Lo peor que le puede ocurrir a una investigación tan sensible como la de la Casa Cuna es caer en manos de impostores desaprensivos, vendedores de crecepelo que se amparan en la supuesta bondad de una ONG sin ánimo de lucro para abrirse un hueco y alcanzar unos propósitos que muy poco tienen que ver con la búsqueda de la verdad y bastante con la egolatría y la financiación atípica. Porque, sin que conozcamos el tamaño de las subvenciones a las que puede haber accedido la ONG de Toscano, sí sabemos que alguna rifa de cien euros el boleto ha celebrado a través de una de sus ramificaciones “sin ánimo de lucro”. Sin recato de ningún tipo se afana por aparecer en medios informativos hablando de que su asociación, Prodid, lleva más de un año investigando un suceso que realmente se denunció en diciembre de 2010, y cifrando el número de denuncias en doscientas o trescientas, una cifra irreal a todas luces que él pronuncia vehementemente para realzar el imponente papel que está prestando a la sociedad canaria. Si le preguntan si se ha reunido con responsables políticos responde que sí, que con todos, cuando no lo ha recibido ninguno. Y si se le pregunta por los años en que pudieron suceder los hechos, responde que en los 60, los 70, los 80, los 90, ¡y los 2000! ¿Y las islas afectadas? Todas, por supuesto. Y sin aportar ni un sólo dato contrastado por él. Puro humo.