Es noticia sin ningún género de dudas, y seguramente por partida doble. Porque no podemos sustraernos de ningún modo a la doble condición pública que tiene Ángela Mena, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y esposa de Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Pero, en rigor, la imputación que le ha colgado la Fiscalía Anticorrupción (prevaricación continuada) la ha adquirido en función de su cargo como representante de los ciudadanos en un Ayuntamiento, y no como primera dama de Canarias. Por lo tanto, a los periodistas nos toca ahora el complicado papel de distinguir ambas cosas para no mezclarlas, por mucho que la tentación sea la que es y nos lo reclamen los lectores. La señora Mena, es bueno recordarlo, habrá de responder en sede judicial de una denuncia que tuvo su origen en unos contratos irregulares que se vinieron detectando desde su paso por el Ayuntamiento de La Laguna, pero que alcanzaron el cenit en el de Santa Cruz. En concreto, fraccionó servicios para poderlos contratar a dedo, sin someterse a concursos públicos. La ruptura del pacto entre el PP y CC llevó al portavoz conservador, Ángel Llanos, a denunciar esas irregularidades de manera muy cruda y sin rodeos en un pleno de la Corporación. Alternativa Sí se Puede lo llevó a la Fiscalía y ya tienen ustedes ante sí los primeros resultados de esas acciones.