencial tras sentencia judicial que le permite mantenerse en activo hasta los 70 años, y que ahora insisten en que se vaya. Esta situación es poco comprensible cuando se trata de un personaje de importancia en el PSOE, socio que gobierna en Canarias, no lo olvidemos, que no hace nada por defender la honradez y figura del profesional médico.

Los profesionales sanitarios no sabemos que más decir y hacer para intentar reconducir esta grave situación. Y es que los políticos y los directivos no nos dejan. Y a ellos no los jubilan ni dimiten de sus poltronas en sus bien adinerados y cuasi vitalicios cargos.