Esta segunda sentencia, conocida la semana pasada, habla de que el expediente de expulsión de la carrera estaba prescrito por el tiempo que tardó en tramitarlo el instructor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que se tropezó con el ineludible obstáculo del secreto que pesaba sobre la investigación sobre Martín. El ponente de la sentencia y los cuatro magistrados que le han respaldado en este inconcebible fallo desprecian los esfuerzos del instructor por mantener vivo el expediente reclamando (y consiguiendo del Poder Judicial) ampliaciones extraordinarias del plazo, dado lo extraordinario que resultaban las circunstancias: un presidente de la Audiencia procesado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo que era investigado en una causa secreta. Es muy serio que el Supremo sea capaz de encontrar una escapatoria para este tipo de comportamientos y es grotesco que enseguida le salgan al afectado los defensores de turno capaces de ridiculizarlo, aun pretendiendo de facto su rehabilitación social y profesional. Porque resultan ridículas las defensas que se hacen de José Antonio Martín.