Como saben los que se han estudiado mínimamente la ley de modernización turística, sí se permiten los hoteles de cuatro estrellas, en Gran Canaria y en cualquiera de las Islas Canarias. Sólo que, en aplicación de la obsesión gubernamental por la rehabilitación, tal categoría se otorgaría a los establecimientos de rango inferior que se acojan a las medidas, que contemplan incentivos económicos, por metro cuadrado y por densidad edificatoria. Es decir, que cualquiera que tenga un complejo obsoleto de apartamentos o un tres estrellas destartalado puede transformar sus instalaciones en un cuatro estrellas con muchas ventajas. Y si le sobran camas, las puede ingresar en una especie de bolsa gestionada por los cabildos que podrían transformarse en nuevos hoteles a ejecutar en suelos libres pero ya clasificados. El empeño de Bravo, por lo tanto, no son los hoteles de cuatro estrellas, sino los hoteles de cuatro estrellas en suelos sin clasificar, como es el caso de Tarajalillo. Así se explica el empeño del ponente del PP en la tramitación de la ley en el Parlamento, Miguel Jorge Blanco, que rogaba a los diputados de Coalición Canaria y del PSOE que permitieran esa salvedad: “Si me dejas hacer cuatro estrellas, te voto la ley”, repetía en el tono siempre amable que caracteriza a este político. No es verdad que las limitaciones a los hoteles de cuatro estrellas provengan de presiones de la patronal turística tinerfeña, Ashotel. Cualquier diputado que se haya reunido con esa asociación empresarial durante la tramitación de la ley puede confirmar que ese asunto ni se trató, que su empeño no era otro que regularizar los hoteles que tienen licencia pero no la autorización previa del Cabildo de Tenerife. Una institución esta que salió mal parada en el nuevo texto sin que se hayan abierto los cielos en la isla: la ley reduce a simples “recomendaciones” las directrices que puedan emitir los cabildos en los proyectos de renovación de espacios turísticos y zonas degradadas. Fue un logro de los ayuntamientos tinerfeños, hartos del intervencionismo de la Corporación que preside Ricardo Melchior, que hasta ahora hasta podía clasificar suelo sin contar con la autorización municipal correspondiente.