El que andaba este martes caliente con las críticas vertidas contra el nombramiento de Salvador Iglesias era el presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, que no entendía que se hablara de falta de ética en una designación así. Castro, en su calidad de presidente del alto tribunal canario, avaló el nombramiento ante el Poder Judicial por considerar que el de Iglesias era el mejor currículo de cuantos se presentaron al concurso. No lo ponemos en duda, pero sí que debemos reafirmarnos en nuestras críticas a un nombramiento así. Primero, por la contaminación política que supone que un cargo público salte a la Judicatura sin la necesaria y muy saludable descompresión, y segundo, porque, aunque no sea oficial, es de dominio público que el señor Iglesias aparece mencionado en una investigación judicial por presunta corrupción político-empresarial. Claro que es poco ético, Señoría, y bastante perjudicial para el prestigio del órgano jurisdiccional. Salvo que eso ya haya dejado de importar.