Cuadernos del Albagate/ Indignidad y miedo en la Audiencia Provincial

“Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo” (Eduardo Chillida).

Cuando Daniel de Alfonso pidió el reingreso en la carrera judicial tras su accidentado paso por la Oficina Antifraude de Cataluña sabía lo que se iba a encontrar a su regreso a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sus compañeros le hicieron saber inmediatamente, con la solemnidad y el respeto que impone el rango, que allí no era bien recibido, que su presencia entre ellos empañaría el buen nombre y la imagen de la Justicia y que podría contaminar los procesos y deliberaciones en los que interviniera. De Alfonso no opuso resistencia, y de inmediato se marchó de vacaciones, no sin antes buscar un destino en el que no provocara rechazo. Lo encontró en la tierra de procedencia de su familia, Cantabria, y este mismo miércoles tomó posesión como juez de Vigilancia Penitenciaria de esa autonomía. Allí se ocupará de hacer cumplir la pena impuesta a los internos, resolver sus recursos, salvaguardar sus derechos y corregir los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento del régimen penitenciario. Una descompresión.

Daniel de Alfonso había sido sorprendido -grabación clandestina mediante- conspirando con el ministro del Interior, a la sazón Jorge Fernández Díaz, contra las fuerzas políticas catalanistas, particularmente las soberanistas, en la búsqueda de posibles casos que pudieran dar el salto a los medios de comunicación en forma de escándalos por corrupción.

El complot fue descubierto por el diario Público, que divulgó aquellas conversaciones dando lugar a un escándalo político que, de momento, se ha saldado con la destitución del pérfido De Alfonso y el ostracismo del meapilas Fernández Díaz, al que acaban de dar un premio de consolación en el Congreso de los Diputados, la presidencia de la Comisión de Peticiones.

Ninguno de los dos está de momento incurso en una causa penal; a ninguno se le han abierto expedientes disciplinarios. Pero ambos, de alguna manera, están pagando ya por aquel escándalo.

Cuando Salvador Alba Mesa acudió a su despacho en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 11 de mayo de 2016, tras conocerse en toda España la grabación de su conversación con el empresario Miguel Ángel Ramírez conspirando contra otra magistrada, no pasó nada. Era el Salvador Alba de siempre y ninguno de sus compañeros, que se sepa, se atrevió a hacerle el más mínimo reproche. Continuó impartiendo justicia, deliberando en la sala o en el office, enmendando a los juzgados de instrucción de Las Palmas y acudiendo a todas las sustituciones que el TSJC le encomendaba como si nada hubiera pasado. Tal era el ambiente de camaradería que incluso se permitió grabarse a sí mismo y a sus otros tres compañeros en animada charla hablando del caso Unión y de rumanas, rusos e italianos. Viva el vino.

Solo José Luis Goizueta ha dado señales de inteligencia trasladándose a la Sala Segunda, pero en realidad era un destino que había solicitado antes de los escándalos recientes, harto de compartir responsabilidades con tanta -digamos- presunción.

Ni siquiera esa última deslealtad de Alba, esa infracción al secreto de las deliberaciones (él mismo aportó a una causa penal esa ociosa grabación con la única intención de enfangar) ha activado la dignidad de la Audiencia Provincial de Las Palmas, vencida muy probablemente por el miedo. Sí, el miedo. Temen a Salvador Alba y a ese temor han sometido su propia dignidad.

El presidente de la Sección Sexta y de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, se ausentó ese miércoles de la reunión de la Sala de Gobierno en el momento en el que había que pronunciarse sobre el comportamiento de quien lo ha puesto el borde mismo del precipicio.

¿Qué cartas se guarda Alba para el tramo que ahora se inicia en la causa penal que tiene abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias?

¿Quién más estaba al corriente de la operación contra Rosell?

¿Qué otras operaciones especiales han sido encomendadas y/o ejecutadas por Salvador Alba con el conocimiento de otros compañeros de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y/o de la Fiscalía en cualquiera de sus versiones territoriales?

Humberto Guadalupe rompe el silencio

Si el lunes asistíamos a una comparecencia inédita del decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria en la que hizo público un comunicado de perplejidad e indignación del foro, este miércoles hay que resaltar el paso dado por el presidente de la Sala de lo Social del TSJC, Humberto Guadalupe, el único que hasta el momento se ha atrevido a dirigir las exigencias de responsabilidad al juez Alba: no puede se seguir administrando justicia hasta que no se aclare su caso porque es indigno de tal cometido y porque estando donde está con lo que todos sabemos de él, empaña el buen nombre de los que con abnegación se entregan a la causa.

Este jueves está prevista reunión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. En su orden del día sigue sin figurar la suspensión cautelar en sus funciones al juez Salvador Alba.