La Justicia sigue siendo la asignatura pendiente, la hermana pobre de los presupuestos públicos. Lo ha venido siendo para la Administración del Estado y lo es, sin duda, para la Comunidad Autónoma de Canarias, que dilapida fortunas en gastos superfluos y es incapaz de cubrir las plazas o de dotar a los juzgados de un programa informático seguro, decente y eficaz. Algunos jueces de instrucción se quejan con frecuencia y sin éxito de las limitaciones del programa Atlante, y así lo hemos publicado aquí en alguna ocasión. Pero hasta ahora no habíamos sabido de la existencia de jueces que no se fían del programa, y no por las incidencias que pueda producir, sino porque a él puede acceder un número muy concreto de personas ajenas a los juzgados que podría manejar secretos sumariales muy cotizados en determinados ambientes relacionados con la corrupción. El hasta ahora único incidente conocido de este tipo lo tenemos localizado en Lanzarote, concretamente en el juzgado de César Romero Pamparacuatro, el instructor de la operación Unión.