Vamos a contar mentiras

Tampoco había nacido Primo en 1852, al producirse la primera División para compensar a Gran Canaria por el cruel bloqueo de las autoridades provinciales ante el cólera del año anterior, que se cobró 5.000 vidas; ni en 1856, año del proyecto Escosura. En 1873, en fin, con España en trance federal, era el dictador un bebé (¡quién diría que una vez lo fue!).

En 1877, al dictaminar el Consejo de Estado la conveniencia de la División, estaría Primo ocupado con los preparativos de Primera Comunión. Ya de adulto militarote, quizá oyera hablar, no puedo asegurarlo, del proyecto de reforma local de Antonio Maura, que se apuntó a la División defendida, entre otros, por Pérez Galdós.

Maura fracasó y lo intentó de nuevo Segismundo Moret que, por cierto, propuso que el Gobierno Civil residiese seis meses en Santa Cruz y seis meses en Las Palmas; imagino que les sonará de algo.

Hombres como González Bravo, Sagasta y Castelar vieron en la División la solución del problema canario ante la imposibilidad de contener la pujanza de Gran Canaria “dentro de la unidad provincial, donde todo depende de un único organismo y de una capitalidad con vicio de territorialidad” (Baldomero Argente) a favor de la oligarquía tinerfeña; “de un poder ajeno y que es esencialmente burocrático” (Ramírez Doreste). Juan Maluquer y Viladot, catalán, que fuera Fiscal del Supremo y elegido diputado por Tenerife en 1907, veinte años antes del decreto de Primo de Rivera, aseguraba que la División era ya entonces un hecho que no tardaría en ser de derecho.

No vale, pues, vistos los antecedentes, hacer del decreto de 1927 producto de la súbita connivencia grancanaria con los espadones, salvo con la intención insultante habitual. Una Dictadura no aceptada por Mesa y López, hombre fuerte de la isla y del divisionismo, que fue represaliado por ella.

Lo cierto es, tras 1927, Gran Canaria entró en una fase de prosperidad, imposible con la burocracia de la Provincia única. Y subrayo lo de Gran Canaria porque para Lanzarote y Fuerteventura fue un mero cambio de centralismo. Siguió sin verse que el problema era el sistema provincial, como indicara Romanones en 1906. Así nos luce.