Más transporte público

Esta situación se reproduce, con determinadas especificidades, en territorios insulares como Canarias, donde pese a su escaso peso industrial se originan unas elevadas emisiones de CO2 a la Atmósfera, y en las que el automóvil privado tiene un lugar preponderante frente a los sistemas públicos de transporte, llevando al atasco permanente y a una mayor ocupación del territorio.

En las últimas décadas hemos dado un salto cualitativo en nuestra red de carreteras, superando una situación de enorme retraso. Es cierto que quedan aún algunos problemas por resolver, caso de la carretera del Norte o de la conexión con La Aldea, que actualmente suponen un gran sufrimiento para quienes diariamente tienen que desplazarse por las actuales vías, así como perjuicios a numerosas empresas.

Eficacia y sostenibilidad

Como he señalado en distintas ocasiones, las características de nuestro limitado territorio y una visión sostenible del mismo obligan a optar por un modelo de comunicaciones que combine eficacia y sostenibilidad. Y ello supone implementar políticas dirigidas a la mejora del transporte público y, asimismo, a intensificar modelos de urbanismo, en el ámbito local y comarcal, y de transporte autocentrados.

Trabajando, en definitiva, por la mejora de la calidad, la seguridad y la reducción de los costes ambientales, así como por la adecuada planificación urbanística, acercando los servicios (comerciales, culturales, de ocio, educativos, sanitarios?) a los ciudadanos y ciudadanas, y disminuyendo, consecuentemente, la demanda de desplazamientos.

En la Ley de Directrices de Ordenación General ya se apunta la necesidad de dar prioridad a los modos colectivos de transporte y establecer un sistema “que permita reducir el consumo energético total por los diferentes modos de transporte y el consumo de suelo por las infraestructuras de transporte, prestando especial atención a la demanda de los sectores sociales menos favorecidos económicamente y a la de aquellos colectivos que presentan algún tipo de movilidad reducida o demandan un transporte especial”.

En su texto se recoge, asimismo, la necesidad de llevar a cabo una “selección de los vehículos y sistemas de transporte de menor impacto ambiental, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de las restricciones operativas”. Pretendemos evitar el incremento del ya elevado consumo de combustibles, el aumento de la contaminación y, por tanto, del daño medioambiental y del perjuicio a la salud. Seguros, además, por experiencia propia y ajena, que esa espiral -más carreteras, más coches, más carreteras- no soluciona la movilidad y que el abuso del vehículo privado en detrimento del transporte público lleva a colapsos cotidianos de tráfico, incomodidades y pérdida de calidad de vida.

Convencidos del carácter esencial y estratégico del servio público de transportes estamos trabajando para potenciar a las guaguas y a los taxis, en aspectos que van desde el incremento de la seguridad a la incorporación de vehículos menos contaminantes, así como la incorporación de nuevas líneas que den respuestas a las exigencias ciudadanas.

Debate abierto

Y, además, en ese mismo marco hemos abierto un debate sobre la posibilidad de implantar modos de transporte guiados en la isla de Gran Canaria. En concreto con el estudio de viabilidad de un tren que uniría Las Palmas de Gran Canaria con el Sur de la Isla en 25 minutos. Y con el análisis sobre las ventajas e inconvenientes de la instalación de un metro en la capital grancanaria, tal y como han impulsado urbes como Coruña, Bilbao o Palma de Mallorca; que va a mejorar notablemente su movilidad y que está suponiendo una relevante obra pública generadora de riqueza y empleo, que suaviza los efectos de la recesión en el sector de construcción.

Lo hacemos sin apriorismos, sin dogmas, sin cerrados posicionamientos previos. Con el convencimiento de que a través de estudios rigurosos podemos llegar a concluir qué es más conveniente para lograr esa combinación de transporte eficiente y reducción de los índices de contaminación, y estando siempre atentos a procurar el menor impacto posible sobre la ocupación de nuestro territorio.

Lo hacemos, igualmente, sin estar sometidos a ninguna presión, porque no la admitiremos. Ni la de las empresas importadoras de vehículos ni la de las que venden trenes. Ni unos ni otros van a decidir, porque no les corresponde, el futuro del transporte en nuestra isla, sino el interés general del conjunto de su población, la mejora de la movilidad y de la calidad de vida de los hombres y mujeres de Gran Canaria.

Y una vez tomadas las decisiones, si los grancanarios finalmente optamos por fórmula de transporte guiado, exigiremos con firmeza al Estado su financiación, tal y como el Gobierno central está haciendo en territorio continental, colocando a España en el primer lugar en el mundo en alta velocidad.

* Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *