Violencia machista en plena erupción: por qué se produce

Cuando se ordenó el confinamiento en marzo de 2020 se justificó la medida ante la llegada de una pandemia que amenazaba a toda la población. Evitar el colapso del sistema sanitario y las muertes por la enfermedad eran los principales objetivos. Apenas unas semanas después llegaron las evidencias de que la violencia machista se empezaba a disparar. En Canarias, solo en abril de ese año, se registró un repunte del 33% en las llamadas a emergencias (con un total de 736). Durante ese período se activó el Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA) en 143 ocasiones y 51 mujeres que estaban siendo víctimas de violencia de género tuvieron que abandonar sus hogares para refugiarse en alguno de los recursos alojativos de la red que coordinan los cabildos con el Gobierno de Canarias. Entonces, incluso hubo que recurrir a hoteles y otros espacios para ayudar a estas mujeres. Es la muestra de que, a veces, como señaló en La Palma esta semana la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, las medidas que se toman para la seguridad de la población en general resultan todo lo contrario para las mujeres que viven en entornos de violencia. De ahí, la importancia de aplicar la perspectiva de género en las políticas públicas. “Debemos prestar especial atención todas la administraciones para no provocar un mayor riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género, con medidas que para la población general son de seguridad, y sin embargo para ellas pueden ser todo lo contrario”, señaló. 

En La Palma vuelve a producirse un patrón similar al del confinamiento en plena erupción. Entre esos desalojos, pérdida de empleos, de negocios y del trabajo de toda una vida hay mujeres, niñas y niños que sufren doblemente la situación al vivir en contextos de violencia. Solo entre el 19 de septiembre y el 18 de octubre, el servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género del 112 atendió 63 llamadas, un 57,50% más que en el mismo periodo del año anterior. En 23 de estos avisos la vida de las mujeres corría peligro inminente. 

La violencia de género se da en multitud de formas y en diferentes fases y tiempos. Este repunte no podemos reducirlo a un único patrón ya que detrás de cada número se esconden distintas historias, pero para entenderlo sí podemos rescatar las palabras de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, cuando recuerda que los comportamientos machistas y la violencia se acentúan ante situaciones de crisis y emergencia. El confinamiento nos colocó en la antesala al constatar que cuando las mujeres están bajo el control continuo del agresor se quedan sin opciones para escapar de esa espiral de violencia. Entonces, también Canarias exportó la clave Mascarilla-19 para denunciar esta situación en las farmacias, establecimientos de primera necesidad que se encuentran en todos los pueblos y que colaboran constantemente con el Gobierno. 

Ese período también demostró que menos denuncias no siempre menos violencia machista, ya que la denuncia oficial no es la única vía para constatar estos casos. De hecho, la violencia de género se produce en todo un ciclo que tiene picos. La doctora en Psicología y profesora jubilada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Asunción González Chávez, recordó hace unos meses en una entrevista con Canarias Ahora que existen períodos llamados “luna de miel” cuando el agresor adula a la mujer o en los que le dice que no puede vivir sin ella con el fin de manipularla. En el confinamiento o en momentos de tensión y emergencia estas etapas apenas se producen y la espiral de violencia es constante y va en aumento. Fumero también señaló que esos momentos sin apenas respiro y sin relaciones sociales con otras personas pueden hacer que las mujeres tomen conciencia de lo que está ocurriendo y pidan ayuda. De ahí, puede venir parte de ese aumento de llamadas para alertar de la situación que viven.

En La Palma vemos situaciones de familias que han optado por trasladarse a viviendas de otros familiares o amigos, “con los problemas que esto puede generar en la convivencia”, explicaba hace unas semanas una trabajadora social a este periódico. La demanda de ayuda social se ha disparado y el cierre de colegios e institutos durante distintos períodos en la isla también ha repercutido en que los menores tengan que pasar más tiempo con sus progenitores, con lo que puede significar para niños y niñas en contextos de violencia. Por ello, desde el Gobierno estatal y el de Canarias han reforzado los recursos para estas mujeres y sus menores. “Ninguna mujer y sus menores a su cargo se van a quedar fuera de la red”, aseguró Fumero esta semana.  Todas las que lo necesiten van a contar con recursos ya que el Cabildo tiene previsto utilizar otros que se destinan a otros fines. Además, con las partidas que llegarán desde el Ministerio de Igualdad se prevé alquilar recursos y contar con más espacios. Actualmente, cuatro mujeres y cinco menores se encuentran en estos puntos.

También han anunciado que se trabaja en impartir formación y que se incrementará el número de profesionales que atienden a las víctimas (del ámbito de la psicología o jurídico). Fumero aseguró hace semanas a este periódico que aplicar la mirada de género en la recogida de información también es clave para detectar posibles casos, y más en un momento en el que la ciudadanía evacuada se desplaza constantemente con papeleo en las oficinas y puntos habilitados.

La violencia machista no representa casos aislados, la mayoría está oculta como ya reflejó la macroencuesta de violencia de género y por ello no es de extrañar que se produzcan estos repunten en llamadas, ya que no conocemos la magnitud de los casos totales. Todas las mujeres somos susceptibles de vivir estos episodios en distintos grados a lo largo de nuestra vida por el simple hecho de serlo, por vivir en una sociedad construida sobre la base de la desigualdad. Hechos como el de la violación a una joven de 16 años en Igualada vuelven a  ponernos en alerta como ya lo hizo en los años noventa la cruenta historia de Desirée Hernández, Miriam García y Antonia Gómez en el municipio valenciano de Alcásser que como defiende la investigadora Nerea Barjola fue “un aviso aleccionador” de lo que nos podía ocurrir “por el hecho de ser mujeres y estar en el espacio público o disfrutando de nuestros derechos de libertad sexual, emocional o de movimiento”.