¿Servicios públicos o negocios especulativos?

No trataremos de los “servicios públicos” (en minúscula) referidos a esa especie de antiguas cabinas telefónicas de paredes opacas, con cierre de seguridad y el logotipo W.C. (anglicismo universal), que tanto se prodigan en el paisaje urbano, por ejemplo durante los carnavales, con el inútil propósito de que las calles no amanezcan con pestilencias amoniacales, a pesar del esfuerzo y buen hacer de los “servicios municipales de limpieza”.

Los Servicios Públicos, definidos con propiedad, están constituidos por las actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado que las controlan y regulan con el objetivo de satisfacer las necesidades de la colectividad.

La importancia y trascendencia de los Servicios Públicos Esenciales son obvias. Los No Esenciales hacen referencia a las actuaciones que tienden a satisfacer necesidades públicas que afectan al progreso y al bienestar social. Por lo tanto, también fundamentales como tales derechos ciudadanos.

Nos centraremos aquí, en los aparcamientos urbanos con ticket de entrada y abono de salida. Complejas construcciones subterráneas, o en sucesivas plantas elevadas, imprescindibles en áreas urbanas donde la saturación de tráfico imposibilita la disponibilidad mínima deseable de una plaza de estacionamiento. La única solución suele ser la de pasar por caja en una de estas instalaciones.

Iniciamos con los aparcamientos anexos a los hospitales públicos de Tenerife.

La asociación Asamblea7islas, que aglutina a 11.000 trabajadores del Servicio Canario de Salud, de las 27 categorías laborales que componen personal sanitario y no sanitario, ha presentado ante el Gobierno de Canarias solicitud de gratuidad de acceso y uso de los aparcamientos vinculados a dichos hospitales. No solo en favor propio, sino de los pacientes que suelen sufrir demoras importantes, o mañanas enteras, en la atención de la consulta sobre la hora fijada en la cita previa. Y mientras, el parquímetro saltando números como una máquina tragaperras… Porque los precios son de empresa privada, propios de una zona vip, que no de enfermos y familiares afectados por una situación crítica, que les crea un estado de necesidad sobre la que especular para obtener pingües beneficios, supone un grave quebranto de la mínima sensibilidad humanitaria en los “afortunados” gestores del infame negocio, consentido y compartido con algunas autoridades responsables de su control y regulación.

Está muy bien el gesto reivindicativo de esta asociación, que cuenta sin duda con el apoyo popular masivo. Quizá sea el primer paso para abrir un melón que puede afectar a un amplio escenario en el que se mueven cantidades millonarias, en perjuicio de los intereses ciudadanos para beneficio de los pocos habituales de siempre, en connivencia con algunos gestores oficiales poco aprensivos.

Tal vez, el amable planteamiento de “solicitud”, a partir de la previsible respuesta evasiva que ustedes reciban, deba convertirse en “exigencia” de, en virtud de la Ley de Transparencia y por tratarse de dinero público, reclamar el conocimiento detallado y exhaustivo de la operación de externalización de alguno de los establecimientos: Acceder a los datos del concurso; el valor inmueble de la licitación; identidad del concesionario; términos del contrato de cesión; con cuantas plazas ocupadas se cubre el canon anual; condiciones laborales de los empleados; beneficios brutos y fiscalidad cumplimentada del “afortunado inversor”… en fin, cualquier dato de interés que les sugiera el departamento jurídico de su asociación para destapar una realidad puntual que luego sirva para, por correlación, ir actuando contra casos similares, no solo los relacionados con el chollo de los aparcamientos públicos a precios de Dubai.

Cuenten con nuestra solidaridad y apoyo; y mil gracias por abundar en nuestro lema fundacional: “Solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas”. Enhorabuena, adelante y mucha suerte.