Wert, ministro amortizado

El último episodio ha sido el plante que le han dado los rectores de las universidades españolas el pasado miércoles 23 de mayo. Wert había concertado una reunión con estos, pero en la misma no incluyó deliberadamente el debate sobre los recortes introducidos por su departamento en la enseñanza superior en el marco del real decreto de medidas urgentes para la racionalización del gasto educativo, que pretende un recorte de 3.000 millones de euros.

Un conjunto de decisiones que afectan a la continuidad de determinados estudios, suponen un incremento de las tasas académicas entre el 42% y el 131% en el próximo curso (mientras no se incrementan las becas), y ponen en riesgo la propia estabilidad de las plantillas docentes ?con el más que previsible despido de profesores, especialmente los asociados-, modificando, asimismo, la actual gestión financiera de las universidades.

Un plante, más que merecido, a quien impone unos cambios trascendentales sin el menor diálogo ni negociación previa, lo que ha suscitado el unánime rechazo de la comunidad universitaria. Máxime cuando algunas de sus medidas se cargan la equidad y se convierten en un obstáculo para el ingreso y la permanencia en la Universidad de los alumnos y alumnas de familias con problemas económicos, en un país con casi 6 millones de desempleados.

Asunto este último, la dificultad de las familias para abordar los gastos educativos, con el que frivolizó de manera irresponsable el ministro Wert, asegurando que el problema es que la gente se gastaba el dinero en temas menos relevantes. Declaraciones efectuadas el mismo día en que UNICEF alertaba de que en España un 26% de los menores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y que un 11% está en situación de pobreza extrema.

Rechazo a los recortes

El plante unánime de los integrantes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se producía un día después de la movilización contra los recortes educativos que, por primera vez, unió a todos los sindicatos del sector, incluso los de corte conservador y corporativo, con alumnado y familias, y que abarcó todos los niveles educativos, desde la enseñanza obligatoria a los niveles universitarios. Y en la que, como sucediera el 29M, fue más masiva la participación en las manifestaciones que el seguimiento de la convocatoria de huelga, asunto en el que deberían reflexionar los convocantes.

Esa unidad es fruto de la preocupación de amplios sectores sociales, especialmente los vinculados al sistema educativo, por unas medidas gubernamentales que ampliarán la brecha que todavía nos separa de los países de la OCDE y que perjudicarán especialmente a comunidades, como la canaria, que por distintos factores, entre ellos el contar con un 39% de familias con bajos niveles socioculturales, como señala el informe PISA, tienen más dificultades para superar sus actuales déficit educativos.

Cierto es que los recortes en Educación vienen produciéndose en los últimos cursos. Se calcula en cerca de 3.500 millones de euros la cantidad detraída del sistema en los años 2010 y 2011, de los que 275 corresponden a la Comunidad Canaria. A ellos se han sumado los realizados por el Gobierno de Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, eliminando las partidas destinadas a la educación infantil 0-3 años y suprimiendo relevantes programas dirigidos a disminuir las elevadas cifras de fracaso y abandono escolar de España, muy superiores a los de los países de nuestro entorno.

Además, estos PGE 2012 eliminan el Plan de Infraestructuras Educativas para Canarias (PIEC), dotado anualmente con 42 millones de euros, que ha permitido en los últimos quince años la construcción de nuevos centros escolares en nuestro Archipiélago, además de generar riqueza y empleo en las Islas.

En una vuelta de tuerca más, después de los recortes del PGE el Ejecutivo central anunció otra reducción, de 3.000 millones de euros, con un paquete de medidas que llevarán a la ampliación de las ratios, la pérdida de profesorado de apoyo y especialistas y la disminución de las plantillas docentes, lo que incidirá en la calidad educativa, perjudicando específicamente al alumnado con menores recursos educativos familiares.

Ideología

Junto a ello, Wert ha iniciado una contrarreforma ideológica con la eliminación de aquellos aspectos de 'Educación para la Ciudadanía' (que pasará a ser 'Educación Cívica y Constitucional'), que apuntaban a una sociedad más respetuosa, integradora, tolerante y plural. Quitando las referencias a las desigualdades sociales o a la homosexualidad, cediendo ante los sectores más ultras del PP y ante la propia Conferencia Episcopal Española, e incluyendo asuntos como la defensa de la iniciativa privada. A última hora han retirado, por presiones de CiU, la referencia crítica al “nacionalismo excluyente”, que sonaba verdaderamente paradójica en boca de los que, como hace el PP, niegan la sanidad a los inmigrantes sin papeles.

Asimismo, decisiones anteriores, como la reducción en un curso de la ESO y la ampliación del Bachillerato parecen obedecer más a un intento de segregación y a favorecer la ampliación del peso del sector privado en estas etapas que a razones de calidad educativa. Igualmente hay que recordar sus reiterados planteamientos de vincular las becas más al rendimiento académico que a la situación económica, en lo que supone un cuestionamiento de su auténtico sentido, que no es otro que contribuir a la equidad. A lo que se añade el autoritarismo en la toma de decisiones, la ausencia de diálogo y acuerdos, así como constantes provocaciones verbales por parte del todavía ministro.

Se trata de un conjunto de actuaciones en apenas cinco meses que apuntan hacia un profundo retroceso del sistema público de enseñanza, un castigo a los alumnos de las familias más desfavorecidas y la asunción de un ideario ultraconservador. Para cumplir ese plan, Wert se está enfrentando con los distintos sectores educativos y aparece ya como un ministro amortizado que, probablemente, saldrá del Gobierno en su primera remodelación. Pero en el camino habrá hecho el trabajo sucio y descapitalizado en recursos materiales y humanos a la Educación. Con consecuencias que pagaremos en las próximas décadas.

*Román Rodríguez es diputado del Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*