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Las 1.500 cartas de Casimiro

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (Flikr Parlamento de Canarias)

Casimiro Curbelo recibió con inusitada serenidad el auto de archivo de la causa penal que durante seis años lo tuvo imputado en el juzgado único de la isla de La Gomera. No eran delitos digeribles: cuatro de cohecho que enmarcaban lo que se dio en llamar “caso Telaraña”, que ha acabado con un sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Uno de sus enemigos más conocidos, el médico Antonio Pérez, que antaño fuera socio del presidente del Cabildo gomero, se enfrenta ahora a la nada honrosa tesitura de recurrir el auto de archivo (ya ha anunciado que lo hará) y presentar pruebas consistentes o enfrentarse a una querella por denuncia falsa que podría acarrearle serios problemas. Porque al hecho incontestable de que un juez vea ausencia de pruebas en una instrucción tan larga podría unirse la aportación de atestados policiales de escasa calidad probatoria que implicarían a mandos de la Guardia Civil, siempre en el caso de que la víctima quisiera o quisiese meterse en cuestiones de ese calibre. Y perdón por lo de calibre. Lo que conduce directamente al desastre para el denunciante y sus presumibles cómplices.

Porque parece evidente que cuando un juez no aprecia indicios delictivos pese a una denuncia y a unas investigaciones policiales, algo ha fallado clamorosamente por el camino, probablemente la raíz del asunto. Lo que a su vez ha generado para el imputado un penoso peregrinar por los medios de comunicación y por los despachos del Partido Socialista que desembocaron en una exclusión de las listas electorales que ahora se torna completamente injustificada. Por no decir que clamorosamente injusta, a la par que ruinosa para las siglas en cuestión.

Cierto es que en el descabalgamiento de Casimiro Curbelo de las listas del PSOE pesaron otros factores, en concreto otros dos factores más. El primero, sin duda, el incidente que protagonizó hace unos años en Madrid a la salida de un club de alterne en compañía de su hijo y de otro joven airado. Hubo algún forcejeo y el entonces senador por el PSOE acabó por los suelos y detenido por atentado a la autoridad. Nada se ha sabido desde entonces del desenlace de aquel incidente, pero recomendamos al público interesado en estas cuestiones que permanezca atento a sus monitores porque pudiera darse el caso de que los tribunales terminen fallando a favor del presidente gomero, es decir, dando por probado que los que abusaron de su autoridad fueron los agentes de la Policía en un exceso de celo por cuidar a la vecindad, y no el político que cometió el terrible error de proteger a su hijo en una bronca de barra de bar. Aquellos sucesos minaron considerablemente la imagen del por entonces senador socialista: la avalancha de condenas a su comportamiento fueron abrumadoras y no consta que ninguno ni ninguna de los que mostraron su dedo pulgar hacia abajo hubiera contrastado lo ocurrido con el protagonista del suceso. Haber estado presuntamente en un puticlú era causa suficiente. Y se acabó.

El otro factor determinante para la condena precipitada a Casimiro Curbelo en el PSOE la propició el caso Telaraña, ahora archivado. La causa fue convenientemente enviada a la sede de Ferraz para que los doctores expertos en enjuiciar comportamientos ajenos decidieran si aquello era motivo suficiente como para apartarlo de las listas en aplicación de los estrictos códigos éticos que se han dado todos los partidos políticos excepto el que ha provocado esa reacción de desinfección en los demás. Porque nadie en el PP es purgado hasta que existe una sentencia firme o, en su defecto, un escándalo de tan inmensas proporciones que obligue a los mandarines de Génova a un despido con indemnización en diferido. Y dos piedras.

Curbelo fue llamado a Ferraz para explicar su caso, pero valieron más las explicaciones de Julio Cruz, secretario de Organización del PSOE y contrincante de Curbelo en el feudo gomero.

Las consecuencias fueron catastróficas para los socialistas. No sólo perdieron su representación parlamentaria en La Gomera sino que el irradiado, lejos de amilanarse, tramitó su baja en el PSOE y montó su propio partido, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con la que se aupó nuevamente a la presidencia del Cabildo con más consejeros y con la que obtuvo tres flamantes actas que hoy en día son las más disputadas en la Cámara regional para cualquier cambio de rumbo –o no- en la actual correlación de fuerzas en plena crisis de Coalición Canaria y el PSOE, tanto juntos como por separado.

Pero no sólo fue el PSOE el que condenó anticipadamente a Casimiro Curbelo. Lo hicieron también sus adversarios políticos, empezando por los de su feudo electoral, la isla de La Gomera. Y le siguieron la inmensa mayoría de los medios de comunicación, seguramente incluido Canarias Ahora, dando crédito al caso Telaraña sin la menor tregua al contraste de unos hechos denunciados que carecían de pruebas. Al fin y al cabo se trataba de un veterano político con un poder omnímodo en La Gomera y a muchos probablemente les hizo pensar que tanto tiempo en las instituciones, tanta indiscutible autoridad, sólo podían responder a un comportamiento corrupto. Pues no, de momento no.

Los medios de comunicación debemos ser más cuidadosos con la descripción y la condena del comportamiento de los cargos públicos, porque una cosa es una denuncia con sus correspondientes derivaciones y otra bien distinta los hechos que se prueban como verdaderos, haya o no haya sentencia judicial. Porque incluso habiéndolas, los hechos probados no dejan lugar a dudas. Véanse, como ejemplo, los casos de Jorge Rodríguez y de Águeda Montelongo, que aún siendo absueltos por la justicia protagonizaron comportamientos que ni siquiera sus respectivas sentencias desmintieron. Pero en el caso de Casimiro Curbelo, al que ni siquiera se le abrió juicio oral, la autocrítica mediática, política y orgánica es imprescindible.

Por eso Curbelo tiene previsto, una vez sea firme el archivo de su causa, enviar 1.500 cartas, y no es una cifra a boleo, 1.500 cartas a todas aquellas personas, entidades, medios de comunicación, partidos políticos, instituciones, clubes y agrupaciones de pulso y púa que a su juicio le ofendieron durante este proceso. No les exigirá que se disculpen, sólo les dirá que su verdad, la que siempre sostuvo, es la que es.

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Publicado el
31 de octubre de 2016 - 23:53 h

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