Además del estropicio en Los Laureles, una zona de especial protección donde se levantan las estructuras ruinosas de los cuarenta chalets ilegales, se han visto perjudicados por este urbanismo del PP de Santa Brígida todos los vecinos de la zona, que tras años de zozobra judicial aún están pendientes de que alguna administración actúe de oficio y derribe esas estructuras. Y están perjudicados, naturalmente, los compradores presuntamente estafados ante la desidia municipal, ejecutada impunemente por los concejales que otorgaron las licencias aún a sabiendas de que eran ilegales. Ninguno responderá por esta negligencia con su patrimonio personal, como si lo estuviéramos viendo. Lo hará el Ayuntamiento de Santa Brígida, contra el que ya hay cursada una reclamación patrimonial del BBVA por importe de seis millones de euros. El banco reclama las cantidades que prestó a sus clientes en hipotecas afianzadas sobre una expectativa en apariencia legal, la existencia de licencias municipales de obra que también han resultado ser una auténtica estafa. Una más en esa villa. Sólo un estafador en el banquillo. Si hay alguno más ha perdido la memoria. La vergüenza nunca la tuvo.